Entre las enmiendas presentadas al anteproyecto de nueva Constitución, han causado revuelo las del Partido Republicano, para morigerar las condenas a criminales violadores de derechos humanos y eliminar derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Aunque peligrosas, este tipo de medidas son parte del repertorio conocido de José Antonio Kast. Lo que sorprende es que Chile Vamos haya firmado cuatro: tres para restringir derechos sociales y una para crear un capítulo especial a las FF.AA. Las tentaciones de la derecha tradicional, por pactar con la extrema derecha para recuperar votantes decepcionados, puede llevarla a caer en una trampa, tal como le pasó al Partido Popular en las últimas elecciones españolas.
Veamos lo que dicen tres de las enmiendas comunes de la derecha. Primero, en vez de asegurar el deber del Estado de garantizar el acceso a la salud, como establece el anteproyecto en el literal b) del numeral 21 del artículo 16, en la Enmienda 117/2 la derecha prioriza la supuesta elección personal del recinto de salud, perpetuando que siga dependiendo del bolsillo de cada persona. En simple: clínicas e isapre con rango constitucional.
Del mismo modo, en la Enmienda 214/2 proponen constitucionalizar el modelo de las AFP bajo el "derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales", impidiendo en la práctica un sistema mixto donde prime la solidaridad y borrando de plano la propuesta de la ministra Jara. En educación, se pretende reemplazar el acuerdo de los expertos de izquierda y derecha de asegurar el deber ineludible del Estado "en fortalecer la educación en todos sus niveles y fomentar su mejoramiento continuo" (literal b) del numeral 22 del artículo 16, por la Enmienda 132/2 en que traspasan toda la responsabilidad a las familias. La educación pública: bien gracias.
Más allá de la inconsistencia de Chile Vamos respecto a sus promesas de campaña, en que proponían una Constitución que uniera a Chile, fruto de acuerdos y no de mayorías circunstanciales, el gesto de las enmiendas comunes habla de un fenómeno un poco más largo. Al menos desde el segundo gobierno de Bachelet algunos estudios han diagnosticado cómo la derecha ha tendido a abandonar su camino de moderación programática, en defensa de su identidad propia (véase el programa de Sebastián Piñera en 2017). Luego, el estallido social pareciera haber provocado una suerte de "huida hacia adelante", antes que llevar al sector a una autocrítica. De fondo está el diagnóstico electoral de que la irrupción de José Antonio Kast les ha quitado votos por derecha que deben luchar por recuperar.
Pero la evidencia internacional muestra que esto tiene al menos dos problemas. Por un lado, aunque se celebren en salones afelpados, las alianzas políticas con la ultraderecha alimentan a grupos violentos que ponen en riesgo a gran parte de la población. Según el New York Times, en Estados Unidos, de los 450 asesinatos cometidos por extremistas en la última década, 75% fue perpetrado por ultraderechistas.
Por otro lado, los decepcionantes resultados del candidato Alberto Núñez Feijóo (PP), quien no logró la mayoría absoluta para formar gobierno en España, cuestionan la creencia de que radicalizar el discurso es efectivo para evitar un desfonde "por el lado derecho". Esto es particularmente atendible si se observa que en las últimas elecciones se ha votado más en contra que a favor de algo.
En definitiva, Radomiro Tomic decía que "cuando se pacta con la derecha es la derecha la que gana", habría que agregar que cuando se pacta con la ultraderecha, es la ultraderecha la que gana.
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