Falta de empatía

El último paro de funcionarios públicos, en víspera de fin de mes y del fin de semana más largo del año, ha traído con mayor fuerza los cuestionamientos de la ciudadanía a las recurrentes presiones de asociaciones de empleados públicos por aumentos salariales, en medio de la difícil situación económica y fiscal, que se han esparcido por las redes sociales más que antes.

Desde luego éstos han sido respondidos, a veces virulentamente, por quienes piden mayor empatía a los funcionarios públicos por sus necesidades familiares, la misma empatía que Nelly Díaz pidió el año pasado con el más extenso paro del Registro Civil, la misma empatía con las necesidades y familias de usuarios, que ellos no tienen.

Por su naturaleza no podemos medir ni exigir a los funcionarios públicos con la misma vara con que evaluamos a los trabajadores del sector privado. A diferencia de estos últimos, los primeros no trabajan para maximizar el beneficio a un propietario o gerente, cliente principal, que puede desvincularlos con relativa facilidad, si no que todo el provecho de su trabajo debe ir hacia los usuarios, que en su mayoría son los más vulnerables de la sociedad, mucho más vulnerables y necesitados que nuestros pobres empleados públicos  y/o no tienen otra alternativa de atención, como en el caso de servicios como Registro Civil, SML o para la mayoría de la población los hospitales y consultorios públicos.

Historias desgarradoras dejó el paro de más de un mes del año pasado encabezado por Nelly Díaz, y sólo la prepotencia y egoísmo de ella y los demás dirigentes, aplastaban como una potente bota, a los indefensos ciudadanos.

El empleado público debe ser una persona abnegada, con un espíritu de servicio y entrega a la sociedad que se anteponga a sus intereses egoístas, que esté siempre en el lugar del usuario, que sepa que a cada minuto que está no por encima si no por debajo de quienes debe atender y servir, y que esté dispuesto a dar “la vida si es necesario” por su país.

La misma lógica que se aplica a otros cuerpos de servicio público, como policías, bomberos y fuerzas armadas ¿se imaginan si en Chile carabineros se sindicalizara e hiciera un paro como los ocurridos hace un par de años en Argentina, cuando el país se vio sumergido en una ola de inseguridad y saqueos? ¿O que aprovechen sus armas para ejercer medidas de presión como el intento de golpe de Estado en Ecuador de 2010?

Vivimos en el absurdo de un país en que los ciudadanos actúan tremendamente empoderados al reclamar ante un simple trabajador de una empresa de retail, que no es culpable de los abusos que comete su empleador y probablemente sea más víctima del sistema que el mismo cliente que reclama, pero agacha el moño y siente “empatía” ante los abusadores que ocupan el arma de su monopolio atropellando a la gente. Es hora que Chile despierte.

Es necesaria una reorganización completa del estamento público que además de adaptarlo a las necesidades del siglo XXI, refuerce su sentido de misión y servicio público. Servir y no servirse.

Es necesario como primer paso abolir el Estatuto Administrativo, con la injustificada discriminación entre trabajadores a planta, contrata y honorarios, que entrega extrema rigidez a unos y extrema precariedad a otros. Es necesario la formación de Oficiales de la Administración Pública en régimen similar al de las fuerzas policiales y militares, en régimen de internado en una Academia Matriz que los forme en firme disciplina y de la baja a quienes anteponen el beneficio propio al del país.

Por último necesitamos una ciudadanía que les recuerde y exija su deber de servidores, que se organice y contramanifieste ante los abusos de las mafias sindicales. No tengamos miedo en levantarnos contra el abusador que se burla de nosotros mientras disfruta del sueldo que –cada vez que compramos el pan- nosotros le pagamos.

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