Responsabilidad compartida
La promulgación de la Ley de Fomento del Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor, tras dos años y medio de tramitación, representa un enorme avance para nuestra sociedad en muchos aspectos.
Es el primer paso para hacernos cargo de un problema grave, como es la enorme cantidad de basura que generamos con nuestro sistema de producción y hábitos de consumo: nada menos que 17 millones de toneladas anuales, de las cuales 6,5 millones son residuos domiciliarios que en la actualidad van a dar a los vertederos, generando contaminación, mala calidad de vida para las comunidades aledañas y riesgos como lo vimos empezando 2016, con el incendio en Santa Marta, en la Región Metropolitana.
El enfoque adoptado en esta Ley es la prevención (a través de la responsabilidad del productor) y la valorización de los residuos (mediante el fomento a la formalización de la industria del reciclaje). Ciertamente, un cambio sustantivo que sienta las bases para generar nuevos procesos. Sin embargo, a dos voces nos preguntamos, ¿movilizará realmente la ley a todos los agentes involucrados?
Para cambiar la cultura y “pasar de lo desechable a lo reutilizable”, como dice el ministro Badenier, se necesita la convicción, el involucramiento y la colaboración de muchos actores.Esa confirmación la tuvimos Odecu y Acción en enero de este año, cuando más de un centenar de personas, provenientes de empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, gobierno central y municipal participaron en el seminario “Una responsabilidad compartida”, donde analizamos los alcances y desafíos de este cambio.
Y, entusiastas, manifestaron su optimismo respecto a la importancia que en el país le estamos dando al problema de contaminación por basura. Pero, a la vez escépticos, dieron a conocer aspectos relevantes a considerar para que no se olvide ningún engranaje en un nuevo sistema nacional para recolección de residuos.
El énfasis en la responsabilidad del productor implica que las empresas tendrán que poner su energía y capacidad para generar productos y procesos de comercialización virtuosos, donde existan los incentivos y la información para que quienes los utilizan sepan disponer sus residuos.
Un sistema en el que los municipios y la industria del reciclaje, en la que participan pequeños, medianos y grandes empresarios, tendrán la responsabilidad de incentivar también la correcta separación de materiales y demostrar el buen resultado de esos esfuerzos, no menores para generaciones enteras acostumbradas a botar todo a la basura.
Sin esto último, si las personas no toman conciencia de que seguir desechando de manera indiscriminada la caja en que venía el cereal, las botellas de agua o los neumáticos que le cambiaron al auto, el sistema entero fracasa. Por eso, necesitamos más que nunca, reforzar la educación ambiental en todos los espacios posibles: escuelas, lugares de trabajo, juntas de vecinos, etcétera.
La nueva Ley nos brinda a los chilenos una oportunidad única para colaborar por un objetivo común, reducir el uso de los vertederos y generar nuevas oportunidades a través de la reutilización de materiales. Desde nuestros espacios, en la empresa y en los consumidores, esperamos hacer un aporte en este encuentro de objetivos.
Stefan Larenas, Presidente de ODECU es co-autor de esta columna.
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