Votar a los 16

Los jóvenes del mundo vienen desde hace un lustro pujando por todas partes por un cambio societal que acabe con el orden de injusticia llamado neoliberalismo, y en pos de construir un mundo mejor.

Rompiendo con la herencia de la generación de sus padres y abuelos, cuyos liderazgos –en su mayoría respondían a ideologías totalizadoras, racionalistas, europeocéntricas y decimonónicas, burocráticas y jerarquizadas, estos nuevos movimientos sociales se despliegan horizontalmente y prescinden de esas doctrinas.

El destacado sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein ha llamado a esta movilización mundial como “el nuevo movimiento internacional por la justicia social”.También podríamos llamarlo, el movimiento mundial por el bien común.

Las más visibles actuaciones de este movimiento se vienen desarrollando desde 2011 y tienen sus mayores hitos en la primavera árabe, los movimientos de “ocupación” en Estados Unidos, las protestas de los indignados de España y Grecia y, por supuesto, las grandes manifestaciones medioambientales y estudiantiles de Chile.

Más allá de estos hitos, por todas partes, se expande la defensa de las comunidades; el cuidado del medioambiente y el consiguiente rechazo a la contaminación; la lucha por la democratización de la educación, la cultura y el conocimiento; la defensa de los derechos humanos y animales.

Lo que en algún momento la sociología definió como los “nuevos movimientos sociales” para caracterizar a aquellos que no se definían en torno al conflicto de clases propio de sociedades industriales, están hoy copando la agenda política con sus temas y están presionando por grandes transformaciones que se han instalado en el seno de la discusión política.

De ahí la preocupación de las élites y su despliegue mediático y político contra los cambios y en pos de una agenda que criminalice la justa protesta social, que es lo que hoy ocurre en Chile.

De acuerdo a lo que expresó Wallerstein en su artículo El segundo viento del movimiento internacional en pos de la justicia social, estos movimientos - fundamentalmente juveniles- “por todas partes han podido mantener su énfasis en una estrategia horizontal.Los movimientos no son estructuras burocráticas sino coaliciones de múltiples grupos, organizaciones y sectores de la población. Siguen trabajando duro en debatir de modo continuo sus tácticas y sus prioridades, y están resistiendo el volverse excluyentes”.

Este proceso de construcción conjunta de la transformación social, ha reivindicado a la asamblea –al ágora- como espacio privilegiado para mejor resolver.

Esto es quizás el mayor legado que le dejó a Chile el gran movimiento estudiantil de 2006 conocido internacionalmente como “la rebelión de los pingüinos”.

La clase política traicionó esa gran movilización llevando adelante un programa legislativo que en nada acompañó los anhelos de esa valiente juventud que ya buscaba acabar con la educación de mercado y reconstruir la educación pública bajo la noción de restitución del bien común y de un proyecto de nación democrático e incluyente.

Pero nada de eso sucedió lo que quedó en evidencia al promulgarse la Ley General de Educación, por medio de la cual se apostó a la consolidación del modelo vigente en educación. Esto constituyó, aparentemente, una derrota del movimiento estudiantil.

Sin embargo, las enseñanzas de los procesos radicalmente democráticos y poco burocráticos que los pingüinos mostraron a todo el país quedaron grabadas a fuego en la memoria del movimiento social.

Y, muy probablemente alimentado de esta experiencia, es que sólo un lustro después, el 2011, surgieron las grandes protestas juveniles en defensa del medioambiente y por la democratización de la educación y las grandes revueltas de Magallanes, Aysén y Freirina.

Estas protestas, en su conjunto y densidad, pusieron en jaque todo el modelo de (sub) desarrollo instalado tras el golpe de 1973 e instalaron en el centro del debate los grandes temas como la renacionalización de los recursos naturales y la necesidad de construir un nuevo orden por medio de una asamblea constituyente.

En estas protestas los protagonistas no fueron los burócratas (el jefe de un partido o los dirigentes de la CUT) sino que fueron las asambleas democráticas y soberanas, conformadas por y para la coyuntura y representadas por sus voceros o voceras.

En estos y otras expresiones de protestas y de reconstrucción del poder popular hemos podido ver que la participación juvenil ha sido determinante, aunque esto no sea reconocido por los defensores del modelo -tanto en cultura, economía o política- quienes prefieren estigmatizar a la juventud popular como delincuentes, vagos o drogadictos, desconociendo con ello su inmenso y desinteresado aporte a la sociedad.

Como resultado de esta discriminación –que es más que centenaria en Chile- los jóvenes siguen sin ser escuchados. Basta con ver la televisión para darse cuenta que su voz es poco y nada considerada en los programas informativos y culturales. Por cierto que aparecen, pero más que nada vinculados a programas de farándula que banalizan su propio existir.

Los jóvenes son marginados de nuestra sociedad puesto que, salvo aquellos que provienen de estratos sociales muy acomodados, no tienen los recursos necesarios como para tener acceso a los bienes materiales, culturales e incluso educacionales que han sido convertidos en bienes de consumo.

En los colegios los estudiantes fueron privados de la educación cívica, y de horas de filosofía, artes y de todo aquello que llame a la reflexión o que los acerque a la belleza ¿Merecen ese castigo?

La promesa de la “reforma educacional”de principios de los noventa, de ampliar la jornada escolar con más deporte y artes se diluyó como tantas otras promesas.Las horas extras terminaron convirtiéndose en más de lo mismo.

Evidentemente que en este contexto, entre los jóvenes surgen movimientos que cuestionan el actual modelo económico y político vigente el que a sus ojos y con toda razón se les aparece como nefasto. Pero nuestra particular democracia, en vez de buscar incluirlos y hacerlos más partícipes de las decisiones que a todos nos afectan, las más de las veces los excluye y criminaliza perpetuando la injusticia.

Expresión de este trato casi policial de sus problemas es la promulgación –en 2005- de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que eliminó el examen de discernimiento e hizo a todos los jóvenes mayores de 14 años como responsables ante la ley. Sin embargo, esta determinación no fue acompañada con otras medidas que reconocieran esta capacidad de discernimiento que se estableció respecto de los adolescentes.

El gran abogado de derechos humanos y extinto diputado socialista, Juan Bustos, abordó este problema en una moción ingresada en octubre de 2007 (Boletín 5419-07) en la que se proponía legislar para rebajar la edad mínima para votar en elecciones municipales de los 18 a los 14 años.

En la fundamentación de este proyecto, Bustos expresó en relación con la citada ley de responsabilidad penal adolescente.

“Se infiere que los fundamentos de la responsabilidad jurídica de un adolescente, sirven perfectamente para justificar una mayor participación política de éste, ya que, en virtud del principio de unidad del Derecho y del ordenamiento jurídico, si un sujeto es responsable penal y civilmente, está también capacitado para el ejercicio de un derecho político como el derecho a sufragio.”

Aunque nos queda mucho por recorrer en lo que se refiere al reconocimiento de derechos políticos a los adolescentes, algo hemos avanzado. En 2006 conseguimos promulgar la Ley 20.131 –que impulsé y patrociné- que posibilita que los jóvenes de 14 años puedan votar en elecciones de juntas de vecinos, normativa que se encuentra plenamente vigente.

En 2012 presentamos, junto a los senadores Eugenio Tuma y Jaime Quintana, un proyecto de ley que rebaja el derecho a voto de los 18 a los 16 años y en casos de elecciones municipales a 14 años (Boletín 8.680-07), el que se encuentra en tramitación.

Ya es tiempo que reconozcamos la importancia de nuestra juventud, y le abramos de par en par las puertas de la política. Ellos, más que el futuro, son el presente de Chile y, por lo mismo, debemos incorporarlos a los procesos de elección de las autoridades que a todos nos rigen.

Cabe consignar en este sentido que, según una encuesta encargada por el Instituto Nacional de la Juventud en 2013, sólo el 3,3% de los jóvenes siente que su opinión cuenta en el país. En contrapartida, la mayoría de los jóvenes (90,3%) cree que como grupo etario son un aporte para la sociedad y 89,9% cree que debiesen tomarse medidas para mejorar su participación.

Reducir la edad de voto entre los jóvenes no es descabellado, y conviene visualizar lo que han sido los hitos de la ampliación del derecho a voto para entenderlo. Hasta 1874 –año en que se otorgó derecho a voto a todos aquellos que sabían leer y escribir, sin considerar la magnitud de sus bienes- el sufragio era censitario, esto es, restringido a una porción de la población, específicamente la que se ubica en la cima de la pirámide social.

Hasta 1949 –en que se promulga la ley 9.292- “las mujeres carecían de la posibilidad universal de hacer uso de su ciudadanía y votar en igualdad de derechos”. Además, sólo en 1969 se viabilizó el voto de los no videntes y en 1971 el de analfabetos.

Ya es tiempo que en Chile reduzcamos la edad mínima para votar de los 18 a los 16 años en elecciones presidenciales y parlamentarias, y a los 14 años en casos de elecciones municipales. Si tomásemos esa medida, aproximadamente un millón de chilenos se podrían integrar a las discusiones y decisiones, proceso que oxigenaría nuestra democracia.

Por todas partes se multiplican los ejemplos que reconocen –con el otorgamiento de derecho a voto- el criterio y el aporte de los más jóvenes. Es lo que vimos en el reciente referéndum sobre la independencia de Escocia, en que por primera vez se permitió sufragar a quienes tenían 16 años cumplidos.

Lo anterior no es un hecho aislado sino una corriente de alcance mundial. En Cuba, Ecuador, Argentina y Brasil -por mencionar países cercanos- los dieciseisañeros ya tienen derecho a voto.

¿Por qué no podríamos tomar esta medida si en nuestro país es la juventud el principal motor de cambios que son imprescindibles hacer si lo que queremos es la justicia social y ambiental?