Cuatro años del estallido social: balances y proyecciones en un gobierno de izquierda
Hace cuatro años, el pueblo de Chile protagonizó una protesta sin precedentes. Millones de personas tomaron las calles exigiendo una vida más justa e igualitaria. Lamentablemente, algunos insisten en llamarlo "estallido delictual" y es una afrenta a todas las personas que participaron de manera legítima en estas manifestaciones.
Y es que la derecha, empapada de la lógica neoliberal, supone que la sociedad se compone de intereses individuales, en la que cada quien reclama por su propio malestar. Bajo esa lógica, fueron muchos y muchas quienes interpretaron la revuelta social como un estallido; una explosión que sumaba un sinfín de malestares individuales e irracionales. Pero nada más lejos de la realidad.
Caso más conocido es el de Carlos Peña, quien tildó las evasiones masivas y los saltos a los torniquetes como "pura pulsión, pura energía acumulada de adolescentes mimados y sobrevalorados", aludiendo a que no hay racionalidad ni soporte en las movilizaciones que iniciaron los y las estudiantes secundarias. Y además de irracionales, individualistas. Sin embargo, si esto fuera una cuestión fundamentalmente individualista, no hubiera existido la multitudinaria marcha del 25 de octubre o las diversas formas de cooperación y organización entre manifestantes.
Esta conmemoración nos invita a reflexionar sobre el camino que hemos recorrido desde entonces, y a analizar por qué todavía no se han resuelto los conflictos sociales y las demandas por mejores condiciones de vida que dieron origen a una revuelta social, no un estallido delictual, no un golpe de estado no tradicional, y no una guerra. Por un lado, tenemos la falta de diálogo y la intransigencia por parte de la derecha para llegar a acuerdos necesarios en pos de reformas estructurales. Pero no podemos obviar los errores cometidos por la izquierda, al no priorizar las urgencias más inmediatas de la población.
El actual Poder Legislativo no ha sabido estar a la altura de estos desafíos. Las fuerzas conservadoras están atrincheradas en las dos Cámaras y solo necesitan convencer a algunos parlamentarios y parlamentarias indecisas para sabotear las grandes reformas, como ocurrió en el rechazo a la reforma tributaria que financiaría otras transformaciones. Esta situación de constante sabotaje no ha hecho más que acrecentar el descontento y la desconfianza en la política.
En la campaña presidencial de 2021, el programa de Gabriel Boric se convirtió en un faro de esperanza y fueron millones de chilenos y chilenas las que depositaron su confianza en él. Este programa recogió las grandes demandas manifestadas el 18 de octubre de 2019 que exigían salarios dignos, un sistema de seguridad social sólido, reducción de jornada laboral, erradicación de la violencia en el trabajo, mejor salud, educación de calidad, erradicación de la violencia machista, entre otras. Lamentablemente, no ha sido fácil dar cumplimiento a dicho programa y hoy más que nunca, se vuelve imperioso recuperar ese camino.
Es crucial recordar que estas transformaciones son fundamentales para corregir las injusticias que han persistido durante demasiado tiempo. Las trabajadoras y trabajadores chilenos han soportado malos sueldos, maltratos, jornadas extenuantes, malas pensiones y condiciones laborales precarias. Dado el contexto mencionado, la organización y la movilización siguen siendo vitales para mejorar estas condiciones. Para que se conviertan en realidad, debemos retomar la iniciativa política en las calles y presionar a las instituciones, especialmente a aquellas que se oponen al cambio.
Por otro lado, no podemos olvidar que aún existe impunidad en los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el estallido social. Amnistía Internacional documentó la brutalidad de la violencia ejercida por el Estado en su informe titulado "Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de los mandos durante el estallido social".
Este informe señala que las acciones y tácticas implementadas por los cabecillas de Carabineros condujeron a una violación generalizada del derecho a la integridad personal. A pesar de esto, hasta la fecha no se ha procesado a ningún alto mando de esta institución por su posible implicación. Además, el mismo organismo señala que de las 10.568 denuncias presentadas, sólo 0,2% ha conseguido justicia: tan sólo 27 condenas. El escenario preocupa, pues nos enfrentamos a la prescripción de los abusos cometidos por parte de agentes del Estado. Estas heridas no sanarán hasta que se haga justicia y se responda por los abusos cometidos.
Es fundamental que la izquierda, y la ciudadanía en general, nos unamos en este proceso. Esta es la clave para lograr avances significativos y superar los obstáculos que enfrentamos en el camino hacia un Chile más justo y equitativo. La lucha continúa, y en conjunto podemos construir un país en el que los derechos de todos y todas sean respetados y protegidos.
En este cuarto aniversario del estallido social nuestro llamado es a recuperar la movilización y exigir el cumplimiento del programa que nos situó en la institucionalidad. La tarea no está completa, y los resultados no están garantizados. Todo depende de nuestra capacidad para presionar juntos y juntas, y lograr avances que beneficien a la mayoría.
Desde Facebook:
Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado