Inmigración en Chile, clave para el desarrollo
En diciembre del año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante.
Dos décadas después, el tema sigue siendo uno de los focos centrales en nuestro país sin considerar la multidimensión y los altos impactos sociales, culturales, políticos, demográficos y económicos que ésta conlleva.
Si bien somos el país N° 110 en porcentaje de inmigración, el problema es que sólo en los últimos 3 años ingresó el 46% del total de migrantes en Chile.
El Banco Central indicó en su último Informe de Política Monetaria (IPOM) que "la migración puede ser un motor importante para el crecimiento tendencial del Producto Interno Bruto (PIB)".
Datos del Departamento de Extranjería y Migración señalan que la llegada de extranjeros aportó más de US$200 millones al Fisco, entre 2010 y 2017, relativos al pago de derechos de visa, importes propios del trámite de residencia definitiva, nacionalidad y el pago de multas.
Y las cifras serían mucho mayores, ya que lo anterior no incluye el aporte que hacen por el pago del impuesto a la renta.
Estudios plasmados en ‘Oxford Economic Papers’ o ‘The Journal of International Economics’, han demostrado que la movilidad del empleo contribuye al crecimiento de las economías OCDE, a través de un incremento en la productividad, AUMENTANDO el PIB per cápita del país huésped.
La evidencia empírica demuestra que la inmigración no ha producido efectos negativos ni en el salario ni en el empleo.
Ello sólo podría generarse cuando existe al menos un 10% de participación de los migrantes.
El bajo crecimiento de los salarios es producto de un efecto rezago en el mercado laboral y, probablemente, porque han comenzado a aparecer mayores procesos de automatización.
A sabiendas que la demanda por trabajo no está completamente cubierta por los trabajadores locales, es obvio que la inmigración debiese mantenerse.
Incluso, se prevé tenga un mayor impacto por factores como la caída en la tasa de natalidad local, que nos ubica como el país de América Latina con la más baja tasa de natalidad, pero muy similar a los países miembros de la OCDE.
Más claro echarle agua: aparte de su diversa empleabilidad, la llegada de extranjeros compensa el irreversible proceso de envejecimiento de nuestra población.
Hasta el 2015, el 14,7 % de la población superaba los 60 años de edad. En 2050, esta cifra excederá el 28%.
Proyecciones de la División de Población de las Naciones Unidas demuestran que mientras en 2015 había 6 personas de 15 a 64 años por cada mayor de 65 años, a 2050 habrán sólo 2.
En términos económicos, habrá menos activos sosteniendo pasivos, puesto que son los primeros los que deben producir los bienes y servicios que los otros consumen.
En este escenario, resulta fundamental que Chile tenga una política inmigratoria adecuada a sus capacidades, pero visionaria sobre los potenciales efectos positivos en el desarrollo sociodemográfico de nuestro país.
Chile puede seguir siendo un receptor de inmigrantes y, para ello, debe adecuar sus procesos de regularización e inclusión social para evitar que el sueño de una vida mejor se frustre por nuestra incapacidad.
La apuesta es enorme en materia de crecimiento, sostenibilidad fiscal y previsión social. Urge tomar medidas desde ya.
Países de la OCDE ya están aplicando políticas que buscan extender la fase activa de la población, posponiendo el retiro, así como también políticas amigables con la familia, como son facilitar el cuidado de niños, permisos parentales con corresponsabilidad, entre otros.
El impacto beneficioso de la inmigración sobre el crecimiento económico, ocurre a través de varias vías: productividad, capital físico y capital humano. No podemos cerrarnos a visiones antojadizas y carentes de sentido.
De lo contrario, parafraseando a la cientista política Florencia Serra, “atrasar la integración de estas nuevas personas que ya son parte de nuestra sociedad, sólo puede generar resentimiento. Y estas sensaciones generan a la larga graves problemas sociales”.
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