El problema migratorio real son los favores de Piñera a Trump

La condición de los inmigrantes en Chile debe atenderse. En eso hay claridad y un acuerdo relativamente transversal. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), actualmente el país cuenta con una población de 1.492.522 personas inmigrantes. Aumento explosivo, si consideramos que según el mismo INE, en 2017 dicha población llegaba solo a 746.465 personas.

Un crecimiento del cien por ciento en el lapsus de dos años, que llevó a que la inmigración pasara de un 4,4% de la población nacional, a cerca de un 10%. Es por ello que desde los diferentes sectores de la oposición, hemos intervenido de manera activa en la actual ley que tramita el ejecutivo en el Congreso Nacional.

Creemos en la regulación de la inmigración, pero no en la denostación de las y los migrantes, de la misma manera en que tenemos la convicción de que cualquier decisión al respecto debe hacerse con el respeto irrestricto del Derecho Internacional. Actualmente, según datos de la Organización de Naciones Unidas, tenemos a 650.151 chilenos y chilenas viviendo en el exterior, el respeto y la observación de sus derechos es lo mínimo que podemos pedir.

Es en el contexto de esta discusión, que el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, ha sostenido que ha habido un aumento de ingresos clandestinos, principalmente de ciudadanos venezolanos, por pasos no habilitados en la zona norte del país.

Desde su lectura, particular lectura, dicho aumento habría sido provocado por dos indicaciones de la oposición a la ley de migraciones. La primera de ellas, que propone un plazo de noventa días para que los extranjeros irregulares en el país pongan al día su situación. La segunda de ellas, que propone una visa para ingresar a buscar trabajo al territorio nacional, mal llamada de turismo laboral.

Habrá que puntualizar que hemos sido críticos de esas indicaciones, las hemos tomado reflexivamente y apoyamos la primera, pues son personas que independiente de la regularidad de su situación han estado aportando al país y es un gesto de buna voluntad mínimo, reconocerlas.

Pero no apoyamos la segunda, pues somos conscientes de que el aumento de la fuerza de trabajo disponible repercutirá indefectiblemente en el desempleo y las condiciones de empleabilidad, particularmente frágiles con nuestro actual 13% de desempleo.

No obstante ello, hay que decir que la visión que ofrece el subsecretario Galli, no solo es inadecuada, sino que a nuestro entender mal intencionada, pues busca hacer responsable a la oposición de un problema que generó el mismo Gobierno, mediante la súper visibilización de un hecho que, en realidad, es bastante puntual y acotado.

El Subsecretario ha relevado los datos acerca de que agosto es el mes con más ingresos clandestinos en el año 2020, lo que es cierto, pero lo que no dice es que tal y como lo señala una investigación de Jesuita Migrante, entre enero y julio de 2020 la policía registró 3.949 ingresos por pasos no habilitados, en circunstancias que durante todo 2019, se contabilizó un total de 8.048 ingresos clandestinos. Es decir que, por más que agosto haya registrado un alza anual, desde una visión global de la migración irregular en el país, con esta alza a duras penas se alcanza el 50% de la migración irregular del año pasado, cuando no se tramitaba el proyecto ni se habían presentado las indicaciones.

¿Qué quiere ocultar el subsecretario? Hagamos otro alcance estadístico para entenderlo. Cito textual al INE: “gran parte del aumento en la población migrante se explica por el crecimiento asociado a la comunidad venezolana, que se instala como el grupo extranjero más numeroso en el país, aumentando un 57,6% respecto al año 2018, y alcanzando un total de 455.494 personas, equivalente al 30,5% del total de inmigrantes extranjeros en el país”. Periodo que coincide con la creación de la visa de responsabilidad democrática para ciudadanos y ciudadanas de Venezuela.

Es eso lo que quiere ocultar el gobierno, que el actual problema migratorio no está dado por la migración irregular, sino porque el presidente Piñera en su afán por hacerle la comparsa al presidente Trump en sus intentos por desestabilizar a Venezuela, abrió las puertas más de 300.000 venezolanos entre 2018 y 2019, invitándolos a venir para luego dejarlos abandonados. Los llamó a Chile para dejarlos en trabajos precarios cuando tienen suerte de ser empleados, con servicios deficientes y con las solas ganas de regresar, tal como recientemente hemos visto por las pantallas de TV.

¡Subsecretario, el problema no es la migración irregular, es la migración regular que ustedes facilitaron!

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