Institucionalidad para la regulación de los mercados

A pesar de los avances del país en los últimos decenios, el bajo crecimiento de los últimos años indicó que se fueron acumulando una serie de problemas que no fueron resueltos en forma oportuna.

Uno de los más importantes fue la regulación de los mercados, en que se generaron abusos y concentración de poder, que fueron particularmente perniciosos en una economía basada en la libre iniciativa y en que el Estado restringió su papel a lo que se ha denominado su tarea subsidiaria, es decir, realizar funciones que no la pueden desempeñar los privados, como ser apoyar a los segmentos vulnerables a través de las políticas sociales que tiendan a promover la equidad.

Para estos efectos, si bien el Estado tiene que limitar su participación en las tareas productivas, debe robustecer su función regulatoria, especialmente en una economía de mercado en que se generan concentraciones de poder propias de los estímulos que la generan.

En la medida que se desarrolló el sector privado con escasa regulación de los mercados, se hicieron ostensibles los abusos cada vez más descarados que conoció la opinión pública y que ayuda a explicar las manifestaciones populares de “la calle”: pollos; “tissues”; farmacias y remedios son algunos con mayor vistosidad, que se suman a otros mercados concentrados pero menos ostensibles, con menor presencia de los ”chicos vivos”, especialistas en “pasadas” más que innovaciones productivas.

A lo anterior se agregan los comportamientos delictuales de la relación d empresarios con el mundo político como Penta, Cascadas, La Polar y otros.

En un comienzo hubo diferentes argumentos para justificar la monopolización de algunos mercados. La apertura al exterior habría requerido competir con empresas grandes, que pudieran aprovechar las “economías de escala” que se podían lograr con el tamaño.

Otro argumento fueron los “monopolios naturales”, existentes en algunas actividades como el agua potable, la energía eléctrica, el alcantarillado, las carreteras viales, o algunos puertos. Por esas premisas, se requirió la intervención regulatoria del Estado para establecer los precios “justos” que beneficiaran a productores y consumidores e impidieran la coacción empresarial.

Uno de los aspectos en que se requieren cambios importantes es la institucionalidad vigente sobre la materia, ya que en la actualidad están dispersas las políticas que rigen el ordenamiento de los mercados para hacerlos más competitivos.

Es necesario que el Estado tenga centralizado el diseño, la normativa global y el control de los aspectos de largo y mediano plazo. Dada la actual organización del Poder Ejecutivo, esa función debería asignarse al ministerio de Economía, que tiene la responsabilidad tanto del fomento productivo como la promoción empresarial en el país.

Las normas generales deberían ser comunes a todas las actividades productivas del país, desde la agricultura hasta la educación, sin perjuicio de las características específicas de cada sector o actividad. Pero en todas ellas existe el peligro y la tendencia a concentrar la oferta productiva, aspecto en el cual se debe concentrar la regulación.

Además de fijar las estrategias y políticas comunes para la regulación de todos los mercados, el ministerio debe tener la responsabilidad de coordinar la institucional existente.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) tiene un papel decisivo en la normalización de los mercados. En los últimos años los cambios en la legislación le han permitido avances de importancia en sus labores fiscalizadoras como, por ejemplo, en los mercados de los pollos, el papel “tissue” o las farmacias.

Sin embargo, se le deben entregar mayores recursos humanos especializados en materias investigativas, de control y de proponer sanciones, porque trata con actividades complejas, en que no es fácil detectar las irregularidades como, por ejemplo, si un bajo precio es consecuencia de la eficiencia de una empresa o de una estrategia transitoria para desplazar del mercado a un competidor.

Las discriminaciones de precios también son comportamientos de difícil calificación. Otro tema de particular importancia es la necesidad de recurrir a “empresas modelo” para la fijación de precios a los monopolios naturales.

A pesar de su importancia, a la FNE le corresponde una tarea básicamente investigativa, sin perjuicio de proponer sanciones a los organismos correspondientes, en este caso, el Tribunal de la Libre Competencia (TLC), entidad vital para la regulación de los mercados y evitar la coacción, porque le corresponde la función de sancionar a quienes incurren en faltas o irregularidades.

En la actualidad, los mayores cuestionamientos de la población ocurren es este aspecto, porque a pesar de la gravedad de muchas acciones delictivas que se han detectado, las penas a los culpables han sido inexistentes o de una levedad irritante, justificando las acusaciones de abuso presentes en las manifestaciones sociales.

A lo anterior se suma la existencia de superposiciones y contradicciones entre diferentes escalones de la función judicial, como el TLC, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones.

Una nueva legislación sobre la materia no puede esperar, después de lograr un acuerdo satisfactorio entre las partes. El debate generado por la delación compensada y la información privilegiada son la mejor prueba.

La otra entidad que ha suscitado polémicas no resueltas es el Servicio Nacional del Consumidor, en que no ha existido un acuerdo sobre sus funciones principales, si debe participar en la regulación de los mercados, incluso aplicando sanciones, o su función principal es la ayuda a los consumidores.

Si fuera el primer caso, sus atribuciones tenderían a mezclarse con las del TLC y la FNE. Por lo tanto, debería concentrar su acción tanto en la defensa del consumidor como en informarlo sobre los mercados que concentran su interés.

La tarea de defensa implica que debe recibir las quejas, analizarlas, y entregar aquellos antecedentes investigados a la FNE para su acción.

La responsabilidad decisiva es informar a los consumidores, labor aún incipiente a pesar de ser de gran importancia, pero que requiere importantes recursos para ser de utilidad, porque se complementa con un aporte educacional indispensable en un mundo cada vez más complejo y diversificado.

En este caso no le compete la función sancionadora que ha sido requerida por algunos. El proyecto de ley “pro consumidor” que examina el Senado es un avance y reduce plazos y esperas.

Ver artículo de Luis Felipe Cristi, "Mercado, regulaciones y empresas" en Revista Trama.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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