Desmunicipalizar la educación es insuficiente
La creación de la Dirección de Educación Pública y de los Servicios Locales de Educación, que aún está en proceso, ha sido motivada principalmente con el fin de superar la inequidad estructural que tiene el sistema actualmente administrado por los municipios, entidades de distinto tamaño, ricas y pobres, preocupadas o no de la educación.
Los municipios poseen capacidades y recursos disimiles, eso es evidente. Pero el problema adicional es que los municipios más pobres han debido aportar más recursos de su propio presupuesto para financiar el sistema, cumpliendo así una de las premisas del proceso de municipalización desde hace 40 años: quitarle responsabilidad al Estado del financiamiento del sistema.
Lo complejo es que, hasta la fecha en aquellos servicios locales de educación instalados, lo que ha cambiado es la escala de la administración, el compromiso institucional. De esta forma, persisten problemas estructurales al igual que en el sistema municipal. Lo complejo de lo anterior sería que los servicios locales terminaran transformando los problemas de gestión de 345 municipios, en los problemas de gestión de 70 servicios locales. Lamentablemente, en un principio, está ocurriendo aquello.
La falta de financiamiento sigue existiendo. Si bien es cierto que parte de los problemas se han resuelto -al centralizar los pagos de mejoras a las remuneraciones docentes, por ejemplo-, el sistema de pagos de subvención por asistencia con costos permanentes e ingresos variables sigue poniendo en tensión el sistema.
En Chile, el Estado asigna al sistema de educación pública un promedio de 120 mil pesos por niño o niña mensualmente. Para una parte de los niños, agrega un aporte de 20 mil pesos por cada uno, vía la Subvención para Estudiantes Prioritarios (SEP), y 20 mil pesos de aporte mensual si es que el estudiante presenta alguna necesidad educativa especial.
En tanto, el sistema particular en Chile -que es bastante diverso- se mueve entre los 350 mil pesos al millón de pesos mensuales por cada niño, con incluso algunas excepciones muy por sobre ese valor.
Mientras, los sistemas públicos se enfrentan siempre a la escasez de fondos lo que afecta negativamente la calidad de la educación. La falta de inversión puede llevar a aulas que se hacen pequeñas, falta de recursos adecuados, mala calidad de mantención de los recintos. Solo en este último ítem, en Chile el aporte promedio para mantención de cada establecimiento alcanza los 4 millones de pesos al año.
Las disparidades económicas afectan negativamente a la educación pública. Los estudiantes con familias de menores ingresos pueden tener acceso limitado a materiales educativos y oportunidades de formación distintas a lo curricular, lo que aumenta la brecha de logros entre diferentes grupos socioeconómicos.
La superación de la crisis en la educación pública requiere una combinación de medidas que pueden incluir un aumento en la inversión, reformas en políticas educativas, una mayor participación y vinculación de la comunidad, programas de desarrollo profesional para docentes y esfuerzos para abordar las desigualdades socioeconómicas.
Lo más complejo para seguir avanzando en la solución de los problemas de la educación pública, más allá de ausencia de recursos que son siempre insuficientes, es la rigidez del gasto en las subvenciones y el pago por asistencia. Estos son nudos de una estructura de financiamiento que restringe la gestión, lesiona la capacidad de innovar y, lo peor, es que genera que cada año se dejan de gastar miles de millones de pesos en el sistema educacional.
Basta solo mirar los datos de las rendiciones en la Superintendencia de Educación para dar cuenta del volumen de recursos que los establecimientos educacionales no alcanzan a gastar por las restricciones para su uso, pese a la falta de recursos en las escuelas para resolver necesidades urgentes. Es un contrasentido, pero lamentablemente así ocurre.
Ese ha sido uno de los problemas del sistema municipal, que han estado heredando los servicios locales provocando que, en parte, se sigan reproduciendo los mismos problemas. Y en este momento tenemos la oportunidad de enmendar el rumbo e incorporar aprendizajes que se han evidenciado como las piedras de tope a la hora de establecer políticas públicas eficaces para el Sistema de Educación en Chile. Es necesario que tomemos con la responsabilidad que requiere este cambio.
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