Corresponsabilidad en el sistema de seguridad social

Andrés Moro

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Es urgente resguardar la dignidad de quienes alcanzan una pensión de miseria. Hace unos años, los obispos reunidos en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe dijeron con claridad que “muchos de nuestros mayores han gastado su vida por el bien de su familia y de la comunidad, desde su lugar y vocación” (DA 449). Si bien hay personas que pueden y quieren seguir trabajando después de los 60 o 65 años, esto no debería ser una obligación que provenga de la necesidad. Hoy vemos que nuestros adultos mayores están trabajando para sobrevivir, ni siquiera para vivir.

Me chocan los resultados de la Encuesta CADEM publicados el día de ayer, donde se muestra que un 63% de los encuestados estaría en desacuerdo con que el porcentaje extra de cotización propuesto por la Presidenta (5%) vaya a un fondo solidario. Esto, porque dejaría entrever que los chilenos no quieren mejorar el sistema de AFP de manera colectiva, manteniendo la mirada individualista del “cada uno se las vale por las suyas”.

Como Iglesia nos preocupa de manera especial el carácter solidario que debiese tener todo sistema de seguridad social, destacando la corresponsabilidad de todos, trabajadores, empleadores y el Estado. En especial cuando ha quedado demostrado que el esfuerzo personal no es suficiente para lograr una pensión digna.

San Juan Pablo II  nos ha enseñado que la solidaridad es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Por ello vemos con buenos ojos el camino propuesto de aumentar el pilar solidario, pero no nos parece suficiente. 

La seguridad social en la vejez es un derecho inalienable que se desprende de la Declaración Universal de los DD.HH. y del Pacto Internacional Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Chile (Art. 9). No es ético hacer un negocio a costa de un derecho social, en el caso chileno, si hemos basado nuestro sistema en el sector privado, se deben resguardar los mínimos éticos para que el derecho no se vea vulnerado. Para ello es clave la rendición de cuentas y una acuciosa regulación.

El pensamiento social de la Iglesia destaca que la propiedad privada debe siempre estar sujeta al principio del destino universal de los bienes, es decir, no debe convertirse en fuente de inequidad ni menos de injusticia. En esta línea nos parece lógico avanzar en limitar las ganancias de las AFP, en tanto se vea afectada la pensión de sus afiliados. Pero todavía falta avanzar para resguardar este derecho.  

Por lo mismo, el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar este derecho. En dicho sentido, es un gran avance el pilar solidario instaurado en la reforma del 2008, pero se vuelve necesario hacer un aporte estatal mayor, para asegurar tasas de retorno que permitan una pensión digna. De hecho, el Estado chileno aportaba el 2011 sólo un 3,5% del PIB (Incluyendo pago de pensiones a los que se jubilaron por el sistema antiguo, pensiones de Capredena y Dipreca, Pilar solidario, Bono por hijo, entre otros) versus el 8,4% promedio de gasto en los países de la OCDE. También queda en deuda reflexionar sobre la inversión del Estado al pilar colectivo solidario propuesto por la Presidenta, no sólo en su rol de empleador, sino de garante de derechos.

En la discusión de estos días ha quedado de manifiesto el desconocimiento que tenemos los ciudadanos de nuestros sistema de seguridad social, en cierta medida es tan complejo que muchos no saben utilizarlo a su favor y varios ya están tarde para poder subsanar los errores cometidos (como la subcotización, las lagunas o no saber cambiarse de fondo).

Por ello quisiera reforzar el llamado a los ciudadanos de tomar un rol activo en relación a sus pensiones, informándose sobre el funcionamiento del sistema, pero también le compete un rol formativo a las AFP y al Estado, ya que al parecer los esfuerzos realizados no son suficientes para que la gran mayoría de los usuarios del sistema puedan sacarle el mayor provecho. 

Concordamos con el diagnóstico de la Presidenta, de la necesidad de convocar un acuerdo a nivel país. Para mejorar la seguridad social son necesarios amplios consensos, pensando siempre en el bien de todos los chilenos, en especial de los más pobres y excluidos. Por ello se debe tener una mirada de largo plazo, pero sin olvidar que hoy hay chilenos y chilenas que requieren urgentemente que se resguarde su dignidad al pensionarse. Como en todos los debates que afectan el desarrollo de los pueblos, la Iglesia está disponible para colaborar en la construcción de un acuerdo nacional.

En el Mes de la Solidaridad y a dos días de la pascua de San Alberto Hurtado, no podemos olvidar el deber que  él nos recalcó de “luchar con todos los medios justos para obtener la justicia”.