Consumidores en la Constitución

Día a día aumenta el consenso en torno a los cambios que debería contener una nueva Constitución, pues sobre la antigua ya existen demasiadas críticas que apuntan tanto a su escasa legitimidad como a su contenido mismo.

Uno de los aspectos de fondo que -con justa razón- ha motivado cuestionamientos, se refiere a la definición de un estado subsidiario del mercado y no garante del adecuado respeto de los derechos de los ciudadanos.

Se trata entonces, de una conciencia extendida entre los ciudadanos sobre la urgencia de modificaciones profundas que contengan garantías básicas para todos los chilenos y chilenas en áreas de enorme importancia como la salud, la educación, la igualdad y los derechos civiles, entre otros.

Frente a este desafío, que debe convocarnos a todos, no podemos dejar fuera la sensación de impunidad que existe frente a una serie de abusos que han afectado a millones de consumidores, dando cuenta de un mercado altamente concentrado, asimétrico y desprovisto de la más mínima ética, cuestión que desde un tiempo a esta parte, ha provocado una justificada indignación de la opinión pública.

Son hechos que han quedado en la memoria colectiva y que con seguridad pasarán a la historia como verdaderos íconos de lo que no puede volver a ocurrir. Y me refiero al caso La Polar, a la colusión en las farmacias, a los cobros indebidos por parte de Cencosud y BancoEstado; a las malas prácticas de Cajas de Compensación, a los aumentos unilaterales de precio de los planes de las Isapres, a una tasa máxima convencional que ha sido el verdugo de muchas familias, al secuestro de las personas por parte de bancos, retail y otros que no han dudado en abusar y abusar.

En resumen y siendo sincero, a todo aquello que hace tan injusto y difícil emprender, avanzar y vivir en nuestro Chile.

Por eso es que estoy convencido que el consumidor debe y tiene que estar protegido en nuestra próxima Constitución Política. El Estado tiene que asegurar el buen funcionamiento del mercado y para ello debe dotar a las partes más débiles y vulnerables de la adecuada protección así como de la institucionalidad necesaria para cautelar sus derechos.

Los 34 mil millones de pesos de utilidades de las Isapres, durante el primer semestre de 2013 y los más de 3.350 millones de dólares de utilidades de la banca en 2012 son sólo muestras, y una burla para millones de chilenos que comprueban cómo unos pocos se enriquecen a costa de millones de chilenos que, se levantan cada mañana, trabajan, se esfuerzan, cumplen, pero a su vez en demasiadas oportunidades reciben a cambio ventas atadas, altas tasa de interés, cobro indebidos, un mal servicio, excusas, letra chica y una interminable cadena de portazos.

Establecer la protección de los derechos de los consumidores como un principio constitucional, como lo ha hecho Argentina, Perú y España, sería un avance, pero obviamente habrá que seguir trabajando, con superintendencias por objetivos, poderosas y dotadas de recursos para fiscalizar; un Sernac con potestades regulatorias, fiscalizadoras y sancionatorias; consumidores empoderados y organizados en asociaciones fuertes y adecuadamente financiadas así como un catálogo de leyes mejor estructuradas que frenen el chipe libre con que actúan muchas empresas, forman parte de esta tarea.

El próximo gobierno debe asumir este desafío enorme pero indispensable para levantar un cerco real frente al abuso, que permita “emparejar la cancha” y permitir un juego más equilibrado que dé auténticas oportunidades para que el esfuerzo logre derrotar la pobreza y sortear la vulnerabilidad.

Una economía al servicio de la persona y un Estado que provea de la regulación e institucionalidad necesaria para suplir la falta de ética del mercado se encuentran también en el camino para enfrentar la desigualdad.

Consumidores en el programa de Gobierno, consumidores en la nueva Constitución.