Nueva ONEMI, la oportunidad para el presidente Piñera
Han pasado 8 años desde el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010 y con ello también mucha agua bajo el puente, y para qué decir, un número relevante de emergencias que han afectado a millones de personas, abarcando parte importante del territorio nacional.
Es así como además del 27F, otros tres terremotos, dos de ellos tsunamigénicos, nos han recordado que Chile se ubica en uno de los territorios más sísmicos del planeta.
Los 33 mineros atrapados en la mina San José en el norte de Chile, las tres temporadas de incendios forestales más catastróficas desde que se lleva registro (década de los 60), los incendios en Valparaíso y Torres del Paine, los catastróficos aluviones en el norte en 2015, las erupciones del Calbuco, Villarrica y Puyehue-Cordón Caulle, hasta el reciente aluvión que destruyó parte importante de Villa Santa Lucía en el sur, son solo algunas de las grandes catástrofes que han impactado la vida de millones de chilenas y chilenos desde 2010, sin mencionar aquellas innumerables emergencias y catástrofes que muchas veces no son parte o duran poco en los titulares, pero que han golpeado con dureza la vida, los bienes, infraestructura, el medio ambiente y la economía.
De manera lenta el proyecto de una nueva institucionalidad sectorial en materia de emergencias ha avanzado. La mitad del vaso vacío nos podría mostrar resistencias al cambio que son propias de estos procesos institucionales, los cuales requieren de un grado de mayor autoridad y voluntad política que iniciativas puntuales propias de la mejora continua. Pero finalmente uno de los puntos de encuentro, más allá del gobierno de turno, es precisamente la urgencia por modernizar un sistema e institucionalidad que ha mostrado no avanzar acorde al desarrollo del país.
Quizás este consenso fue bien expresado a fines de 2014, cuando la presidenta Michelle Bachelet presentó una indicación sustitutiva que realizaba importantes modificaciones al proyecto de ley que ya se encontraba en el Senado, recogiendo así parte importante de la discusión legislativa, ya lejos del debate y coyuntura inicial pos 27F. Fue así como en su mensaje señala “han transcurrido 40 años desde la creación de la Oficina Nacional de Emergencia. Su estructura orgánica y funcional es obsoleta y concentrada, con débil implantación en regiones y provincias y sin vínculos de coordinación con los gobiernos locales, impidiendo que el Estado de Chile responda adecuadamente frente a emergencias o catástrofes, cualquiera sea su origen”.
Los años siguientes el proyecto maduraría y se perfeccionaría en la discusión en el Senado. No obstante el avance ha sido lento, faltando la debida priorización por parte del Ejecutivo, no ha impedido que a la fecha exista un proyecto que, perfectible en algunos detalles como es fortalecer aún más el nivel local y regional, presente avances que establecerían las condiciones para un rápido trámite.
Las emergencias no esperan y en eso el gobierno pasado tomó una decisión pragmática y necesaria frente a la debilidad institucional, manejar las emergencias desde la subsecretaría del Interior, algo que probablemente fue reforzado por tener que enfrentar grandes emergencias dentro de los dos primeros meses de gestión, el incendio forestal de China Muerta y Conguillio, y el terremoto que golpeó al Norte Grande.
La creación de una unidad al interior de la subsecretaría fue el principal actor al momento de monitorear, evaluar y manejar emergencias. Algo que siendo probablemente necesario, también terminó por transformarse en algo cómodo. Así fue como lo pragmático y urgente, terminó por postergar lo necesario y permanente, en definitiva dar la urgencia requerida para la aprobación de una nueva institucionalidad.
La actual administración parece haber tomado el mismo esquema en cuanto a mantener el manejo desde La Moneda, un pragmatismo que no puede perderse dado que las emergencias ocurrirán y la institucionalidad no ha variado desde 2010. La renoleta podrá haber sido pintada y ajustada, pero al momento de ser exigida para correr a 120 kilómetros por hora, se comportará como el vehículo de los 70 que es.
El presidente Sebastián Piñera tiene una gran oportunidad que la administración pasada no supo aprovechar, dotar a Chile de una nueva institucionalidad para liderar la gestión antes, durante y después de las emergencias.
Más aún, dado el avance del proyecto y su estado actual, perfectamente éste podría estar aprobado el año en curso, pero se requerirá de la voluntad política en un área fundamental de la seguridad pública que requiere un cambio estructural donde, a pesar de haber existido altos niveles de consenso en el parlamento y un proyecto maduro, ya estamos cerca de cumplir una década de haber tomado conciencia de manera trágica de la debilidad estructural, sin haber realizado los cambios necesarios.
En definitiva, al no haber cambio, simplemente no hay lección aprendida, algo que ojalá la nueva administración vea como una oportunidad.
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