El peso de la noche

Marisol Aguila Bettancourt

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"La autoridad debe ser fuerte porque nuestro país -en esta hora- así lo demanda, no para someter, sino para proteger", sentenció el recién asumido Presidente José Antonio Kast en su primer discurso en la Plaza de la Constitución, dando luces inequívocas de lo que será el sello de un gobierno que cataloga como de "emergencia", que no dudará en imponer firmeza y "mano dura" sobre la base del miedo y la altísima percepción de inseguridad (por sobre la real comisión de delitos) que reina actualmente en el país, en el contexto de la ola de regresión autoritaria y conservadora que se expande a nivel regional y global.

En la misma alocución, Kast citó el espíritu portaliano de los albores de la República, señalando que un país debe gobernarse con carácter, lo que implica estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer, aunque sea incómodo. Es el "peso de la noche" en que el orden social se mantiene por una autoridad fuerte, que incluso presupone sobreponer el orden público por encima de las libertades civiles.

La asunción del primer Presidente en democracia de ultraderecha y con un ideario pinochetista (que a nivel simbólico se expresa en el escudo en la banda presidencial y en términos de gestión, en el nombramiento de dos ministros defensores de Pinochet) ocurre en un clima social marcado por la desconfianza en las instituciones y el debilitamiento de la democracia como régimen político.

Alarmantemente, las encuestas señalan que más de la mitad de los chilenos cree que un gobierno autoritario combatiría mejor la delincuencia y más del 46% de la población, estaría dispuesta a sacrificar libertades individuales en función de la seguridad.

Cifras extremadamente preocupantes, considerando que un aliado político de Kast, como Nayib Bukele en El Salvador (que finalmente no vino al cambio de mando), erigido como modelo de orden y seguridad por gobiernos autócratas, está acusado por expertos internacionales de crímenes de lesa humanidad por haberse cometido asesinatos, torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas durante el régimen de excepción que impuso.

En términos de las investigaciones de la socióloga y directora del Instituto Milenio Autoridad y Regulación Social (ASOR), Kathya Araujo, el temor de las autoridades de perder el control o ser desbordadas explica por qué muchas veces se recurre a formas autoritarias de ejercer el poder. Históricamente ha prevalecido en la región latinoamericana el modelo de autoridad autoritaria, más basado en la obediencia que en el consentimiento de los gobernados.

Sin embargo, las sociedades contemporáneas experimentan una reconfiguración y cuestionamiento a la autoridad, con impactos en la regulación social de las asimetrías de poder (en la familia, la organización del trabajo o el poder político). En definitiva, la legitimidad que sostiene a quien ejerce la autoridad dependerá de la percepción de eficacia del cumplimiento de sus promesas por parte de una ciudadanía cada vez más exigente de los gobiernos de turno, con lunas de miel cada vez más cortas tras su instalación.

Lo que antes eran jerarquías estables y obediencia automática, hoy es un cuestionamiento a esas estructuras, mayor exigencia de justificación de la autoridad y un trato igualitario.
En ese sentido, no contribuye a la conformación de una Autoridad que implique reconocimiento y legitimidad de quienes obedecen (en contraposición a la Dominación basada en la coerción o imposición) el grave anuncio presidencial de la posibilidad de indulto a uniformados condenados durante la crisis social de 2019.

Se trata de agentes del Estado que cometieron graves y masivas violaciones a los DD.HH., tales como homicidios, apremios legítimos, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, violencia innecesaria condenados por procesos judiciales por violencia institucional, como el caso del capitán de Ejército José Faúndez, condenado a 15 años de presidio efectivo por el homicidio del ecuatoriano Romario Veloz, que sólo tenía 26 años.

Los casos de violencia institucional durante el estallido representan el 37,5% (12 mil) de los 32 mil casos totales consignados por el Ministerio Público, de los cuales casi el 90% fueron archivados. Apenas unos 400 tuvieron sentencia y de ellos, sólo unos doscientos uniformados fueron condenados.

En definitiva, las graves vulneraciones a los derechos fundamentales se mantuvieron mayoritariamente en la impunidad, lo que se profundizaría con la absolución que esbozó Kast, que sentaría un pésimo precedente de abuso y desproporción del uso de la fuerza por parte de agentes de las fuerzas armadas y orden público. Ello se suma al populismo penal que aprobó la ley Naín Retamal y la figura de la defensa legítima privilegiada, que permitió la absolución del exoficial Claudio Crespo, aun cuando el tribunal reconoció que le disparó a los ojos al actual diputado Gustavo Gatica, dejándolo ciego.

Un indulto sería una gravísima señal que contraviene las garantías de no repetición de estos delitos, que se sumaría a la alta impunidad y prescripción de estos casos tras cinco años de ocurridos los hechos y que socavaría gravemente la autoridad presidencial al intentar empatar indultos a víctimas con victimarios.