Perdonazo a deudores INDAP ¿y las ONG?

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció una condonación para cerca de 27 mil agricultores deudores de INDAP, los que serán rehabilitados por el organismo, a fin de que puedan acceder nuevamente a programas de fomento y apoyo para su actividad, dando cumplimiento con ello a la medida 44 para sus primeros cien días.

Al respecto, la Mandataria señaló que no se trataba de un perdonazo, sino de un acto de justicia y que cada caso sería abordado en su merito.

Esto abre una ventana para transparentar y abordar la compleja situación de un número importante de corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, que mantienen rendiciones pendientes con distintos organismo públicos tras la ejecución de programas financiados por el gobierno, lo que les impide seguir colaborando con el Estado en la implementación de políticas tendientes a la superación de la pobreza y a la distribución de oportunidades.

Estas instituciones se han transformado en verdaderos externalizadores de servicios del gobierno, ejecutando, mediante licitaciones, diversos programas de reinserción social, capacitación, cuidado de adultos mayores o de personas con discapacidad, entre otros.

El déficit financiero que estas instituciones enfrentan se debe entre otras razones, a una escasa capacidad de autofinanciamiento vía donaciones o socios permanentes, que les permitan sostenerse con independencia del financiamiento público.

Los programas licitados no siempre consideran fondos para gastos de administración o de inversión y renovación de equipos, mobiliarios, etc. Además, la discontinuidad de estos programas, obliga a la desvinculación de los equipos humanos que intervienen, situación que en muchas oportunidades es enfrentada por las instituciones dándoles continuidad en el trabajo, asumiendo los costos que ello implica, generando un déficit difícil de revertir.

El rol que estas instituciones han tenido en la historia de nuestro país es innegable: desde las casas de recogida que se financiaban con aporte de la corona española en los tiempos de la colonia y las diversas acciones de beneficencia social a lo largo de la república, dan cuenta de ello.

Durante la dictadura, muchas de estos organismo fueron claves en la reconstrucción del tejido social mediante acciones directas de apoyo y formación, dando respuestas creativas e innovadoras a complejas situaciones,como los niños que consumían neoprén, los campamentos, la prostitución infantil, el cuidado de enfermos, la re-escolarización de desertores del sistema educacional, etc. Para ellas el financiamiento solidario de organismos internacionales fue el sustento de su actuación.

Tras el retorno a la democracia, muchas tareas que deberían haber sido abordadas por el gobierno o las municipalidades siguieron siendo realizadas por estas instituciones. El Estado que actúa allí donde los particulares no intervienen cobró su paga.

Si el Gobierno puede condonar deudas millonarias a particulares, por el interés social que su actividad representa, con mayor razón es necesario transparentar la deuda que muchas de estas ONG mantienen.

No me cabe duda de que las cifras son abordables y que no merman el erario nacional.

Pero condonar estas deudas es necesaria una oxigenación para aquellas instituciones que han hecho de su misión el servicio a los que más apoyo requieren para acceder a la oferta de bienestar disponible hoy en nuestro país. Está también una cuestión de justicia.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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