¿Y sobre qué sería el plebiscito?

Un grupo de 21 diputados de la Concertación, del PC y del PRI apareció el jueves en una foto en La Segunda exhibiendo un lienzo que decía: “¡Plebiscito, ahora!”.

Se trata de una consigna levantada por los representantes del movimiento estudiantil como una fórmula que, supuestamente, resolvería el conflicto que protagonizan desde hace tres meses.

Voceada por los estudiantes, tal consigna puede entenderse como expresión del deseo de obtener soluciones radicales y definitivas a su demanda de igualdad de oportunidades en la educación, la cual es compartida por la mayoría de los chilenos. Pero agitada por parlamentarios que fueron elegidos precisamente para actuar como representantes de la soberanía popular, a los que el Estado les paga para elaborar las mejores leyes posibles, resulta patético.

Cada diputado tiene un ejemplar de la Constitución y sabe que el recurso del plebiscito sólo está contemplado en el caso de un diferendo entre el Ejecutivo y el Parlamento respecto de una reforma constitucional.

En efecto, el artículo 128 señala: “Si el Presidente de la República rechazare totalmente un proyecto de reforma aprobado por ambas Cámaras y estas insistieren en su totalidad por las dos terceras partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara, el Presidente deberá promulgar dicho proyecto, a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito”.

Podrá gustarnos o no, pero eso es lo que existe. En ese marco legal desempeñan sus cargos los diputados. Sería legítimo que ellos propusieran reformar la Constitución para que se pudiera recurrir al plebiscito en otras situaciones, tal como se hace en otros países, con variados resultados.

En tal caso, el primer paso sería que el Parlamento aprobara esa enmienda, la que eventualmente podría ser parte de las reformas políticas que es necesario llevar adelante para perfeccionar nuestra democracia, en primer lugar el reemplazo del sistema electoral binominal por un sistema proporcional.

Pero levantar la consigna del plebiscito como respuesta al actual conflicto, sólo consigue crear una ilusión de salida y distrae a los propios parlamentarios de su deber de ayudar a que el movimiento estudiantil consiga logros concretos ahora y no se anule a sí mismo por la vía de la intransigencia.

Por desgracia, ya se ha hecho una costumbre que los diputados levanten pancartas y lienzos en el Congreso: quizás eso los excita, pero no consigue que sean más respetados.

No pueden actuar como si fueran manifestantes que intentan hacerse escuchar por el Parlamento.

Ellos “son” el Parlamento, y deben cumplir con la misión encomendada por los ciudadanos.

Su ansiedad por tratar de conquistar la simpatía de los estudiantes no los libera de la obligación de medir sus pasos y tomarle el peso a las palabras.

Como se sabe, en los plebiscitos se contesta Sí o No a una cierta consulta. No hay más opciones.

¿Habría una o varias preguntas para responder Sí o No en el hipotético plebiscito que proponen los diputados?

¿Y quiénes redactarían esas preguntas?

¿Y si no le gustan al gremio de profesores?

¿Votarían sólo los inscritos en los registros electorales?

¿Y qué obtendría el país al final? Fuegos artificiales.

Los complejos asuntos que supone elevar la calidad de la educación demandan un trabajo serio y documentado de todos los sectores que participan en el proceso educativo. Los avances no se producen de la noche a la mañana.

Recién se están apreciando los logros de la jornada escolar completa.

Los incentivos para que los jóvenes más dotados ingresen a estudiar pedagogía demorarán algún tiempo en dar frutos. Y respecto de las universidades, tanto públicas como privadas, hay mucho paño que cortar.

Se necesita que la acreditación y la fiscalización sean muy estrictas. Por cierto que nada de eso se resuelve con un simple Sí o un simple No.

La cuestión esencial es definir instrumentos eficaces que permitan que la educación mejore en los próximos años, lo cual exige aprobar iniciativas específicas que vayan en la línea de la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, que creó la Superintendencia de Educación Escolar y la Agencia de Calidad de la Educación, promulgada por el gobierno el jueves 11.

En esta hora, los líderes políticos necesitan encauzar la energía social a favor de los cambios y no dejarse tentar por el cómodo expediente de la estridencia. Chile necesita que el Congreso Nacional recupere autoridad. Ello implica que los parlamentarios actúen con sensatez y con rigor democrático.