Mirando hacia el 2014

Por estos días los (pre) candidatos presidenciales se esmeran en articular sus fuerzas para, entre otras cosas, diseñar los programas de gobierno con los que se presentarán ante sus electores. Con mayor o menor énfasis lo cierto es que los temas presentes en la parrilla programática suelen repetirse. Y las omisiones, lamentablemente, también.

Un tema que brilla por su ausencia (esta frase popular es de la precisión de un relojero para el caso) es la reforma orgánica de la judicatura.

Los jueces chilenos en su gran mayoría sustentan una posición crítica acerca del modelo de organización de la judicatura que fue heredado de la Colonia y que ha permanecido prácticamente inalterado desde entonces, por constatar que no es funcional a un ejercicio independiente de la función y ser, de otro lado, deficitario en orden a la eficiencia que se le exige a una institución moderna.

Una nueva organización estructural debe ser capaz de superar la matriz monárquica que la actual posee y redefinirse en línea con las exigencias de un estado democrático de derecho.

La base de esta redefinición es la comprensión del rol del juez como uno de preservación y tutela de los derechos fundamentales de todas las personas, manifestado en la resolución del caso conforme a su mérito y los dictados de la Constitución y la ley.

En este marco,la independencia de los jueces opera como garantía ciudadana de sujeción del juez al derecho, y debe estar asegurada tanto para la magistratura como orden como para el magistrado en calidad de individuo frente a todo poder, externo o interno, principalmente respecto de los poderes o jerarquías de la propia organización.

Bajo estas premisas hacemos un juicio crítico de la organización judicial vigente, que evidencia su matriz monárquica principalmente en la concentración de funciones jurisdiccionales y de gobierno en la cúspide de la estructura y pretendemos avanzar un proceso de reformas organizacionales que aseguren el cabal cumplimiento de la función judicial guardando la debida correspondencia con el estado democrático de derecho.

Días atrás la H. Senadora Alvear se preguntaba en un medio digital: “¿Quo Vadis Corte Suprema?” Sin dejar de valorar la preocupación que la parlamentaria manifestó en relación con las evidentes deficiencias que plantea el actual sistema de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, por nuestra parte creemos que los problemas de diseño institucional trascienden con mucho el mecanismo actual de conformación de las vacantes de la Corte Suprema.

En efecto, tal como los jueces lo hemos venido sosteniendo por años (www.jurisdiccionydemocracia.cl) los problemas que hoy atañen al servicio judicial chileno en su conjunto tiene que ver con el origen y la concepción misma que subyace a la estructura organizacional del poder judicial, inequívocamente tributaria de una teoría política de cuño monárquica y pre republicana, en la cual el principio jerárquico y el argumento de autoridad adoptan un protagonismo difícilmente compatible con la fundamentación y transparencia en las decisiones públicas que en estos tiempos se reclama.

Lo cierto es que el déficit de criterios meritocráticos, fundamentación y transparencia en los sistemas de nombramientos constituye una falencia que toca transversamente al conjunto de la organización judicial, en todos sus niveles e instancias.

En el caso de la Corte Suprema, es probable que ello resulte más evidente en razón de las materias de gran trascendencia que ésta debe resolver y que, no pocas veces, tienen impacto en la vida nacional.

En miras de la superación de estas y otras deficiencias organizacionales se avanza internamente en forma sostenida desde hace ya algunos años, con respaldo de la abrumadora mayoría de la comunidad jurídica -cosa que se pudo constatar en el desarrollo del Foro Judicial 2011, iniciativa que reunió a sus principales representantes para hacerse a la discusión sobre la carrera judicial- aunque con inexplicable indiferencia de los líderes políticos, salvo honrosas excepciones, como la de la distinguida Senadora antes citada.

La Asociación Nacional de Magistrados en sucesivas Convenciones Nacionales ha tomado acuerdos que miran hacia el mismo horizonte. Sin ir más lejos, todos los candidatos que se han presentado al proceso de elecciones que se avecina (septiembre 2012) con pretensiones de conducir la Asociación Nacional de Magistrados, dan en sus propuestas un lugar preponderante a los temas organizacionales, con acento en la necesidad de garantizar la independencia judicial.

Y en dicho avance ni la propia Corte Suprema ha querido restarse de esta temática. Es así como ejecuta minuciosamente el Programa de Fortalecimiento Institucional que, entre otros propósitos, busca un nuevo modelo de carrera judicial integrado a un nuevo modelo de capacitación y régimen disciplinario.

En este Programa se reúnen representantes de los distintos estamentos del Poder Judicial y, en mi opinión como miembro de uno de sus grupos de trabajo, puede sostenerse que a la fecha se ha trabajado en forma rigurosa y disciplinada en miras de procurar las reformas legales y constitucionales que se requieren al efecto.

Pero por mucho que los jueces se esmeren en reflexionar, hacer diagnósticos críticos, formular propuestas más o menos acompañados de la Academia y expertos en el área, mientras los líderes políticos no se sumen a este esfuerzo la deliberación se perderá entre las paredes de los tribunales.

Esto sería un despropósito puesto que, aunque suene paradójico, en la dimensión de la organización de la judicatura, la justicia no es asunto de los jueces, sino que de los ciudadanos.

Es la protección de la vida, libertad y propiedad, en definitiva, la cautela de los más preciados bienes de los hombres y mujeres de este país la que está en juego al pensar los diseños estructurales más propicios al cumplimiento cabal de la función judicial.

Esperamos, de cara a las propuestas programáticas de los candidatos presidenciables para las elecciones de 2014, que el tema de la reforma orgánica de la judicatura ocupe un lugar entre los temas importantes.

Los jueces estimamos que ya es hora de que el conjunto de la sociedad chilena asuma sin prejuicios ni restricciones la necesidad de adecuar la estructura organizacional de nuestro servicio judicial a los requerimientos de un moderno estado democrático de derecho del siglo XXI.