El sábado recién pasado quedará, al menos por un tiempo, en la memoria nacional como el día en que los serios disturbios en Valparaíso implicaron la muerte de una persona, opacando absolutamente un acto republicano tradicional chileno, como es la cuenta pública de la Presidenta. Quedará también en la memoria como el día en que un joven ingresó a la jaula de los leones en el zoológico de Santiago, siendo rescatado vivo, gracias a la acción de personal del parque, para lo cual tuvieron que matar a dos leones.
La muerte de don Eduardo en Valparaíso ha causado un gran pesar en la comunidad local, y me atrevo a afirmar que ha provocado un sentimiento de pena con algo de impotencia y frustración a nivel nacional. Pareciera ser que nos duele que un grupo de manifestantes, independientemente de su causa y del juicio que se tenga sobre ella, no respeten la vida de una persona, con tal de hacer valer su reclamo.
Por su parte, Franco, al ingresar a la jaula de los leones y provocar la oportuna reacción del personal del zoológico que permitieron rescatarlo gravemente herido, ha generado en un número importante de personas, reacciones que no destacan el hecho que esta persona esté viva.
Me inquieta percibir cómo en nuestro país pareciera ser que el valor de la vida humana no fuese prioritaria, y que estuviese supeditada, como en estos dos casos, a la manifestación de una causa, o a una conducta atentatoria contra la propia vida.
En el caso de Franco, he escuchado argumentos que dejan ver que considerando su eventual discapacidad mental, lo que le habría gatillado el ingresar a la jaula de los leones, se debería haber optado por la vida de los animales.
Tomando el caso de Franco, parece oportuno llamar la atención de la escasez de políticas públicas transversales que favorezcan la plena inclusión de personas con discapacidad mental. Una muestra, sucedió ese mismo sábado, en la cuenta pública de la Presidenta, en la que se anunció una tímida inclusión laboral para las personas con discapacidad. En los mismos discursos de los dos años anteriores se anunció la Subsecretaría de Discapacidad, que todavía no se concreta. Los ciudadanos con discapacidad mental en nuestro país, no son prioridad, son de segundo orden, y son sujetos de caridad, y no de derechos.
Pareciera ser que en Chile, la condición de persona se difumina frente a determinadas condiciones y situaciones, relativizando así, el valor de la vida por la vida.
Han sido dolorosos estos dos hechos, los que confío no hayan sido en vano, y que tengan consecuencias no sólo respecto de la reflexión en torno a la labor de Carabineros o respecto de la seguridad del zoológico, sino de cuánto y cómo valoramos, promocionamos y defendemos la vida humana.
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