Reconstrucción de Notre-Dame, ¿generosidad u obscenidad?

Dino Pancani

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La reconstrucción de la principal iglesia parisina plantea dilemas éticos que evidencian los continuos dobleces del capitalismo y desenmascara el altruismo que las grandes fortunas del planeta se esmeran en simular.

Patrimonio de la Iglesia Católica y de París, declarada patrimonio cultural de la humanidad  por la UNESCO en 1991, el incendio de la Catedral deja una pérdida significativa. Para su recuperación, según informaciones de prensa, las donaciones provenientes, en su mayoría de grandes marcas, superan los 850 millones de euros.

Tres grupos económicos donarán cerca de 500 millones de euros. Uno de ellos, L'Oreal los últimos años ha tenido históricos litigios en diferentes lugares del planeta, por discriminación y lavado de activos, por denuncias de malas condiciones laborales de sus trabajadores; sin embargo, quiere ayudar a la Iglesia Católica a reconstruir uno de sus principales iconos.

¿Es razonable preguntarse si la voluntad de L´Oreal es por convicción o publicidad? ¿Qué tan rentable es el altruismo?

Se suman otros aportes, por ejemplo, el Presidente Sebastián Piñera comprometió cobre y madera. De este gesto obsequioso surgen interrogantes, ¿es una contribución que se hace a título personal? y si es una donación que viene de sus propios recursos, ¿pagará impuestos o quienes aportaremos somos los chilenos y chilenas?

Ahora, si es un aporte a nombre del Estado chileno,  ¿de dónde se sacará ese dinero, qué política pública será reducida en su impacto o eliminada?, recordemos que estamos en un periodo en que el gasto fiscal debe ser disminuido, es decir, debe ser austero.

Siguiendo la idea anterior, no es novedad que las donaciones de los privados traen un buen rédito en publicidad y que los recursos entregados redundan en menos dinero para la ciudadanía.

En el caso específico de Francia, los beneficios fiscales a las grandes donaciones podrían llegar al 90%, lo que significa que las marcas sólo aportan el 10% de toda la donación y el restante (90%), al deducirse de impuestos, termina siendo donado involuntariamente por los  contribuyentes, es decir, los y las ciudadanos/as.

Generalmente, se tiende a no dimensionar el valor de estos recursos y lo que podríamos hacer con ellos. Les propongo un pequeño ejercicio, con 850 millones de euros, algo así como 632,4 mil millones de pesos chilenos, podríamos financiar dos veces el presupuesto anual del Sename; Haití, el país más pobre de América, podría pagar el 36% de su deuda pública que al 2017 ascendía a 2.360 millones de USD; se podrían construir 23.000 viviendas sociales, calculadas a 1.000 UF cada una, o pagar cerca del 80% de la deuda hospitalaria chilena.

Es decir, redireccionar ese dinero a resolver problemáticas sociales permitiría dignificar la vida física y mental de miles y miles de católicos y no católicos.

A estas simples argumentaciones, alguien “muy sensible” podría decir que el patrimonio no puede estimarse económicamente, dicho de otro modo, su valor no se puede traducir a miles y miles de pesos.

Mi objeción a esa idea es que cuando buena parte de la población mundial no tiene satisfechas sus necesidades básicas, resulta obsceno invocar el Patrimonio como explicación para cometer despropósitos humanitarios.

Por ejemplo, según datos de la agencia humanitaria WFP, dependiente de la ONU, uno de cada seis niños tiene un peso inferior al normal por falta de alimentos y en Chile, según la encuesta Casen 2017, las cifras de desnutrición en niños entre 0 y 6 años es de un 3,2%.

Entonces, la madera y el cobre que mandarán a Francia ¿a quién debería ir a socorrer, es posible negar el alimento en nombre del patrimonio?

Sin duda es lamentable el incendio de la Catedral de Notre-Dame, una obra representativa del patrimonio material de una parte de Occidente, sin embargo, su reconstrucción no es una urgencia de los Estados, reconstruirla es responsabilidad de la Iglesia Católica, de sus fieles y/o de quienes voluntariamente quieran asumir esa tarea, labor que no puede ser a costas de los recursos de los ciudadanos/as.