Agustín Edwards Eastman: la única sanción

Ayer quedó definitivamente expulsado del Colegio de Periodistas el presidente de El Mercurio Agustín Edwards Eastman, al vencer el plazo sin que se presentara apelación al fallo dictado por el tribunal de Ética del consejo metropolitano a fines de abril.

Era el segundo intento. El primero fue hace catorce años, cuando Manuel Cabieses, director de Punto Final y consejero del Colegio pidió la máxima sanción que aplica ese tribunal al revelarse a través del Informe Church y documentos desclasificados de la CIA el grado de participación que tuvo Agustín Edwards en el golpe militar que derrocó al Presidente Salvador Allende.

Esta vez, la demanda la interpuso Javiera Olivares, Presidenta del Colegio de Periodistas, que en un texto muy fundamentado expone las razones, entre las cuales está también la conspiración que organizó el propietario de la empresa El Mercurio en Washington en 1970.

Logró que lo escucharan el jefe de la CIA Richard Helms, de la época, y el secretario de Estado y Consejero de Seguridad Henry Kissinger, a quienes entregó información acabada sobre las Fuerzas Armadas y la situación política. Incluso se les consultó si Estados Unidos entregaría apoyo logístico a una acción militar contra el gobierno del Presidente Allende y, una vez derrocado, si los golpistas recibirían reconocimiento diplomático de su país.

Hoy existen más documentos con una nueva desclasificación realizada el año pasado que prueban esos hechos. Todo esto se encuentra en el completo expediente del fallo de 78 páginas.

Aquella vez, en la demanda de 2001, no se aplicó ninguna sanción. Los tribunales éticos tanto metropolitano como nacional sobreseyeron a Edwards en aras de la libertad de conciencia, concediéndole al empresario su derecho a promover su ideología conservadora y su oposición al gobierno de la Unidad Popular, aún a costa de una conspiración[1].

Un fallo muy acorde a los tiempos. Pese a que había transcurrido ya más de una década del regreso a la democracia, las limitaciones que ésta tuvo por pactos secretos para salir de la oprobiosa dictadura y el miedo que todavía nos paralizaba contribuyeron a que se fallara según la doctrina de los acuerdos dominantes, que hacía guiños a la derecha en todo orden de cosas.

Los tiempos cambian y los chilenos hemos avanzado en nuestra débil democracia. Hoy ya eliminamos el sistema electoral binominal que nos rigió por décadas, con lo que la derecha ha perdido la fuerza tramposa que tuvo hasta ahora. También nos atrevemos a castigar a quienes nos sumieron en una dictadura.

Infractor de la ética periodística

Sin embargo, y pese a que los documentos norteamericanos comprueban fehacientemente la conspiración realizada por Edwards en las altas esferas de ese país, primero para que Allende no asumiera y luego para “desequilibrar” su gobierno, el fallo actual del TRED (Tribunal Regional de Ética y Disciplina) se basa en materias estrictamente atingentes a faltas deontológicas.

El juicio se centró en la NO defensa de su medio a las violaciones a la libertad de expresión cometidas tras el golpe, cuando se bombardearon y cerraron todos los medios favorables al gobierno democráticamente electo; ni protegió a periodistas que sufrieron persecución, prisión, tortura, muerte y exilio,  como obliga la Carta de Ética de los periodistas vigente a la época.

En especial, se refirió al caso de los 119 miristas desaparecidos, de quienes La Segunda informó que murieron “como ratas” por rencillas internas. Frente a la querella del hijo de uno de ellos, Ismael Darío Chávez Lobos, la defensa de Edwards asumida por su abogado Miguel Schweitzer, ex ministro de Pinochet, negó que su defendido hubiera tenido injerencia en la línea editorial del diario ni en la cadena de diarios de su empresa cuando ocurrieron aquellos casos.

Mejor aún, la investigación ética del tribunal del Colegio de Periodistas que encabezó la fiscal Doris Jiménez se abocó al único caso de “montaje” periodístico de El Mercurio cuando Edwards ejercía como director responsable: la publicación del 9 de abril de 1987 donde se acusaba a dos “jóvenes PC”, destacados con fotografía, de ser instigadores y ejecutores de los desórdenes promovidos por la oposición a la dictadura durante el acto masivo pro reconciliación nacional que el Papa Juan Pablo II presidió en el Parque O’Higgins durante su visita al país.

Derecho a réplica

Los  jóvenes fueron detenidos, torturados y puestos a disposición de la justicia militar y posteriormente, liberados de toda culpa, sin que el medio publicara ni media línea respecto de esta resolución. Luciano Fouilloux, abogado de la Vicaría de la Solidaridad, se querelló por “injurias y calumnias con publicidad” contra Edwards, el cual fue encargado reo y con arraigo por un año, resolución revocada entre gallos y medianoche por el juez Valenzuela Patiño, en medio del agitado ambiente previo al plebiscito de 1988. Edwards quedó libre de la encargatoria de reo y poco después,  el 15 de septiembre de ese año, sobreseído por la Corte Suprema.

Los jóvenes en cuestión eran en realidad militantes de la Acción Católica y no estuvieron presentes ese día en el parque. Jamás recibieron una reparación ni de la justicia ni de El Mercurio. A través de su abogado, Edwards se limitó a decir – no a publicar – que se había tratado de un error y no de una maniobra para desinformar.

Posteriormente, en los descargos al TRED, rememora el sobreseimiento del Poder Judicial en este caso y pide que el tribunal ético desestime la demanda contra su defendido por cuanto se trata de una “cosa juzgada”.

La sanción del TRED  de abril de 2015 que expulsó al periodista colegiado número 88 y con las cuotas al día, Agustín Edwards Eastman, se basa en su incumplimiento como director responsable del derecho a réplica de las víctimas Jaña y Barra, sobre cuya inocencia jamás se publicó una sola línea en El Mercurio. El fallo que lo expulsa del Colegio de Periodistas lo firman además de la fiscal, Humberto Zumarán, Pablo Vildósola, Hernán Avalos y Claudio Espinosa.  El sancionado tenía de 10 días para apelar al TRINED (Tribunal Nacional de Etica de la orden profesional), plazo que se cumplió el miércoles 13 de mayo sin novedades.

Esta sanción moral sería el único castigo que Edwards ha recibido hasta ahora. Por su responsabilidad en la destrucción de nuestra democracia durante 17 años, ninguno aún.

[1] La autora presidía el Tribunal Nacional de Etica del Colegio en ese momento, pero debió inhabilitarme por ser colaboradora y miembro del club de amigos de Punto Final, la revista del demandante.