Existe un consenso transversal en la academia y la política pública: las desigualdades sociales no esperan a la adultez; se incuban y manifiestan desde la primera infancia. Como bien han señalado investigadores como Rosas y Santa Cruz, este es el momento crítico del desarrollo. Es aquí donde el ritmo de las trayectorias de crecimiento es más acelerado y donde se consolidan las funciones cognitivas y sociales que definirán el futuro de una persona.
Cuando hablamos de discapacidad intelectual, cualquier brecha en estos primeros años no es solo una desventaja estadística: es, derechamente, una vulneración de derechos. El Estado chileno tiene un mandato ético y legal, derivado de su suscripción a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de garantizar que niños y niñas puedan desarrollarse en igualdad de condiciones. Y ese compromiso comienza con la atención temprana.
Si bien Chile ha sido pionero con políticas como Chile Crece Contigo, que hoy brinda acompañamiento e información valiosa, el sistema actual sigue llegando tarde para muchos. La evidencia indica que los programas de habilitación y rehabilitación deben comenzar en la etapa más temprana posible para mitigar las barreras del entorno.
Frente a este escenario, hay al menos dos avances urgentes.
1. Fortalecer la atención temprana desde el primer día
No basta con el acompañamiento general. Necesitamos avanzar hacia una atención oportuna que se active desde los primeros días de vida para quienes presentan factores de riesgo. El objetivo debe ser la creación de programas y espacios específicos de atención temprana que entreguen orientación técnica para prevenir que la interacción entre la condición de base del niño y un entorno poco preparado se traduzca en una exclusión permanente.
2. Equipos interdisciplinarios en Sala Cuna
En la actual coyuntura política, donde se discute la Ley de Sala Cuna y el gobierno de José Antonio Kast ha solicitado plazos para presentar indicaciones, es imperativo que el debate no se agote en el financiamiento o la cobertura laboral. Es clave establecer que las salas cuna con financiamiento público cuenten con equipos interdisciplinarios.
La presencia de profesionales especializados en el sistema de educación parvularia regular es lo que garantiza, en la práctica, la autonomía y los aprendizajes de niños y niñas de 0 a 3 años con riesgos en el desarrollo. Asimismo, debemos abrir la puerta a que las escuelas especiales, que ya cuentan con el know-how y los equipos expertos, puedan brindar atención a través de salas cuna especializadas para este rango etario.
La inclusión no puede ser una promesa de futuro que comienza en la etapa escolar. Para que sea real, debe ser una garantía que se ofrece desde la cuna. Solo así dejaremos de administrar la exclusión para empezar, de verdad, a construir igualdad.