Ante la pandemia, seamos humanos: conmutación de penas a embarazadas y madres con hijos menores

Jorge Muñoz Arévalo SJ

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El contexto de pandemia que estamos viviendo ha levantado un tema que ya para la venida del Papa Francisco cobró relevancia. En el discurso que la Hermana Nelly León pronunció ese día delante de las internas, autoridades y del Papa, dijo, “En Chile se encarcela la pobreza”. Por ello, con la ayuda de Norma Villanueva y Carolina Zabner, profesionales de la Vicaría Pastoral Social Caritas de Santiago, comparto algunas reflexiones.

Si bien en Chile, las mujeres solo representan un porcentaje menor de la población encarcelada, las consecuencias sociales y familiares de su encierro son significativas, afectando principalmente a familias altamente vulnerables que dependen de su sostén económico y afectivo, y a niños/as menores de edad que, o bien quedan en situación de desprotección, o deben sufrir con ellas la marginalidad del encierro, desarrollando sus primeros años de vida en confinamiento.

La inexistencia de un enfoque de género que reconozca sus necesidades y contenga particularidades en el abordaje de la reclusión femenina, agudiza trayectorias de vida marcadas por la violencia y la victimización. Gran parte de ellas proviene de hogares marcados por la violencia, la negligencia y el abandono, ha vivido violencia física y psicológica en sus relaciones afectivas, y actualmente sufren el abandono de sus personas significativas y el juicio social al abandonar a sus familias.

Considerar la maternidad y su importancia social al abordar la encarcelación femenina, se torna necesario al evidenciar la gran cantidad de mujeres privadas de libertad que son madres, donde un porcentaje muy mayor lo es de niños menores de edad, incluso, menores de 4 años. Estos antecedentes son relevantes a la hora de pensar en estrategias integrales y oportunas para humanizar las condiciones de encarcelamiento de las mujeres.

Se suman por lo demás a los efectos sociales del encierro, como lo son la estigmatización y el aumento de la marginalidad, el impacto directo que tiene esta condición sobre las familias y personas que dependen de estas mujeres, primordialmente familias extensas con una presencia significativa de niños y niñas.

Las repercusiones económicas y afectivas que impactan a estos núcleos, sumados a la menor cantidad de visitas y de mantenimiento de vínculos significativos en el encierro, agudizan patologías mentales y afectivas que dificultarían ejercer procesos exitosos de inclusión social.

Muchas mujeres, que son cabeza de sus familias, combinan el cuidado de ellas con acciones ilegales, como consecuencia de desventajas sociales y niveles de pobreza que, al agudizarse con el encierro, se relacionan directamente con altas tasas de reincidencia.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, tener un adulto significativo privado de libertad se convierte en un factor que exacerba sus condiciones estructurales de vulnerabilidad psicosocial, más aún si ese adulto resulta ser su figura materna. 

Sobre esto la literatura señala que el encarcelamiento femenino genera un gran impacto en sus hijos/as, considerando la etapa evolutiva en la que se encuentren. Desde fases tempranas del desarrollo pueden surgir cambios en el comportamiento, reacciones agresivas, ansiedad, desadaptación escolar, entre otros. A dichas repercusiones, se agrega que los adolescentes pueden sentir la carga de asumir el rol de la figura ausente, cargando con exigencias y culpas que no son propias de su edad, propiciándose el estigma y aislamiento social.

Un dato relevante es que actualmente existen 46 mujeres privadas de libertad en la Región Metropolitana que tienen hijos/hijas menores de dos años: 34 en el Centro de Detención Preventivo (CDP) San Miguel y 12 en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago.

En ese sentido, la experiencia internacional demuestra iniciativas que se ejercen como medidas alternativas a la reclusión de madres con sus hijos/as al interior de los penales. Se recomienda que la sanción en régimen cerrado de mujeres embarazadas y con hijos/as pequeños/as sea evitada y utilizada como última instancia, garantizando que el niño sea cuidado en un ambiente más saludable, sin romper los lazos con la comunidad, favoreciendo su proceso de reinserción social y laboral.

Así, por ejemplo, en Estados Unidos, existen programas que les ofrecen cumplir condenas dentro de una comunidad determinada, resguardando el interés superior del/la niño/a, a la vez que la mujer no evade su responsabilidad penal.

Como Vicario Pastoral Social Caritas de la Arquidiócesis de Santiago, abogo que en el contexto actual de emergencia sanitaria debido a la Pandemia mundial del COVID-19, haya verdaderos esfuerzos sociales y políticos para resguardar la salud pública en virtud de las garantías sociales y el bienestar común.

Considerando las condiciones de hacinamiento e insalubridad que se ha constatado caracterizan los centros penales del país, se requiere hacer las modificaciones necesarias, para que todas las mujeres embarazadas y las que conviven con sus hijos/as tanto en calidad de imputadas como de condenadas puedan hacer uso de medidas sustitutivas que garanticen no solo su integridad, sino sobre todo de sus hijos e hijas.

Esto además permitirá descongestionar las cárceles, siendo una medida de prevención de contagios altamente necesaria al ser población en confinamiento.

Por otro lado, y ante la imposibilidad de recibir visitas, las mujeres se verán más carentes de útiles de aseo, alimentación y otros insumos que les proporcionan sus familias. Considerando la calidad de lactante de estas mujeres, tal situación puede poner en riesgo una adecuada provisión de necesidades básicas de sus hijos e hijas.