La democracia deja sin su tumba faraónica al dictador Francisco Franco

                                                                                                    

Descabalgado del poder el centroderechista Mariano Rajoy, debilitado por una montaña de casos de corrupción y por los desplantes del independentismo catalán, la llegada del socialista Pedro Sánchez ha significado  una pausa reconfortante, como aquellas brisas que se levantan al atardecer tras un día de calor infernal. Cómo los de este verano.

España tiene muchos frentes abiertos. Mantener la estabilidad económica, abrir canales de diálogos con los nacionalistas catalanes, poner de acuerdo a Europa para enfrentar la crisis de la emigración y apuntalar a la monarquía dentro de lo que es posible a causa de comportamientos que han dañado el prestigio de la institución.

Pero el  presidente ha querido llegar más lejos en este corto tiempo que lleva como inquilino de La Moncloa. Nada más ni nada menos que desalojar del Valle de los Caídos al dictador Francisco Franco, un paso que considera de obligado cumplimiento  para dotar de efectividad a la Ley de Memoria Histórica, asignatura pendiente de todos  los gobiernos que se han sucedido en España desde la muerte de Franco, hace 43 años.

Tal como se había anunciado, el Gobierno de Sánchez puso en marcha el mecanismo legal para sacar los restos de dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Para llevar a buen puerto semejante empresa, aprobó  en Consejo de Ministros un decreto ley, que debe ser refrendado por el Congreso, y que permitirá otorgar amparo jurídico a la exhumación de los restos. Con esta modificación se estipula que queda prohibida la presencia  en el Valle  “de quienes no murieron” en la Guerra Civil.

Con  este trámite, la familia del dictador deberá acordar en cuestión de semanas el lugar en el que se depositarán los restos o de lo contrario será el Ejecutivo el que decida.

Seguirá sepultado en  el mismo sitio donde está enterrado  el que fuera fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera ya que murió durante la guerra civil (1936-1939).

Para algunos, el paso dado por Pedro Sánchez es inoportuno y tiene afán electoralista.  Otros creen que llega demasiado tarde para cerrar las heridas de la guerra civil.

El Gobierno está convencido que sacará adelante la votación en el Congreso con mayoría simple, gracias a los votos  del Partido Nacionalista Vasco, del grupo de izquierda Podemos y de los nacionalistas catalanes, con los que ha pactado  modificar la ley de Memoria Histórica para incluir la anulación de los juicios del franquismo.

En el terreno político, el Partido Popular ha anunciado que recurrirá al Constitucional para impedir que Franco sea desalojado del Valle de los Caídos, mientras Ciudadanos, de centroderecha, anuncia que se abstendrá.

En el Valle de los Caídos, obra faraónica - monasterio y mausoleo -, construido por presos políticos republicanos en las proximidades de El Escorial, están sepultados  33 mil  cuerpos. Pertenecientes  tanto al llamado “bando nacional” como republicano, aunque la mayoría de estos últimos fueron sepultados sin consentimiento de sus familias.

La idea es que se convierta en  un Museo de la Memoria, un lugar de reconciliación, de conmemoración   y de homenaje a las víctimas de todos los bandos. Sin embargo,  su pasado es un obstáculo para que esto prospere. Para muchos, el Valle de los Caídos fue un lugar pensado para exaltar al régimen franquista. Otorgarle  ahora la condición de símbolo de paz entre españoles obligará a  consensuar y dialogar.

Hay posturas más extremas. Convertirlo en un Museo del Horror a semejanza de  los campos de exterminio nazis o en un cementerio nacional, como el de Arlington, en Estados Unidos.

El Gobierno ha tenido que establecer puentes con dos partes directamente implicadas en esta exhumación y traslado de los restos del dictador. Su familia, integrada por siete nietos, y la Iglesia, encargada de velar por la conservación del lugar.

Al final, tanto herederos como la Iglesia han mostrado su  disposición a cumplir la ley.

Los medios españoles han sacado cámaras y micrófonos a las calles para “tomar pulso” de lo que piensan los españoles “de a pié “de Franco y de la decisión del Gobierno de Sánchez.

Las respuestas van desde aquellos que no saben quién es Franco, o que lo consideran un dictador o un salvador de España, a otros que la exhumación les da igual o la creen necesaria para la democracia. Quienes han  puesto el grito en el cielo son militares en la reserva, y alguno en activo,  mediante la firma de una carta en la que juran respetar a Franco y defender su legado.

El efecto colateral  es que desde que se supo la intención del Gobierno de trasladar los restos de Franco del Valle de los Caídos se han duplicado las visitas y la celebración de bodas en el lugar que fue construido por presos políticos del franquismo.                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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