¡No más binominal, ni predominio del dinero en la política!

El auspicioso avance del proyecto que reemplazará el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional, con sus virtudes y defectos, constituye un progreso cualitativo para nuestra restringida democracia, la de la transición interminable.

Por supuesto que la propuesta es perfectible –abogaremos porque ello ocurra- pero es indudable que de aprobarse, habremos dado un paso para terminar con la crisis de representación de nuestro sistema político y, como resultado de ello, podremos avanzar en acabar con las injusticias del modelo neoliberal instaurado en dictadura y que tiene tan hastiada a la gente.

Expresión de este descontento social son las protestas que crecen y se diversifican mientras el sistema político se muestra incapaz de resolver los motivos que las alimentan.

Sin embargo, el sólo reemplazo del sistema electoral no basta para que nuestra democracia obtenga una mejoría realmente sustantiva. Para que esto suceda necesariamente debemos limitar la injerencia del poder económico en la política.

En este sentido cobra un alto valor el hecho que, en el marco de la discusión de la Cámara de Diputados del proyecto que reemplazará el actual sistema electoral, se haya introducido una indicación –realizada por los diputados Vlado Mirosevic y Giorgio Jackson- que apunta a terminar con los aportes reservados de campañas y los aportes a éstas de personas jurídicas.

Cabe señalar que ya hubo proyectos de este tipo, pero no tuvieron el apoyo necesario para convertirse en ley. Es lo que ocurrió -en 2012- con el proyecto que presentamos con los senadores José Antonio Gómez y Pedro Muñoz Aburto, el que pretendía suprimir las donaciones reservadas a campañas electorales y reducir el límite de gasto electoral. Todo esto, con el fin de desvincular las decisiones públicas de los intereses privados (Boletín 8.848-06).

En la fundamentación de esa propuesta de ley señalamos: “la posibilidad de hacer donaciones de carácter reservado y anónimo consagra la asimetría de información sobre la identidad del donante, quien podría (…) donar transversalmente a distintos candidatos de un mismo proceso eleccionario. Esto afecta al Estado al ser demandante de bienes y servicios que le pueden proveer los mismos privados, vulnerándose de esta manera la norma que prohíbe efectuar donaciones a quienes tengan contratos con el Estado, produciéndose una contradicción evidente”.

Pusimos como ejemplo de las distorsiones que se derivan de los aportes reservados el que en la campaña senatorial de 2009, en la que se eligieron a 18 de 38 senadores, se gastaron en todas las campañas cinco mil setecientos millones de pesos, de los cuales un 61,9% se recaudó por la vía del aporte reservado.

En la elección de diputados del mismo año, un 41% de los gastos de campaña se financiaron mediante dicho mecanismo. El hecho que más de la mitad de los gastos de campaña provengan de donantes reservados muestra por sí solo lo poco o nada de transparente del actual sistema.

En la investigación periodística Los secretos de las empresas que financian la política: ¿Quiénes son y cuánto gastan? (Ciper, noviembre de 2013) se informó que sólo el conglomerado Endesa-Enersis gastó 3,5 millones de dólares en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2013. En dicho reportaje se especificó que este y otros grandes grupos económicos que aportan a las campañas, para evadir los topes legales, “suelen dividir sus aportes entre distintas empresas”.

En dicha investigación se hace mención a un estudio econométrico del economista Claudio Agostini en donde “demostró que en Chile la influencia del gasto electoral en la votación de un candidato es aún mayor que en Estados Unidos” por lo que los aportes resultarían “clave para grandes compañías, como el grupo Enersis, que tienen pendientes millonarios proyectos”.

En noviembre de 2013 el vespertino La Segunda dio a conocer que, entre 2004 y 2010, las empresas que hicieron aportes a la actividad política solicitaron “un total de $36 mil 428 millones en beneficios tributarios”.

El peso del dinero en la política genera un problema conocido hace tiempo pero que se ha mantenido vigente: el dinero allana –aunque no asegura- el camino a ser elegido.Con la propaganda con éste comprada se consigue instalar en el inconsciente de la gente a ciertos candidatos, aumentar el nivel de conocimiento de ellos, variables que son claves para alcanzar un cargo por elección popular.

Este modelo de elecciones, que pone en el centro el poder de los dueños del dinero, hace, en la práctica, que el actual sistema político chileno tenga más de plutocracia que de democracia. Por lo mismo, cambiar el sistema de elecciones equivale a quitar el combustible al motor que corrompe todo el sistema político y económico. De ahí que, tan importante como eliminar el sistema electoral binominal, sea impedir los aportes reservados a las campañas.

No es todo, en el actual debate legislativo del proyecto que sustituye el sistema electoral binominal ha quedado excluido otro aspecto relevante. Se trata del relativo a las sanciones a quienes sobrepasen el tope legal de gastos en campaña. Actualmente quienes hacen esto, sólo deben pagar una multa.

Esto es una burla al país y supone la instalación del dinero –o mejor dicho de sus poseedores- por sobre la ley.

En relación con esto es necesario decir que en casi todas las materias, cuando se infringe la ley el hecho se sanciona con cárcel o al menos con un castigo que no implique un estímulo a una nueva comisión del mismo ilícito. Pero en este tema tan importante para la democracia y para la existencia misma de nuestra república como es la elección de quienes dirigirán el Estado, ocurre que si se infringe la ley sólo se castiga con una multa. Este es el peor de los mundos y en ese mundo vivimos. Siento tener que decirlo pero es mi obligación.

¿Cómo va a ser posible que alguien que va a ser legislador pueda elegirse infringiendo la ley? Es absurdo tener una ley que permite transgredirla y, además, que permite ser elegido en virtud de esa mala norma.

Para resolver este despropósito propondremos que se establezca que la vulneración del tope de gasto electoral sea castigada con la imposibilidad de asumir el cargo al que fue ilegalmente elegido, más la multa respectiva.

De mantenerse el predominio del dinero en las elecciones no habremos sacado mucho con haber modificado los distritos y circunscripciones; con haber aumentado el número de parlamentarios electos y, en definitiva, con haber puesto fin al binominal.

Esto, porque a la larga “los dueños de Chile” (como definió a su clase o sector social Eduardo Matte Pérez) seguirán encontrando el camino para comprar elecciones, requisito sine qua non para la mantención de su avasallador poder.

Una tarea fundamental del presente político es acabar con el binominal y con el predominio del dinero en la política. En esto también se juega la viabilidad y credibilidad del espíritu reformador que inspira el programa de la Nueva Mayoría.