El crecimiento pasa por resolver los problemas estructurales

Si bien las políticas macro tienen influencia en el crecimiento, no bastan para el desarrollo de largo plazo, incluso tienden a desviar la atención sobre que las causas del lento crecimiento potencial de Chile obedecen -principalmente durante los últimos quince años- a la acumulación de problemas estructurales que se han agudizado y no se han planteado, discutido, ni resuelto, los cuales no se limitan a la extrema desigualdad existente en la sociedad.

El Gobierno ha intentado realizar ciertos cambios profundos en algunos ámbitos, como las reformas tributaria, educacional  y de fomento al sindicalismo. Sin embargo, en algunos casos la gestión ha sido deficiente.

Poner el énfasis en la productividad, como lo ha establecido recientemente el Gobierno, es muy positivo, pero la magnitud de los problemas de arrastre del país es un tema enorme y requiere del establecimiento de prioridades, en un contexto en que la mentalidad “retroexcavadora” genera resistencias en un ambiente de desprestigio de la clase política.

Aumentar la capacidad productiva del país es una tarea difícil, como aparece en las medidas anunciadas por el Gobierno y las propuestas de la Comisión Ramos, pero son claramente insuficientes ante la magnitud de los escollos.

Un aspecto central es la modernización del Estado, en que se realizaron avances en los decenios anteriores, pero que ha ido perdiendo fuerza. Es una tarea difícil y fatigosa, con escaso brillo político, pues no existe un gran proyecto sino numerosas iniciativas específicas, que se deben priorizar. Las propuestas de las Comisiones Engel y Ramos lo reflejan, porque contienen proyectos cada uno de los cuales tiene su propio ámbito.

La descentralización es un asunto no resuelto, porque el centralismo no se puede enfrentar con meras medidas administrativas o con la designación de los intendentes regionales por voto popular.

La desigualdad de la población chilena está estrechamente relacionada con la concentración productiva, la cual se ha ido agudizando y en que las tareas regulatorias  han llegado con demasiada tardanza a las preocupaciones empresariales. Se agrega la notoria insuficiencia de las políticas de fomento y protección a las pequeñas y microempresas.

Si bien están en marcha algunas transformaciones importantes que pueden mejorar la calidad de la educación preuniversitaria, hay segmentos completos que permanecen intocados y con un creciente deterioro. La pobre gestión en la reforma a la Educación Superior es patética, desde el caso de la “glosa” hasta las sucesivas postergaciones de la propuesta. Se suman el lamentable estado de la institucionalidad que fomenta la Ciencia y la Tecnología, agregada a la escasez de recursos destinados a la inversión sectorial.

Existe un claro diagnóstico del sistema de capacitación, pero se han postergado los necesarios cambios que se requieren, dada su alta rentabilidad social.

A pesar de las nítidas variaciones que se han generado en los procesos migratorios de Chile y la llegada de un numeroso flujo de inmigrantes que se avecindan en el país y  realizan un valioso aporte al crecimiento y la cultura, se mantiene una política y una legislación obsoletas, de los años setenta, con un sesgo que no favorece la llegada de extranjeros. Los sucesivos anuncios y las postergaciones de una futura normativa que facilite la inmigración no tienen justificación, especialmente si se observa la caída en las tasas de incremento de la población chilena.

A pesar que históricamente la Salud Pública ha estado entre las más avanzadas de América Latina, empezó a registrar un atraso cada vez mayor en la atención a los segmentos populares y donde las diferencias de calidad entre los sectores público y privado se han agudizado. Las propuestas para progresar en la actividad se desconocen.

Uno de los mejores ejemplos de un problema cada vez más agudo es el conflicto mapuche y, en general, la situación de la Araucanía, en que la pasividad del Estado y la carencia de una estrategia coherente, que mire a soluciones de largo plazo, es una realidad.

Los problemas de seguridad, en que los gobiernos han tenido una política de no intervención, sin generar soluciones al conflicto, han posibilitado una situación  fuera de control. Los especialistas indican que se requiere una política integral para apoyar a los sectores más desvalidos que viven en el territorio y que cubra todas las facetas de la vida comunitaria, desde la educación, la salud y la vivienda, hasta la inserción cultural.

En síntesis, a pesar de los progresos que se pueden obtener a través de las políticas macroeconómicas en la recuperación de mayores tasas de crecimiento, esa mejoría sería muy limitada, porque el país está enfrentando escollos que le impedirían crecer en forma permanente por encima del 3 o 4% anual, lo que requiere reformas profundas, para lo cual se necesita una estrategia consensuada y respaldada por una mayoría política sólida, en que los derechos que se aspira satisfacer estén acompañados por el correspondiente respaldo en las obligaciones que hay que asumir, las que enfrentan variadas resistencias.

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