Oportunidad para la vida, la ética y el desarrollo
El Ministerio de Salud, después de un largo proceso, ha declarado formalmente que la necesidad de acceso a los medicamentos contra la Hepatitis C en Chile es un problema de salud pública que justifica el otorgamiento de licencias obligatorias sobre las patentes que impiden la entrada de medicamentos genéricos.
Con esta determinación se abre la puerta para que el propio Ministerio o terceros interesados, puedan demandar ante el Instituto de Propiedad Industrial, INAPI, que se autorice la fabricación o importación de medicamentos genéricos de terceros proveedores, pagando al titular de las patentes una remuneración que se fije de acuerdo con las prácticas internacionales.
Así, se podrá dar sostenibilidad y plenitud al tratamiento que requieren miles de chilenos infectados de Hepatitis C, la mayoría aún sin saberlo, con el fin de erradicar la enfermedad, salvar cientos de vidas y proteger a miles de familias chilenas del dolor y desastre económico.
Esta resolución histórica - que responde a una solicitud presentada en marzo del 2017 al Ministerio de Salud por parlamentarios y pacientes asesorados por Corporación Innovarte - refleja que el MINSAL ya tiene pantalones largos en materias de propiedad industrial.
Demuestra que tiene la competencia técnica para entender y usar una facultad legal, amparada por el derecho internacional y contemplada en el artículo 51 de la ley de propiedad industrial para proteger la salud pública.
Para hacer esta declaración de 14 páginas, dicha secretaría de Estado fue más que cuidadosa, ya que no bastó la magnitud del problema de la Hepatitis C en Chile, ni los compromisos contraídos en el marco de la Organización Mundial de la Salud, sino que además fue necesario que la Cámara de Diputados adoptara dos resoluciones (la última por unanimidad), requiriéndole que hiciera esa declaración la Comisión de Economía del Senado, se realizaran reuniones con el ministerio de Economía y la Cancillería, seminarios y audiencias con representantes de la industria farmacéutica, pacientes y sociedad civil nacional e internacional.
Por buscarle la quinta pata al gato a esta declaración del Ministerio de Salud, perdemos de vista lo importante. Está el riesgo que las multinacionales que se sienten afectadas y sus representantes usen todo su ingenio y poder para intentar desvirtuarla o detener el proceso, porque hay mucho dinero en juego. Basta pensar que en vez de costar 40 millones de pesos un tratamiento, este puede bajar a menos de cuatrocientos mil pesos cuando lo compre el Ministerio amparado por una licencia obligatoria.
Sin embargo, en lo personal tengo la esperanza que los laboratorios internacionales - que hasta ahora han impuesto precios en Chile que hacen inaccesible un tratamiento requerido por miles de pacientes de Hepatitis C - vean en esta declaración una oportunidad y se den cuenta que ya es tiempo que den un giro a su política comercial, antes que el reproche sea no solo ético, sino que legal y deban enfrentar a una ciudadanía informada.
¿Cómo lo pueden hacer?, a mi juicio bastaría que otorgaran licencias voluntarias en condiciones similares a las que ya han realizado en la India por estos medicamentos.
Con todo, a Dios rogando y con el mazo dando, confiamos que las actuales autoridades de Salud den prontamente los pasos que faltan para la obtención de las licencias obligatorias respectivas y aprovechen la oportunidad histórica para erradicar la Hepatitis C de Chile y salvar a cientos de enfermos y sus familias. Los pacientes no pueden esperar.
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