A muchos alarmó el Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático en Chile, evidenciando que nuestro país se encuentra en un grado de vulnerabilidad enorme dentro del continente y América del Sur. Sin embrago, estos efectos y sus implicancias para nuestra zona son parte del cotidiano hace más de 15 años, en que hemos padecido una situación de sequía continuada. Una muy delicada situación, porque ya llega un punto en que urge garantizar el abastecimiento para el consumo humano en localidades de nuestra Región de Coquimbo. Claramente seguimos atravesando una galopante crisis hídrica.
En la Región de Coquimbo, el embalse La Paloma registra un déficit de 55% respecto del promedio, y el agro local está ya siendo obligado al reemplazo de cultivos debido a las áreas que están quedando sin riego. Entonces, no basta con una campaña de ahorro de agua o que las empresas sanitarias hayan hecho sus inversiones para optimizar el consumo, se requieren cambios estructurales. Estamos en 2021 y lo proyectado como tarea necesaria de avance en palear los efectos de esta escasez hídrica está prácticamente en punto muerto.
Los municipios solicitan al Gobierno que se retome la Mesa Nacional del Agua, creada en octubre de 2019. Claro, aún no vemos avances de la instancia anunciada con bombos y platillos. Los representantes locales insisten en la necesidad de acciones concretas como revestimiento de canales de regadío; entregar derechos de aguas a pequeños y medianos agricultores beneficiados por el programa de Agua Potable Rural; promoción del uso de lluvia sólida para cultivos y plantaciones; y capacitación, certificación de competencias en el uso eficiente y sustentable de los recursos. Medidas inmediatas que forman parte de soluciones a implementar y que es de toda lógica exigir.
Lo propio pide la Sociedad Agrícola del Norte, que insiste en la concreción de política pública que impulse la instalación de plantas desalinizadoras financiadas por el Estado para asegurar el consumo humano y la agricultura, reutilización de aguas servidas con nuevas plantas de recuperación en provincias más afectadas por escasez hídrica, modificando la ley relacionada con esta materia, modernización de la ley de riego, buscando mejorar las hectáreas cultivadas vigentes, entre otras medidas.
En regiones como Atacama, Coquimbo y Valparaíso, desde hace años, se ha planteando que frente a la escasez hídrica la solución tiene dos vías. Una de ellas, la instalación de desaladoras, aprovechando el agua de mar, repitiendo experiencias y copiando tecnologías que existen en otros países desarrollados que han logrado generar estrategias en materia del uso del recurso hídrico. Y el segundo, reflotar un viejo proyecto y sueño que tenemos en nuestra zona de contar con una carretera hídrica, que permita trasladar agua hacia el norte desde aquellas fuentes garantizadas en el sur del país.
Es urgente que estos debates se hagan con sentido de los territorios y sus necesidades, tomar medidas concretas ante una realidad que parece no ser una urgencia para el Gobierno. Pues en nuestra Región de Coquimbo, por ejemplo, su desarrollo ha sido postergado, impidiendo extender la experiencia existente en varias caletas de nuestra región donde hay instaladas pequeñas plantas que extraen el agua del mar, la transforman en agua dulce y, a través de ella, se garantiza el consumo. Se trata de programas que se han llevado adelante en conjunto con el sector privado, y donde están estancadas las acciones para lograr un mayor alcance.
La situación es apremiante a todo nivel, es preciso empezar a pensar en soluciones de mayor envergadura, de más largo plazo, que podamos seguir el camino trazado por coordinar los esfuerzos públicos y privados que apunten hacia dichos objetivos, y elaborar planes vinculantes, participativos. Es el momento, entonces, de definiciones y políticas de Estado, aun cuando eso signifique altos recursos financieros, aquello resulta imprescindible.
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