Exonerados, reabriendo una herida

El Gobierno ha desatado una sucia campaña acusando irregularidades en la calificación de exonerados políticos del régimen militar. A ésta se han sumado ministros de Estado y parlamentarios del oficialismo que pretenden afectar así la candidatura de la ex Presidenta Michelle Bachelet y de las listas parlamentarias de la oposición. Es necesario desenmascarar este propósito y precisar las acusaciones infundadas y mentiras que se han señalado.

Chile vivió una brutal y cruel Dictadura, que se prolongó por 17 años, que asesinó e hizo desaparecer personas, detuvo, torturó, exilió y exoneró de sus trabajos a simpatizantes de la Unidad Popular y persiguió implacablemente a las organizaciones sociales y sus dirigentes. Muchos de los partidarios y funcionarios del actual Gobierno y sus familiares tuvieron parte directa en el régimen militar sin que hasta ahora hayan hecho jamás un reconocimiento de sus responsabilidades.

Tras el retorno a la democracia, recogiendo las exigencias de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y los requerimientos de las miles de víctimas, se aprobaron diversas leyes reparatorias, que contenían pensiones y otras compensaciones para quienes hubieran vivido estos crueles atropellos a sus derechos fundamentales.

El tiempo transcurrido y las características de la época vivida pos Golpe Militar, hizo que en muchos casos quedarán pocos registros para acreditar las circunstancias. En el caso de los exonerados, no siempre fue posible, más de 20 años después, encontrar contratos, planillas de sueldo, finiquitos u otros documentos. La calificación se basó, entonces, muchas veces, en testimonios indirectos, recogidos y analizados por una comisión especializada.

Para respaldar sus testimonios, muchos exonerados recurrieron a parlamentarios que apoyaran sus solicitudes mediante certificados. Éstos, emitidos de buena fe, no tuvieron jamás un carácter definitivo, sino que eran un elemento más a considerar.

El propio Contralor General de la República lo ha dicho, afirmando que “los certificados de exoneración política emitidos por los parlamentarios no tenían importancia mayor respecto del proceso de calificación.”

Si hubo irregularidades, si hay personas que inescrupulosamente se aprovecharon de las dificultades probatorias para obtener beneficios que no le corresponden deben perderlos y ser severamente sancionados, pero ello no puede utilizarse con fines políticos ni menos afectar la honra de miles de chilenos que sufrieron los horrores de la Dictadura y que son puestos masivamente en tela de juicio por los mismos que ayer los perseguían en forma implacable.

Se ha apuntado, también, a la obtención de beneficios previsionales por parte de algunos parlamentarios. Esa acusación resulta muy dolorosa.Ya no se refiere a casos de eventuales fraudes, sino que se cuestiona a quiénes legítimamente han recibido estas compensaciones.

Todas las pensiones y otros beneficios derivadas de violaciones a los derechos humanos, como exoneración, tortura, muerte o desaparición de personas no son una ayuda social. Son una reparación del Estado a quienes sufrieron graves vulneraciones en sus derechos más básicos. Nada tiene que ver la condición económica o cargo que ocupe quien lo recibe.

Es muy importante que ello quede muy claro. Si no se comprende cabalmente puede pensarse que se está compensando los efectos económicos de estos atropellos o ayudándose a personas que se encuentran en una situación desfavorecida. No es así, lo que se busca reparar es esencialmente el daño moral, el sufrimiento producido.

Esperamos que el Gobierno termine con esta oscura campaña y no siga reabriendo esta herida tan dolorosa.

No podemos aceptar que quienes apoyaron o callaron ante las brutales persecuciones y asesinatos de la dictadura, se ensañen sembrando ahora un manto de duda sobre miles de chilenos que han recibido, con justicia, una compensación a su dolor.