Y el acuerdo nacional contra el lucro en la educación ¿cuándo?
Un fondo de inversión está construido para obtener rentabilidad a sus clientes. Si un inversionista realiza inversiones en dinero para fines específicos en Chile, es para obtener una utilidad, es decir un rédito o ganancia, sino ¿cuál sería el objetivo de la inversión? ¿Servir al país siendo eficientes en sus actividades lucrativas y apoyando causas benéficas?
Laureate International Universities percibió más de US$1.200 millones a razón de un promedio aproximado de 400 millones por año del negocio educacional ¿cuánto reinvirtieron preocupados de la calidad, docencia, investigación, gestión, extensión y vinculación con el medio en las propias instituciones de dónde tanta ganancia obtuvieron?
He podido constatar en mis años como diputado en la Comisión de Educación de la Cámara que los estudiantes de este holding, que agrupa a las universidades Andrés Bello (UNAB), De Las Américas (UDLA) y Viña del Mar (UVM), tienen más dudas que elementos tangibles que comprueben que su controlador aporta en pos a su educación. Deficiente infraestructura, falta de campos clínicos, y ausencia de docentes son una prueba de aquello.
Eso llevó al ministerio de Educación a desarrollar un proceso de investigación, durante los años 2016 y 2017, que concluyó, efectivamente, que este grupo había extraído utilidades del “negocio universitario”, ingentes recursos, contraviniendo la legislación vigente.
De ahí que la sanción que propone la instructora de estas pesquisas sea la aplicación de la letra C del artículo tercero de la Ley 20.800, esto es infracción grave a los estatutos de la universidad.
Lo que agrava aún más estas irregularidades es el hecho de que estas sumas de dinero salen al exterior a cuentas en Holanda (de sociedades Off Shore) del grupo Laureate sin pagar impuesto alguno en Chile, no obstante que al ser contratos comerciales se encuentran obligados a hacerlo pues ellos no gozan de la franquicia educacional que autoriza tal exención y el Mineduc ha sido muy claro en señalar que los únicos beneficiados por esta exención son las universidades reconocidas por el Estado y no las empresas comerciales extranjeras.
La evidencia, entonces, es que, más allá de las normas que prohíben el lucro en las universidades, este grupo lo hace, sistemáticamente y, además lo reconoce públicamente, contraviniendo, expresamente, la legislación chilena.
Creer que estas casas de estudio puedan salir airosas del conflicto de interés que enfrentan resulta muy ingenuo. Pero ingenuo también es pensar que podemos echarnos al bolsillo a miles de estudiantes, que avalados por el Estado, han ingresado a estas instituciones para cursar una carrera universitaria.
Y es que ellos no son el problema y deben ser parte de la solución a este conflicto, donde el grupo Laureate, que por lo demás, aprovechando una mañosa interpretación de la exención tributaria, los nexos en diferentes servicios públicos, los vínculos políticos y la impronta de ser el holding educacional más grande de Chile, ha utilizado todos los mecanismos para continuar su configuración operacional en completo silencio y avalados recientemente por el Tribunal Constitucional, al eliminar precisamente el artículo 63 que impedía que controladores con fines de lucro tuvieran universidades.
El nuevo gobierno se ha empeñado a llamar a los diferentes sectores a encontrar “acuerdos” que movilicen a todos, a favor de iniciativas que apunten a superar las legítimas diferencias.
No queremos soluciones parches, queremos un gran acuerdo nacional que erradique el lucro por completo de la educación.
Ahí nos sentaremos a gusto con el gobierno, en La Moneda o en el Congreso Nacional.
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