Chile ha construido una institucionalidad para velar por la estabilidad del sistema financiero, basada en una legislación estricta, derivada de la profunda crisis bancaria de comienzos de los años 80. Tener esa legislación es lo que impidió que la crisis mundial del 2008-2009 golpeara a este país de la manera como lo hizo con Estados Unidos y Europa.
Velar por esa estabilidad se transformó en un imperativo, porque cuando el sistema se resquebraja, sus consecuencias terminan afectando intensamente a la población, con quiebras de empresas y alto desempleo. Por eso se creó el Consejo de Estabilidad Financiera, encabezado por el ministerio de Hacienda e integrado por la Comisión para el Mercado Financiero y la Superitendencia de Pensiones. El Banco Central participa como invitado.
El Consejo se reúne una vez al mes y su propósito es detectar todos aquellos aspectos que puedan dar señales de alerta sobre una eventual desestabilización. ¿Ejemplos? Que un banco importante muestre alguna señal de insolvencia, que aumente peligrosamente la morosidad, que no exista liquidez suficiente para mantener el flujo de crédito, porque el funcionamiento de las empresas depende del acceso al crédito y porque el buen funcionamiento del sistema financiero es una base para el crecimiento de la economía.
¿Qué tiene que ver todo esto con lo que está pasando? Así como dentro de la discusión económica asociada a la nueva Constitución se menciona la autonomía del Banco Central por su objetivo de mantener la inflación baja y estable, debe considerarse también el segundo objetivo que tiene asignado, que es velar por el normal funcionamiento del sistema de pagos o, en otras palabras, velar por la estabilidad financiera.
Y esto también incluye a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), otro organismo autónomo que absorbió las funciones que tenían las superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros) y que debe supervisar a todas las instituciones que realizan operaciones financieras con dinero de terceros.
Cuando estas instituciones advierten señales que podrían llegar a derivar en una crisis financiera, impulsan medidas llamadas prudenciales para abortar la sola posibilidad de que pueda desencadenarse un desastre.
Un ejemplo de desastre es, por ejemplo, que nadie pueda sacar dinero de sus cuentas corrientes o que se congelan las cuentas de ahorro, porque no hay dinero para financiarlas. El corralito argentino del año 2001 es un caso tristemente real.
Por eso llama la atención que, pese a las advertencias que el Banco Central y la CMF han hecho sobre el efecto negativo de proyectos de Ley que se están discutiendo en el Parlamento - como por ejemplo el retiro de 10 por ciento para rentas vitalicias y segundo retiro de 10 por ciento de fondos de pensiones - estas iniciativas continúen su tramitación.
Y no se trata de que estos organismos autónomos estén anunciando catástrofes que después no se cumplen, sino de cumplir la labor para la que fueron creadas y evitar que el país empiece a caminar por la cornisa.
Ya han hecho sus advertencias. Hay que escucharlas y atender lo que dicen, porque Chile no tiene ya margen para una crisis financiera.
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