Hace sólo unos días, los medios informaron sobre la respuesta a un informe solicitado por la Comisión Investigadora de SENAME II de la Cámara de Diputados. Datos que nos estremecieron y que han marcado un punto de inflexión y que nos interpela directamente, sin posibilidad ética de minimizar los hechos. Muy por el contrario.
El mencionado informe reveló que desde el año 2005 al 2016, murieron 185 niños que se encontraban bajo la custodia del Servicio Nacional de Menores, SENAME. Y, aunque algunos han debatido las cifras, se trata de un informe nefasto, indignante, sencillamente intolerable.
Lo que ha sido un secreto a voces durante años, terminó por explotar. Y que nadie se haga el desentendido, todos sabíamos lo que ocurría, y cuando digo todos, me refiero a todos los chilenos.
Comenzó a rondar por nuestras cabezas la idea que no es tolerable en un estado de derecho que niñas de entre 14 y 16 años sean partícipes de redes de explotación sexual, mucho menos que niñas de esa edad sean verdaderas proxenetas de estas redes; pero, definitivamente inaceptable, que personal que desempeña supuestas funciones de cuidado de estas niñas esté avalando dichas situaciones.¡ El mundo al revés!
Caímos en la cuenta que no es posible que encarguemos la custodia de niños que vienen de condiciones de altísimo riesgo sin que ni siquiera tengamos predefinido un perfil de personal profesional, técnico y de apoyo para el trabajo con estos niños.
Además, nos percatamos que tampoco es posible que a muchos buenos funcionarios, con verdadera vocación y cariño por el trabajo que desempeñan, que implica el enfrentarse constantemente a situaciones complejas y de alto estrés por la realidad de los niños y adolescentes con los que tratan, les estemos pagando sueldos francamente miserables. Un tremendo y preocupante contraste.
Así las cosas, si no tenemos requisitos mínimos para la elección del personal y condiciones dignas para que este desarrolle su función, ¿podemos esperar entonces que algún centro del servicio o alguno de sus organismos colaboradores tenga un verdadero plan de reinserción y adaptación de los niños con el medio, con equipos multidisciplinarios preparados para llevar a cabo dichos planes? Ciertamente no.
Nos dimos de bruces con que habíamos creado un sistema perverso, vicioso por donde se le mire, donde a cada centro colaborador del SENAME se le asigna una subvención por cada niño que mantiene. Dimos un nefasto estímulo para mantener niños dentro de esos centros, para no hacer nada por lograr que superen su situación y se reinserten en la sociedad de la que debieran ser parte. Es más, otorgamos un gran estímulo para “captar” más niños en esos centros. ¿Y por qué? pues porque la cantidad de niños que se tienen en dichos centros, es directamente proporcional al dinero que el Estado les asigna.
Luego, después de estas, entre muchas otras cosas que hoy identificamos sobre el SENAME ¿podemos esperar que un niño que se desarrolla en alguno de estos lugares tenga oportunidades en condiciones de igualdad con sus pares que viven en grupos familiares constituidos? Lamentablemente me parece que no. Entonces, ¿tiene sentido enviar a estos niños a este tipo de centros?
Quizás debiéramos ser más sinceros y reconocer que no, y que durante años hemos estado confinándolos en ellos con la sola intención de sacarlos de los espacios públicos, como queriendo evitar que se diga que en Chile no se hace nada con la pobreza, delincuencia, violencia y abuso infantil. En otras palabras, debemos ser francos y admitir que durante años hemos estado tratando de esconder a estos niños bajo la alfombra.
Pero ya no más, así como hoy hemos develado una realidad muy dolorosa, hoy, más que nunca, tenemos la oportunidad de poner fin a esta pesadilla. Y para eso debemos comenzar por admitir que como Estado, como autoridades, como políticos, como país, nos fuimos acostumbrando a una situación que se fue complejizando cada vez más, a la que dimos respuestas burocráticas e insuficientes y a la que constantemente preferimos pasar por alto, bajándole el perfil.
Una vez hecho el diagnóstico y el reconocimiento, debemos ser capaces de dar una lucha en dos frentes que hemos de trabajar de forma paralela: cimentar las bases y la estructura jurídica de una nueva institucionalidad de protección a los menores; y, reaccionar con la mayor celeridad que nos sea posible para dar pronta respuesta a necesidades urgentes, como, por ejemplo, la ausencia de centros diferenciados por edad, por lo que niños de 0 a 7 años conviven con niños de 14 a 16.
Tampoco hay separación de niños que llegan a centros del SENAME por la ejecución de conductas delictivas, de aquellos que han llegado a raíz de medidas de protección ante la violencia, el abuso o el abandono del que han sido víctimas. Esto último, contribuye a potenciar lo que expertos denominan “contagio criminológico”.
En fin, frente a todo lo anterior, urge que los distintos sectores políticos, sociales e institucionales, traten este tema con altura de miras.
Urge entender que en nuestras manos tenemos el futuro de miles de vidas, vidas de niños y adolescentes cuya única culpa o error fue haber nacido en condiciones de pobreza extrema y alta victimización. Por lo mismo, como legislador, hago un llamado a no hacer de esas vidas, de esos niños de carne y hueso, una disputa política.
Más que nunca se hace necesario que impulsemos un gran acuerdo nacional, para hacernos cargo de una vez y, para siempre, de esta inaceptable realidad que está ocurriendo en pleno siglo XXI aquí, en Chile y que se resume en dos palabras: Vergüenza Nacional.
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