Adolescentes mapuche esposados

Cuando tres adolescentes mapuche fueron detenidos el domingo 26 de octubre al interior de un predio en recuperación de tierras por parte de la comunidad Coñomil Epuleo, todas las alertas debieron encenderse.

Los adolescentes fueron esposados tras ser detenidos y trasladados a Victoria. El lunes de la semana pasada se realizó el control de detención, donde la defensa de los adolescentes denunció heridas múltiples en sus representados, producto de golpiza policial. El tribunal, sin embargo, amplió el plazo hasta la audiencia del día jueves.

Ellos enfrentaban cargos por daños, desórdenes públicos y maltrato a Carabineros y fueron llevados esposados a la sala de audiencias, causando naturalmente molestia, rabia y estupor por parte de muchos que vieron circular por las redes fotos de estos tres adolescentes esposados.

Esta situación es inaceptable en un Estado que ha hecho un compromiso fundamental con la niñez y adolescencia, y sus derechos humanos, lo cual debe traducirse en la aplicación del interés superior de todos los niños, niñas y adolescentes en sus leyes, políticas, programas pero sobretodo en las prácticas que cada una de las instituciones tiene para con los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile.

En este contexto, es imprescindible revisar los protocolos de Gendarmería y Carabineros de manera que se hagan las necesarias diferencias entre adultos y niños. La urgente modificación de los protocolos apunta a que siempre se deben evitar los abusos y la violencia, de manera que el uso de medios coercitivos sea absolutamente excepcional y jamás dañe a los niños.

A fin de que hechos como este no se sigan produciendo en el país, se ha creado una mesa de trabajo para tratar específicamente los temas en que niños, niñas y adolescentes están involucrados en conflictos en la Araucanía, integrada por ministerio del Interior,  ministerio de Justicia, ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de la Infancia.

El objetivo es que se realice una revisión de la normativa legal vigente en esta materia y se establezcan protocolos de actuación de las policías en los casos en que hay niños, niñas y adolescentes involucrados, ya sea como presuntos imputados, víctimas o testigos de hechos violentos.

Finalmente, esos tres niños quedaron en libertad. Sin embargo, sus derechos a la dignidad, a la presunción de la inocencia y a la integridad fueron vulnerados. Es responsabilidad del Estado, del gobierno y de todos y cada uno de nosotros que esto nunca más suceda.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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