La CNA y el poder del mercado

Hoy el sistema de acreditación de la educación chilena se encuentra en crisis. Muchos tratan de buscar responsabilidades en los distintos actores: en la desidia del ministerio de Educación, en la legislación que ampara el sistema, en la aparente falta de probidad de algunos de sus integrantes, en el lucro como piedra angular del sistema de educación superior, etc. Sin duda la responsabilidad es compartida. La discusión se ha trasladado al Congreso y como legislador me toca referirme a ciertos hitos relevantes que nos han llevado a la actual crisis.

A pesar de que no era diputado en la época en que se discutió la ley 20.129 que creó el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y que dio nacimiento a la Comisión Nacional de Acreditación como ente que certifica la calidad de los planteles de educación superior y sus carreras, la discusión que se dio en ese entonces enfrentó a dos posturas: la del Ejecutivo de ese entonces que pretendía “establecer mecanismos que permitieran dar garantía pública de la calidad de las instituciones de educación superior y de los programas y carreras que ofrecen” y la de parlamentarios de derecha, especialmente de la UDI, que se opusieron a la creación de dicho sistema señalando que el proyecto era inconstitucional porque, según ellos, vulneraba la libertad de enseñanza pues sería un ente público el que certificaría la calidad estandarizando la educación superior.

En ese entonces se opusieron firmemente a que sólo las universidades acreditadas pudiesen acceder al financiamiento. Argumentaron también que lo único que interesaba era que existiera más información para que los estudiantes pudiesen “tomar mejores decisiones” y que incluso, si existía más y mejor información, el proyecto ni siquiera era necesario.

Finalmente, y después de una larguísima discusión, el proyecto fue despachado del Congreso en el 2006.

Después de un tiempo prudente, y de los hechos que han sucedido en los últimos días me gustaría saber qué piensan y cómo evalúan el sistema los parlamentarios que participaron de esta discusión y que defendían a brazo partido estas ideas.

Probablemente señalarán que el problema no fue la ley sino las malas prácticas de algunos, argumento que se invalida con el anuncio del Ejecutivo de enviar un proyecto de ley que modifique profundamente el sistema de acreditación.

Así, el debate vuelve al Congreso. El Ministro ha dicho incansablemente que si contáramos con una Superintendencia de Educación Superior estos hechos no hubiesen sucedido, delegando su responsabilidad en el Congreso.

Pues bien, después de un estudio profundo del proyecto de ley que envió el Ejecutivo se concluye que la Superintendencia, tal como está hoy, en lugar de prohibir o fiscalizar el lucro regularía el negocio de la educación superior a través de la fiscalización de los contratos entre los alumnos y las universidades (función que hoy ya cumple el Sernac) y la supervisión de que los contratos entre las universidades y sus empresas relacionadas sean “en condiciones de equidad similares a las que prevalecen en el mercado”.

Esta propuesta es coherente con el discurso de la derecha que señaló, cuando se rechazó el informe de la Comisión investigadora de la Educación Superior (más conocida como “Comisión Lucro”), que se debía poner en discusión si se debía o no permitir el lucro en la educación.

Siempre señalamos que esto ya estaba zanjado por la ley: el lucro en la educación superior está prohibido.

El Presidente Piñera señaló el domingo pasado: “yo comparto que si la ley actual prohíbe el lucro, entonces tenemos que prohibir el lucro”.

Pues bien, estas declaraciones son contrarias a algunas de las ideas matrices del proyecto que crea la Superintendencia y al discurso que ha sostenido la derecha y el Ministro Beyer en los últimos meses que va en la dirección de proteger a las instituciones que han inclumplido la ley.Los innumerables llamados a que el Ministro fiscalice a dichas instituciones no han sido escuchados.

Cuando esto le fue solicitado en la Comisión de Educación del Senado el jueves 29 de noviembre él señaló que no iban a realizar “una cacería de brujas”.

Es más, confirmé que el Ministro no tiene ninguna intención de fiscalizar cuando leí en un diario de circulación nacional el fin de semana pasado que Juan José Ugarte, Jefe de la División de Educación Superior, señaló que a principios de este año recibió un mail anónimo que adjuntaba un contrato entre la Universidad del Mar y la Sociedad Gestión Limitada firmado por Eugenio Díaz.

A pesar de ello Juan José Ugarte señala en la misma entrevista que “nunca hubo señales para anticipar el comportamiento de Díaz” y el Ministro expresó en junio pasado que “no tenía denuncias formales” contra ninguna universidad ¿Debemos pensar entonces que el Ministro miente públicamente?

Hoy es aún más patente que teníamos razón cuando estudiamos el Sistema de Educación Superior en la Comisión Investigadora ¿Para qué se compran acreditaciones si no es para acceder a recursos públicos a través del financiamiento a los estudiantes?

Y el caso de la Universidad del Mar demostró que en algunos casos el acceso a estos recursos no se destinan a mejorar “el proyecto institucional” de algunas universidades privadas, sino directamente al bolsillo de sus dueños o controladores.

Hoy todo el sistema está cuestionado y estamos convencidos de que los hechos de los que hoy somos testigos son sólo la punta del iceberg. Es por ello que continuaremos con nuestros llamados al Ministerio a que cumpla con su deber y fiscalice a todas las instituciones de educación superior sin distinciones, sobre todo aquellas que el mismo Presidente Piñera señaló que son tan malas que “no merecen seguir existiendo”.

Hago también un fuerte llamado a la ciudadanía a que se informe y siga de cerca la discusión que se viene en el Congreso, no sólo de la nueva institucionalidad para la CNA sino también el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior y todos los proyectos relacionados.

Toda la información está disponible en las páginas web de la Cámara de Diputados y del Senado, incluyendo las sesiones de Sala y de Comisión en el caso de la Cámara.

Al parecer es la presión de la opinión pública la única que provoca alguna respuesta de parte del Ejecutivo y sobre todo de un Ministro que no escucha ni siquiera a la Contraloría General de la República que señala que la asistencia de sólo al 29% de las sesiones de la CNA de Juan José Ugarte “amerita la instrucción de un procedimiento disciplinario por parte del ministerio de Educación” cuestión que fue desestimada por el Ministro.