La reciente aprobación de un segundo retiro de fondos previsionales, plantea algunas interrogantes que, aunque inicialmente teóricas, tienen consecuencias reales para el futuro del sistema. Cabe preguntarse, pues, cuál es la diferencia entre una expropiación de los ahorros y una autorización para retirarlos.
En la primera alternativa, el Estado expropia la totalidad de los fondos previsionales a la mitad de los cotizantes del sistema de AFP, y se los entrega a las mismas personas, vía indemnización, para que los destinen a consumo y así reactivar momentánea y efímeramente la economía.
En la segunda opción, se recurre a una triquiñuela constitucional, para autorizar a que la mitad de los chilenos cotizantes del sistema de AFP, puedan retirar el 100% de sus propios ahorros previsionales, con idénticos efectos sobre el consumo y la reactivación momentánea y efímera de la economía.
Aunque las diferencias entre expropiación y retiro parecieran ser de forma, la verdad es que, en el fondo, estamos en una situación que no presenta grandes diferencias. Bajo la falsa premisa de hacer creer a las personas que han hecho uso de sus ahorros para aliviar momentáneamente su situación familiar, en realidad lo que estamos presenciando es la más perversa, camuflada e hipócrita expropiación de los fondos previsionales.
Y lo más insólito es que los protagonistas de esta inédita expropiación, son los mismos cotizantes. Ellos son las verdaderas víctimas. Mientras que el destacado economista David Bravo calificó a los retiros como “la peor política pública de la que tengamos registro”, yo los calificaría como la autoexpropiación de los ahorros previsionales más grave de la que tengamos memoria.
Las consecuencias para la supervivencia del sistema de capitalización individual son previsibles. El segundo retiro del 10% y la cantidad de personas que van a quedar sin fondos previsionales, es decir, sin AFP, podría ser tal envergadura, que las que queden con AFP y ahorros previsionales serán cada vez menos.
En este contexto, una eventual propuesta de expoliación (esto es, una expropiación sin pago de indemnización) de los fondos previsionales, tendrá cada vez menos detractores y quienes aún tengan los fondos en las AFP, no tendrán apoyo político ni voz suficiente para contrarrestar cualquier intento de despojo.
Si miramos al otro lado de la cordillera, tenemos la nefasta experiencia de la estatización de los fondos previsionales, en 2008, bajo el gobierno de Cristina Fernández. Calificado como el “gran robo del siglo”, esta estatización del sistema de capitalización privado, implicó que Argentina rompiera cualquier noción de reglas del juego previsibles y desconoció el derecho de propiedad, algo que luego se transformaría en una constante en los gobiernos kirchneristas.
Pero en Chile, con ese afán de copiar las malas ideas de otros países, no lo hacemos nada de mal. El intento de parlamentarios del Frente Amplio por seguir los pasos transandinos, a través de un proyecto de ley que persigue similares propósitos, esto es, estatizando los fondos previsionales y derogando el sistema de AFP, es una clara manifestación de la demagogia y populismo imperante en el país.
¿Cuándo se jodió Chile, nuevamente? Probablemente los dos retiros de los fondos provisionales sean el comienzo del fin para el sistema previsional, si no se respeta la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en la materia. No exagero. El Congreso Nacional, al autorizar la autoexpropiación de ahorros previsionales, haciendo caso omiso a la contundente evidencia y a la opinión técnica transversal, le asestó un golpe mortal al sistema, consiguiendo el mismo efecto que la pretendida estatización del Frente Amplio.
De ahí la importancia, que el Tribunal Constitucional ponga un freno a futuros retiros de los ahorros previsionales a través de mecanismos de fraude constitucional.
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