COP - Alooza

Rodrigo Muñoz Baeza

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Seguramente cuando Jair Bolsonaro rechazó a principio de año realizar la COP25 en Brasil, en La Moneda pensaron que hacerla en Chile sería una gran idea para intentar subirse a la ola verde, en un gobierno que no tiene en sus raíces lo medioambiental.

Sin embargo, la organización de la XXV Conferencia de las Partes sobre cambio climático de ONU va a tener múltiples complejidades de las que deberá hacerse cargo Chile, no solo en sus costos financieros, sino por lo bullante del debate internacional y nacional sobre el tema.

Esta Conferencia, más conocida como COP, es la entidad que se ha dado el mundo para encargarse de la gravedad del fenómeno del cambio climático como resultado del desmedido aumento de la temperatura media global en la superficie terrestre, y su vínculo con el crecimiento de las emisiones de dióxido de carbono que se acumulan en la atmosfera.

Hasta el momento, según los informes científicos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), se ha elevado en 1,1°C la temperatura con relación a los valores conocidos en la época pre-industrial, algo desde ya riesgoso.

Para combatir las causas, en la COP21 se suscribió al Acuerdo de París, que estableció una serie de medidas para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a los efectos del calentamiento global. El Acuerdo está supeditado a las metas determinadas en la Convención marco de ONU de cambio climático (CMNUCC), en una alianza que toma el lugar del Protocolo de Kioto en la materia, instrumento que finaliza su vigencia en el 2020.

Por lo anterior, la COP25 tiene una importancia radical para un Acuerdo que debe empezar a ejecutarse el próximo año. Debido a eso, todas las negociaciones sobre la implementación de medidas deben concluirse en diciembre. Por ello, los espacios de conversación estarán marcados por la cada vez mayor visualización de situaciones peligrosas (como incendios o sequías), la necesidad de ser más ambiciosos con las metas ante la emergencia climática y las crecientes movilizaciones mundiales de jóvenes, que demandan soluciones urgentes.

Previo al evento en Santiago, se realizó en junio la Conferencia de ONU sobre cambio climático en Bonn (SB50, por sus siglas anglo), la cual tiene la tradición de ser el punto intermedio donde se revisan los temas que se abordaran en la siguiente COP.

Los reportes de las sesiones del SB50 se caracterizaron por reflejar un empantanamiento en los puntos que quedaron pendientes de la COP24 de Katowice: mercado de bonos de carbono, conflictos de interés y mecanismos de pérdida y daños.

Respecto de lo primero, una de las cuestiones cruciales que aún queda abierta es el mecanismo de mercado de bonos de carbono, una flexibilidad contemplada en el Acuerdo para cumplir con los objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases, mediante la compra de bonos de carbono con la inversión en proyectos de energía renovable en otros países, lo que ayuda a netear la contribución al daño ambiental.

Evitar el doble conteo con el que tanto el país emisor como el receptor contabilicen un proyecto como reducción y garantizar la sostenibilidad ambiental de los proyectos que se incluyan en el mecanismo son los principales lugares de desacuerdo.

En segundo lugar, a partir de reportajes que se conocieron después de la COP24, ha crecido la demanda de parte de ONG’s y medioambientalistas por la regulación de los conflictos de interés en estas instancias, toda vez que una gran cantidad de representantes de compañías de combustibles fósiles - Chevron, Shell, BP, Exxon - participan de las Conferencias como lobbistas, incluso bajo el amparo oficial de países como Noruega, Vietnam y Kuwait, o bajo la etiqueta de fundaciones u organizaciones sin fines de lucro.

Por ejemplos, el debate por el mercado de bonos de carbono es una materia de mucho interés en el mundo empresarial, dado que es un espacio pensado en los privados.

Por lo mismo, responder por los aportes de empresarios a la realización del evento, en especial del Consejo Minero, gremio que reúne al sector más poderoso y destructivo con el medioambiente del país, es relevante.

Otro tema que sigue dando vuelta es el mecanismo de pérdidas y daños, impulsado por el grupo de países africanos y latinoamericanos para concretar apoyo económico en pos de los más vulnerables, quienes, en los números, son los menos responsables por la actual situación del planeta.

Una de las principales críticas ha sido la falta de cooperación internacional para responder al desafío, algo de lo que Chile debe hacerse cargo, al presidir, junto a Finlandia, la Coalición de ministros de finanzas para la acción climática.

El Mecanismo Internacional de Varsovia (WIM, en inglés) hasta el momento no ha generado alternativas de financiamiento, y el Fondo Verde para el Clima se avizora bajo lo necesario, remitiéndonos a la trampa de deuda climática por los desastres que podrían afectar a los países africanos y latinoamericanos.

Chile, por tener la presidencia del evento, debería liderar el aumento de medidas para evitar que la temperatura media mundial siga subiendo, con una contribución nacional determinada (NDC) más alta y urgente, tomando liderazgo en la acción para servir de ejemplo en el periodo de transición que se aproxima en la crisis climática.

En ese sentido, si bien nuestro país aporta solo un 0,25% del total de emisiones a nivel mundial, ya podemos palpar los efectos de este fenómeno en nuestro vulnerable territorio. Solo la acción colectiva permitirá acelerar la reducción a la mitad de las emisiones de CO2 al 2030 y neutralidad de carbono al 2050, como plantean los reportes científicos.

En Bonn, 30 países ya se comprometieron a medidas más ambiciosas, lo que probablemente se complemente con 80 países en la cumbre climática de Nueva York citada por Antonio Guterres en septiembre.

Ahora, lamentablemente en el mundo se continúa haciendo muy poco. Los negacionistas del cambio climático y las industrias asociadas a combustibles fósiles no han puesto de su parte, y tampoco hay indicios de que los grandes contaminantes estén reduciendo efectivamente sus emisiones de CO2.

Arabia Saudita y Estados Unidos, con el apoyo de Brasil y Hungría, se oponen incluso hasta a los informes de recomendaciones de IPCC, boicoteando la COP24 y SB50.

Las continuas suspensiones de las citas del Consejo Asesor Presidencial para la COP dan señales preocupantes en torno a la continuidad que debería tener el debate de los planteamientos de fondo para la Conferencia.

De la misma manera, aun no se ingresa la ley marco de cambio climático - de la cual se espera un tono declarativo antes que orgánico o sancionador -, tenemos una reforma tributaria en trámite que incluye medidas que facilitan los impuestos verdes a las industrias, y un plan de descarbonización de centrales que aspira a que recién en el 2040 estén retiradas todas.

En síntesis, la COP25 debería ser una instancia que logre ser el paso final a que el Acuerdo de París se comience a implementar sin barreras, así como un impulso interno a generar mejores políticas públicas contra el cambio climático.

Para ello es importante a poner en el centro los esfuerzos científicos, la promoción de la justicia climática y los derechos de la mayoría por sobre los intereses empresariales.

Allí están las contradicciones de las que deberá hacerse cargo Sebastián Piñera y su gabinete, y no en montar un show musical en medio del ex aeropuerto de Cerrillos.