Varapalo judicial al independentismo catalán
El Tribunal Supremo de España ha condenado a penas de cárcel por sedición a los principales líderes políticos involucrados en la consulta ilegal destinada a lograr la independencia de Cataluña.
En el fallo los magistrados dan por probado el ejercicio de la violencia en el plan secesionista aunque descartan la existencia de acciones de fuerza funcional, pre ordenadas de forma directa, como ocurre en los casos de rebelión y que son castigados con mayor dureza.
También descartan que en algún momento los líderes políticos tuvieron la capacidad real para imponer la independencia.
A pesar de rechazar la rebelión, el Supremo considera de extrema gravedad movilizar a la ciudadanía en un alzamiento público y tumultuario que impide la aplicación de las leyes y obstaculiza el cumplimiento de decisiones judiciales.
Los magistrados también responden a quienes han intentado justificar la consulta independentista del 1 de octubre de 2017 sobre el supuesto del derecho a la autodeterminación. En la sentencia se lee que “el Derecho Internacional no reconoce en ningún caso para un supuesto como el de Cataluña “.
De los doce imputados por el llamado coloquialmente “Procés”, el mayor castigo, trece años de cárcel por sedición y malversación, recae en Oriol Junqueras, que entonces era vicepresidente de la Generalitat de Cataluña.
Ocho altos cargos, entre ellos la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, han sido a condenados a penas que oscilan de los doce a nueve años.
La esperada sentencia del Tribunal Suprema obligó al Gobierno a adoptar un plan de acción previo para contener las protestas que este fallo adverso al independentismo podrían provocar. Fuerzas de Seguridad del Estado han sido enviadas a Cataluña para impedir la paralización de actividades.
El presidente en funciones, Pedro Sánchez, se ha puesto en contacto con los líderes de diferentes partidos políticos para comprometerse a un clima positivo de institucionalidad y encontrar apoyo en caso de que se deban adoptar medidas excepcionales para Cataluña.
Sánchez ha reiterado que la sentencia debe ser acatada y que no habrá indultos.
La defensa de los condenados anuncia que recurrirán al Tribunal de Estrasburgo por considerar que la sentencia es política.
¿Cumplirán los condenados las penas impuestas?
La sentencia del Tribunal Supremo no acogió la petición de la Fiscalía de impedir el acceso de los condenados al tercer grado - libertad parcial - antes de cumplir la mitad de la pena impuesta. El Código Penal español permite recurrir a esta norma cando la pena supere los cinco años.
No obstante, la Generalitat de Cataluña, de acuerdo al Reglamento Penitenciario, está facultada para dar permiso a un condenado cuando lo estime conveniente, mientras la libertad de un preso no revista peligro para la sociedad.
Esta prerrogativa es vista como un alivio para el presidente en funciones, Pedro Sánchez, al que la oposición le ha echado en cara su “debilidad “ante el independentismo catalán y su presunta predisposición a un posible indulto.
La sentencia contra los principales líderes independentistas ha reactivado la orden de detención y entrega del ex presidente catalán, Carles Puigdemont, fugado de España desde que comenzó el juicio, hace dos años. La llamada Euroorden se hará extensiva a otros altos cargos que escaparon de Cataluña.
La sentencia se interpreta como el final de la etapa judicial del secesionismo y el comienzo de la actuación política, de reflexión y de diálogo.
No seguir esa vía será imposible restaurar la convivencia entre catalanes y establecer la confianza entre Cataluña y el Estado español.
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