Minería y Jadue: crónica de una nacionalización anunciada

El candidato del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, ha dado a conocer sus propuestas programáticas en el marco del proceso de primarias para definir el candidato presidencial de Apruebo Dignidad. Debo confesar que no es fácil entender la prosa de un programa donde prima la idealización por sobre la realidad. Aún así, es posible distinguir propuestas que de pueriles no tienen nada. Tal es el caso de la minería, donde Jadue se aventura en postular el diseño e implementación de una nueva ley de concesiones, que "elimine la figura de la concesión plena, transformándola en una concesión temporal" y en la que "el Estado tendrá la prioridad de explotar directamente los proyectos mineros de la minería metálica y no metálica, del cobre y litio", con el objetivo de "capturar la renta minera", entre otros. Todo ello en pleno siglo XXI.

Aunque se puedan compartir algunas de las ideas generales de su programa minero, tales como el respeto al medio ambiente y mayor aporte a las comunidades, incentivar la innovación, desarrollo e innovación, aumentar el valor agregado de los productos mineros, entre otros, Jadue yerra en el camino, pues apuesta -para conseguir dichos propósitos- por una clara línea de mayor intervención estatal en el sector, despreciando por completo el aporte y rol de la minería privada.

La grave alteración que propone para la institucionalidad de las concesiones mineras, a través de la eliminación de algunas de sus características esenciales, apunta al corazón mismo del sistema minero chileno e implica una evidente nacionalización. Al más puro estilo transandino.

No es primera vez que el PC, o algunos de sus representantes o socios, recurren a este tipo de propuestas, abiertamente inconstitucionales, irresponsables y populistas, para promover iniciativas que afectan el derecho de propiedad. Aunque nuestro país parecía haber puesto coto a este afán intervencionista en la economía, ahonda esta preocupación la insistencia de algunos sectores, como el PC, por realizar profundos cambios políticos, sociales y económicos, a través de la nueva Constitución. No sólo pretenden cambiar el régimen político, sino que, además, se busca debilitar y erosionar el derecho de propiedad, que es uno de los pilares fundamentales del orden público económico en Chile.

En el último tiempo, también hemos observado una verdadera avalancha de proyectos de ley que buscan desafiar la institucionalidad vigente y erosionar el Estado de Derecho, como el de "Nacionalizar" el litio y, más recientemente, el que busca "derogar" el sistema de AFP y "nacionalizar" los fondos de pensiones. A través de este tipo de iniciativas, que no conllevan -como era de suponerse- el pago de indemnización alguna, sólo buscan expropiaciones encubiertas. Es bajo este contexto de estatización o nacionalización en la que deben insertarse las propuestas de Jadue sobre minería. Es un verdadero renacimiento o revival de las nacionalizaciones o estatizaciones de los '70, que la gran mayoría de chilenos ya creíamos superadas.

La minería chilena enfrenta hoy, más que nunca, una serie de desafíos políticos, económicos y sociales, pero donde se vislumbran los mayores riegos, a juzgar por la evidencia, es en la arena institucional. La estabilidad y seguridad en las reglas del juego de que ha gozado el sector minero está bajo abierta amenaza bajo un eventual gobierno del PC. De ahí, la importancia de que la Convención Constituyente consagre y proteja la libre iniciativa, el derecho de propiedad y la institucionalidad minera, que sólo acapara elogios en el extranjero.

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