Límite de reelección y su camisa de fuerza

Es un rating que agradezco, porque como en pocos casos, el trámite de dicho texto concitó el interés mediático que ya se quisieran muchos de los proyectos de envergadura. Es sano que la ciudadanía tenga acceso y se informe a conciencia respecto toda materia que discutimos para que no se quede con el titular que suele ser sólo la punta del iceberg, o peor aún, con el “meme” divulgado para desinformar. 

Estoy consciente que mi opinión respecto a limitar la reelección de autoridades es una postura impopular, porque lo que marca tendencia es repetir que los parlamentarios son parte del problema. Un discurso acomodaticio y facilista que nos evita trabajar y hacer la labor para la que nos eligieron, lo que es precisamente ser parte de la solución.

Harto de aquello tiene el texto que discutimos y por eso mi sorpresa cuando varios de mis colegas buscaron inhabilitarse respecto de emitir su voto sobre el proyecto. Práctica innecesaria bajo toda lógica, que nos inhibe justamente de nuestro rol, favoreciendo que nos declaremos interdictos en materias sólo para evitar la pifiadera de la galería, flaco favor le hacemos a nuestra institucionalidad al legislar mirando la métrica en redes sociales.

Lo óptimo y lo que espera la ciudadanía es que cada cual exprese su argumento con claridad, lo contrario hace daño a la discusión y a la propia propuesta.

Respecto a ésta, no estoy de acuerdo porque al contrario de la publicidad que se le ha hecho por sus impulsores, se restringe la soberanía ciudadana. No se trata solamente de una medida para renovar el Congreso, sino de circunscribir elecciones de Consejeros Regionales, Alcaldes, y Concejales e incluyendo a los futuros gobernadores regionales. Autoridades que en muchos casos la permanencia en su labor es netamente gracias al apoyo de su comunidad y reflejo de una buena administración, son liderazgos locales que sobrepasan el cupo partidista, y este límite ayudaría a que finalmente los dueños de esas cuotas de elección sean los administradores de la soberanía de los vecinos.

Es tan fácil volver a la lógica de decisión de los partidos con miras a las estructuras parlamentarias, que difícilmente podría significar este tope una renovación para liderazgos locales.  

Soy un convencido de que la reelegibilidad promueve la responsabilidad del parlamentario, hay que cumplir los compromisos de campaña y nos lleva a la auténtica representación política y territorial actuando conforme a los intereses colectivos y no personales, es de la esencia de la reelección. A través de ella los representados nos pasan la cuenta.

Mientras, la profesionalización de la tarea es una característica demonizada, pero lo cierto es que es necesario contar con parlamentarios con experiencia y la reelección da continuidad al trabajo legislativo.

Por ello he afirmado que este proyecto más que dar un aire nuevo a la política atenta contra aquello. Una democracia fortalecida no resta opciones al electorado, sino que debe robustecerlas, los ciudadanos premian el buen desempeño de sus representantes renovándole el escaño o bien, lo castiga eligiendo a otro.

Yo puedo entender el argumento de la renovación de los liderazgos en un sistema binominal donde la oferta era poca. Hoy ello ya no es un tema porque con la proporcionalidad hay una pluralidad de representatividad de los candidatos. Logramos además fijar la ley de cuotas para asegurar la participación femenina, y en esa misma senda insisto que lo conveniente es seguir dando la oportunidad a la ciudadanía de juzgar vía voto secreto e individual, la actuación de sus representantes.

Se ha dicho que prácticamente no existen experiencias comparadas, pero caso parecido es el de México, donde se impulsó la prohibición absoluta de reelección de los parlamentarios para un periodo posterior, pero en 2013 este país reformó su Carta Fundamental, consecuencia de la constatación de diversos problemas como el de saltos de los congresistas entre cámaras para no salir del sistema, una especie de silla musical. 

A esta reforma se le está atribuyendo propiedades de resolver la legitimidad del sistema político. Yo me pregunto si la idea de impulsar estos cambios son las de sacar cuentas personales con calculadora en mano, o de frentón un desalojo del que por cierto no me siento afectado porque hace años sinceré mi intención de no seguir en competencia parlamentaria.

No obstante, no puedo restarme de mi responsabilidad de advertir que lo peor de este sistema es que no será la propia ciudadanía la beneficiada con este cambio, sino la lista partidaria. 

Insisto. Es de la esencia de la democracia que sean los ciudadanos los que puedan elegir sus representantes y por lo tanto lo que importa es que tengan de manera informada una diversidad de candidatos quien los pueda representar mejor.

Colocar trabas a ese derecho no es lo preferible para el funcionamiento de una democracia que cada día quiere ser más participativa y proactiva.

Por ello, mientras más vislumbro la puesta en práctica de la letra de este proyecto, más logro ver el molde sobre el cual estuvo hecho, casi tan perverso para la democracia como el argumento de que la reelección es un derecho adquirido de los parlamentarios. Estamos muy equivocados legislando mirándonos el obligo, como nos pasó cuando algunos impulsaron la eliminación del voto obligatorio. Y entraremos a ese camino sin retorno. Tomemos nota. 

Ideas como la de un congreso unicameral que jibariza la representatividad al pensar sólo en el nivel de gasto que significa el bicameral (porque ese es el acotado planteamiento de algunos) nos distraen de ideas o modelos que podríamos recoger en la discusión, como la necesidad de un Senado que mejore su representatividad territorial a través de una distribución más equilibrada, proporcional a la magnitud de la región e incluso tipo de representatividad necesaria en territorios insulares.

Yo me pregunto y tomo como antecedentes, ¿cuánto fue el porcentaje de participación ciudadana en la última elección presidencial y parlamentaria? ¿Cuántos efectivamente acudieron a las urnas?

La urna es un derecho ciudadano y por cierto con ese derecho viene la responsabilidad de acudir a votar y ser partícipes.

Hay algunas ideas que pueden ser una consigna popular, pero al final no es otra cosa que una camisa a medida para algunos y una camisa de fuerza para el resto. A eso es lo que me opongo.   

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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