El Estado Discrimina en Seguridad

La izquierda debe perder el miedo a hablar de seguridad. Pero, lamentablemente, las propuestas que hemos impulsado en la materia han replicado la política de “mano dura” y “tolerancia cero” creada por la derecha a nivel internacional, cayendo en el mismo canto de sirena de otorgar soluciones legislativas, aumento de penas, a problemas de fondo, que requieren una mirada transversal y multisectorial.

Esta manera de enfrentar el problema nos ha llevado a estigmatizar sectores sociales vulnerables, como fue con el control preventivo de identidad, que trae como consecuencia el hacinamiento de las cárceles y el posterior negocio de las concesiones penitenciarias.

La “criminología crítica” como teoría formuló cuestionamientos de cómo el sistema de persecución penal recaía en la población más pobre, mientras que los delitos cometidos por los ricos, delitos de “cuello y corbata”, nunca terminaban en prisiones para los condenados (podemos recordar casos del último tiempo).

Existe un clasismo intrínseco a las políticas criminales que no hemos podido sortear.

La seguridad tiene como trasfondo la réplica de las desigualdades inherentes al sistema, donde el combate a la delincuencia ha tenido éxito solo en las comunas más ricas del país, pero trasladando hacia las comunas de sectores medios y vulnerables la misma, por lo cual, en términos generales, solo ha existido un desplazamiento de la delincuencia, manteniendo estable las tasas a nivel nacional.

Lo anterior ha sucedido porque la seguridad se ha convertido en un bien de consumo más del mercado, que dependen del presupuesto de la comuna en la que vivo y de lo que pueda gastar con mi familia en los servicios de seguridad y alarmas que ofrecen importantes empresas. El miedo es el enganche y promotor para el acceso a estos productos.

Informe Especial dio cifras que nos impactan para demostrar las abruptas inequidades en la materia.

Por ejemplo, los presupuestos de seguridad en las comunas más ricas son 10 veces mayores a las comunas más pobres, lo que ha repercutido en que en los barrios pudientes se haya disminuido las tasas de delios de mayor connotación social, mientras que en comunas como Pudahuel o Lo Prado las mismas han aumentado.

Pero también las responsabilidades son por las políticas implementadas por el ministerio del Interior. En esta materia existen diferencias atroces, por ejemplo, en Las Condes existe un carabinero por cada 520 personas, mientras que, en Cerro Navia, comuna en que hay mayores tasas de delincuencia, solo existe un Carabinero cada 1230 habitantes.

Es evidente y preocupante el clasismo en materia de seguridad como lo han denunciado diversos alcaldes.

La atención política y mediática ha sido dirigida a los inventos de Lavín para perseguir a los criminales, mientras que, en los barrios pobres, donde la gente sufre día a día con el temor en sus vidas, no existe una fijación mayor por parte del Estado y los medios de comunicación.

La discriminación en seguridad debe terminar hoy, ya no caben más leyes que aumenten penas al ser ineficientes al actuar una vez que el delito ya se ha cometido, sino que el enfoque hoy que es urgente, debe ser en la gestión y prevención, terminando con las injusticias en el que el Estado ha sido cómplice.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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