Los inéditos, numerosos y frecuentes incendios forestales que hemos sufrido como país desde diciembre del año pasado, nos han golpeado.
La agresividad y violencia de los incendios ha causado lamentables muertes de personas, destrucción de casas, bienes, bosques y plantaciones agrícolas, entre muchas otras pérdidas. El dolor de las familias afectadas ha sido y es, enorme.
Me parece que la sensación que tenemos es de impotencia frente a eventos que no hemos podido predecir ni tener bajo control. El sentirnos sin la capacidad de actuar frente a un fuego que avanza y que sabemos arrasará con casas que no podemos resguardar. Impotencia también al tener la sospecha fundada que parte de estos incendios han sido provocados, y que será difícil encontrar a los responsables y probar su culpabilidad.
Creo no exagerar al decir que estamos algo aturdidos y entristecidos al reconocernos sorprendidos por estos destructivos incendios, que nos han desbordado como país en todas sus dimensiones.
Estamos reaccionando a través de actos solidarios, para paliar de alguna manera el sufrimiento de las familias afectadas, de manera de complementar la acción asistencial que debería ser provista por el Estado, el que está absolutamente sobrepasado, a tal punto que hemos tenido que recurrir a la generosidad de personas particulares y de otros países para enfrentar la emergencia.
Pero no es la única crisis. En octubre del año pasado, la actual directora del SENAME nos sorprendió con dramáticas cifras de niños, niñas y jóvenes que murieron en centros dependientes de este servicio público. Durante algunas semanas se hicieron reuniones de emergencia, emotivas sesiones en el Congreso, escribimos muchas columnas de opinión, firmamos una declaración a favor de la infancia, se mostraron programas de televisión y se hicieron numerosas entrevistas en todos los medios de comunicación. Algunos afirmamos en su oportunidad, que se corría el riesgo de que las soluciones urgentes a implementar quedarán en nada, sólo en titulares.
Han pasado cuatro meses, y no se ven avances significativos que nos permitan afirmar que en Chile, los derechos de la infancia se respetan. Todavía no damos cumplimiento a la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990.
La emergencia de los niños, niñas y jóvenes en Chile no es prioridad. Duele afirmarlo, pero está claro que la infancia vulnerable en nuestro país, no importa, no duele lo suficiente como para que actuemos con sentido de urgencia.
También es tiempo de vacaciones. Como todos los años, el que recién pasó también fue duro e intenso, y nos viene muy bien un descanso junto a nuestras familias y seres queridos. En febrero, la temática sobre cómo resolver la crisis de la infancia en Chile, no será noticia, hasta que de seguro, un nuevo triste caso relacionado con la situación dolorosa de un niño o una niña en condición de vulnerabilidad, sea primera plana en los diarios y noticieros.
Es tiempo de crisis, con la única salvedad, que la relacionada con el Servicio Nacional de Menores la conocemos hace décadas, y estamos lejos de enfrentarla con decisión, con voluntad y con recursos. ¿La razón?, porque no se visualiza un real interés de hacerse cargo del problema.
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