Es urgente una ley de salud mental

En los últimos meses, diversos profesionales que trabajan por la salud mental se han acercado a plantearnos las distintas dificultades que tienen en su quehacer cotidiano.Desde la falta de medicamentos, la necesidad de contar con más psiquiatras en la Atención Primaria de Salud (APS), el drama de las listas de espera.

Reflexionemos un minuto sobre esto mirando nuestra historia reciente: hemos padecido una brutal dictadura, liderada por Pinochet. El autoritarismo no sólo impactó en las familias que vieron a algunos de sus integrantes detenidos, desaparecidos, torturados, exiliados o muertos.También impactó en el imaginario colectivo: el miedo, el silencio, la arbitrariedad y las consecuencias psicosociales que se instalan en sociedades con eventos traumáticos.  

Paralelamente -tutelado y aplaudido por los más poderosos de aquí y de allá-  se instaló un sistema económico que consagró la inequidad, la injusticia y la explotación conocido como “neoliberalismo”.

Los efectos trágicos de este sistema son menos evidentes que los de una dictadura, pero son tanto o más devastadores en la salud mental personal, familiar y social.

¿Cómo dimensionar el daño psíquico y social que sufren miles y miles de familias en las cuales madre y padre salen de su casa a las 6:30 de la mañana y vuelven del trabajo en la noche? Los colegios culpan a los padres de los problemas de sus hijos. Estos responsabilizan a los colegios, pero más allá de quien tiene la culpa, ¿qué podemos hacer para remediar los problemas que este sistema genera?

Es imposible enumerar todas las injusticias de este sistema neoliberal –que no hemos podido o no hemos querido cambiar- pero sí se puede asegurar que, en su conjunto, este modelo constituye un feroz atentado a la salud mental de la mayoría de la población.

Según se releva en el Segundo Informe sobre el Sistema de Salud Mental en Chile (2014), realizado por un equipo de destacados profesionales encabezados por el siquiatra Alberto Minoletti, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, un 23 % de la carga de enfermedad en el país corresponde a enfermedades de salud mental.

En este estudio se señala que Chile destinó a salud mental en el 2012 el 2,16% de su presupuesto de salud, muy lejos que el promedio de los países de ingreso alto que gastan 5,10% de su presupuesto sanitario en este ítem.

Al analizar el valioso estudio de Minoletti –que contiene una presentación de la ministra de Salud, Helia Molina- es claro que pese a algunos avances, nos falta mucho por hacer.

Uno de los aspectos que más destaca este informe es que Chile “no dispone de una legislación específica sobre salud mental”. Por supuesto que existen varias leyes que abordan el tema, pero no una ley de salud mental propiamente tal.

Minoletti y sus colegas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile mencionan, entre otros muchos defectos del sistema de salud mental en Chile,aspectos relevantes.

• El derecho de las personas con discapacidad mental para conocer la información de su ficha clínica puede ser negado a criterio del médico tratante, en contraposición con el estándar de la OMS.

• No se contempla la creación de una autoridad independiente para supervisar las hospitalizaciones involuntarias.

• No se reconoce el derecho exclusivo de las personas con discapacidad mental a dar consentimiento para procedimientos irreversibles (como es el caso de la esterilización y psicocirugía).

En ese estudio también se da cuenta de las inequidades del sistema. Para muestra basta un botón: el acceso a tratamiento de salud mental de los beneficiarios de ISAPRES es 8 veces superior al de los beneficiarios de FONASA.

Una ley de salud mental para Chile

Reconociendo los avances sanitarios en el campo de la salud mental en la últimas décadas, y las iniciativas de la Nueva Mayoría que afectarán positivamente la salud mental de chilenos y chilenas, resulta imprescindible contar pronto con un marco legislativo que aborde distintos aspectos de la salud mental, desde un enfoque integrador que considere la importante incidencia de los determinantes sociales.

El actual marco legislativo resulta insuficiente para garantizar el financiamiento de los servicios, la calidad de la asistencia, proteger derechos de los usuarios aún no tomados en cuenta, incluir plenamente a los pueblos originarios en las soluciones, disminuir las listas de espera con especialistas y profundizar el enfoque comunitario desde la Atención Primaria de Salud (APS).

Una nueva ley de salud mental debe considerar, entre otros aspectos fundamentales:

El papel del Estado como garante en la promoción de la salud mental de personas y colectivos; de la atención oportuna y de la rehabilitación y reinserción de personas con trastornos de salud mental.

Los efectos traumáticos en el pueblo chileno de la pasada dictadura.

El peso en la salud mental de las familias y comunidades del modelo económico neoliberal que mantiene a un porcentaje importante de la población en estado de estrés.

El consumo abusivo de drogas legales e ilegales.

El  endeudamiento de las familias, entre otros factores reconocidos por la OMS como determinantes sociales de la salud.

Los altos niveles de alcoholismo, la tasa de suicidios, los femicidios, el acoso laboral y escolar (bullying), y las dificultades para la aceptación de las diversidades en un país geográfica y culturalmente diverso.

El Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría ya ha cumplido una década y debe existir una nueva versión, en el menor tiempo posible. 

Una Ley de Promoción, Prevención y Rehabilitación en Salud Mental, debe estar centrada en los Derechos humanos de las personas afectadas por problemas de salud psíquica y de quienes integran su red de cuidados.

Legislar en Salud Mental es un imperativo para un país que pretende un  desarrollo incluyente de todas y todos, y que tiene como horizonte ético - eso creemos firmemente–los máximos niveles de equidad y  solidaridad en la búsqueda del buen vivir del pueblo chileno.