Congreso se adapta o democracia entra en cuarentena

El COVID-19 y sus hasta ahora, 201 contagiados, ha sido un remezón a la cadencia histórica de nuestra estructura institucional y de los basamentos mismos del estado subsidiario. Es una crisis sanitaria es verdad, pero tan cierto como eso, es que es una crisis política y social.

Una alta tasa de contagios, especulación de precios en farmacias y supermercados, y una cultura del acaparamiento incrustada en el alma nacional, deben llamarnos la atención.

¿Cómo puede un país, en el que lo público es sinónimo de precariedad y abandono, resolver un problema de salud pública? La respuesta es una sola, tomando las riendas de la situación y teniendo el valor de sobreponer el interés de la gente, por sobre las mezquindades del mercado.

Lo sabemos, tenemos una Constitución que hace lo contrario, pone al mercado por sobre la gente, salvo en Estado de Excepción constitucional, mecanismo que al mismo tiempo refuerza el presidencialismo exacerbado.

Es por ello, que no hemos podido establecer una política de control de precios, ni cerrar los mall o las grandes tiendas. Y que incluso, de presentarse el COVID-19 en el parlamento, nos obligaría a dejar de sesionar.

¿Cómo puede un Congreso, que en su funcionamiento habitual y normado, sesiona exclusivamente de manera presencial, mantener el funcionamiento democrático de la nación en esta crisis, cuando no podemos reunirnos en una sala más de 50 personas? O nos adaptamos, o nos entregamos al gobierno de los decretos.

Los proyectos de privatización de la educación parvularia, la reforma a Carabineros o el ingreso mínimo garantizado, son todas formas de debilitamiento de lo público, que el gobierno pretende aprobar justo en el momento en que el país más necesita de lo público, y en el que se lamenta de haber entregado la salud al mercado.

Es por eso, que hemos sostenido de manera tajante y urgente la necesidad de que el Congreso cambie su manera de trabajar; poder sesionar por sistemas de teleconferencia, votar a distancia y lo que sea que haga falta, con el fin de no detener el debate.

Estamos en un momento crítico, necesitamos reformas legales urgentes, que permitan ordenar el mercado para que este funcione para los ciudadanos, que nos permita restringir las ganancias de las clínicas privadas y fortalecer el sistema público, dentro de muchas otras medidas que nos demandan una discusión lúcida y de cara a la ciudadanía.

Al mismo tiempo, necesitamos entender que la agenda política del gobierno seguirá avanzando y que de no darse una modificación en nuestro funcionamiento habitual, la misma razón neoliberal que nos tiene contra las cuerdas, se seguirá profundizando.

El debilitamiento de lo público no se solucionará con un Presidente neoliberal gobernando por decreto.

Estamos ante una crisis sanitaria, que también es una crisis política y social, nuestra apuesta es por lo público y para ello, no podemos debilitar la democracia.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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