Tribunal Constitucional, trinchera para la impunidad

Felipe Harboe

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En Chile, hay hombres y mujeres que les ejecutaron o desaparecieron a sus familiares y aún claman por justicia. Ojalá nunca más nadie tenga que sufrir algo así. Todos y todas debemos aportar para que esta triste situación no se repita, sobre todo en momentos que el Tribunal Constitucional ya inició una operación de impunidad, acogiendo recursos de los procesados por violaciones de derechos humanos que buscan paralizar sus causas judiciales, todo con el fin de dilatar las condenas, pasando por encima de resoluciones judiciales ajustadas a derecho que incluso fueron ratificadas por la Corte Suprema.

A raíz de ello, me he reunido con Agrupaciones de Familiares de Ejecutados Políticos y de Detenidos Desaparecidos, indicándoles mi voluntad para trabajar en conjunto y solicitar al TC un plazo máximo para resolver. No puede ocurrir que se omita poner en tabla del pleno las causas que ya están tramitadas y que sólo restan por fallar.

De nada sirve que se informe que el año pasado hayan ingresado 916 asuntos al órgano jurisdiccional, que ya contaba con otros 195 procesos pendientes y que, del total, 553 hayan sido terminados.

Es menester hacer hincapié que de 30 causas de derechos humanos que se han ingresado al TC, entre noviembre de 2015 hasta el 1 de abril pasado, a 21 se les haya aplicado la suspensión del procedimiento y 12 se encuentren aún pendientes. Comprendo la desazón de los familiares de DD.DD. al constatar que la mayor parte de los casos paralizados corresponden a la Región de Ñuble.

Tengo certeza que no se ha afectado el debido proceso de los uniformados involucrados, tal y como señaló en enero de 2017 el ministro instructor de las causas por Derechos Humanos, Carlos Aldana. Los requerimientos de inconstitucionalidad esgrimidos supuestamente buscan cuestionar la legitimidad de los juicios pero no cabe duda del evidente interés de entorpecer el avance de los procesos por crímenes de lesa humanidad.

Es lamentable constatar que el TC se ha convertido en una verdadera trinchera para la impunidad. Sus magistrados no pueden desconocer que los victimarios prefieren morir antes de ir a la cárcel o, peor aún, prefieren que mueran las víctimas, sus familiares o testigos, antes que se dicte condena.

El artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala que este organismo tiene un plazo de 30 días contados para dictar sentencia, prorrogables por 15 días. Pero por lo que sabemos, este escenario difiere de la realidad, evidenciando un grave problema.

Poco y nada han servido las acciones de advertencia al TC sobre la demora excesiva para fallar en los casos de lesa humanidad. Al parecer, los riesgos de la ‘impunidad biológica’ y las fugas de los victimarios no son los argumentos más potentes que puedan plantear los defensores de las víctimas para acelerar los procesos.

Es menester abogar por el establecimiento de un plazo para comunicar las resoluciones. No es casual que entre 2005 y 2015 no se ingresaran más de 20 requerimientos, y desde 2015 en adelante hubiese una avalancha de acciones invocando la inconstitucionalidad en casos de delitos de lesa humanidad, coincidentemente con la salida de Carlos Carmona de la Presidencia. 

Entiendo que la norma establece un orden correlativo y que, desde el año pasado, el 80 por ciento del trabajo haya sido enfocado en lo relacionado a la Ley Emilia y la Ley de Control de Armas. Pero comprendo que el pleno puede también concordar sus preferencias.

Creo que no se puede culpar al TC si se  fuga un procesado pero sí es necesario recordarles a sus 10 ministros que personas como Rosario Peña han llevado adelante una lucha de convicción y fuerza por más de 45 años, en nombre de las 307 personas detenidas desaparecidas y ejecutadas en la Región, reflejado en 641 procesos en trámite, sin nunca perder la esperanza de verdad y justicia.  Me uno a ella en su pedido de celeridad a nuestros tribunales. De corazón y con voluntad.