Ley de Integración Social Urbana: Hay que poner el acento en las familias

Hace una semana atrás, la comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado votó en contra del proyecto de integración social urbana que viene tramitándose desde 2019. Como su nombre lo dice, esta ley tiene como objetivo mejorar la integración social y urbana de las ciudades, modernizando la gestión del Ministerio de Vivienda con herramientas en la implementación de políticas de uso de suelo, creación de polígonos que incluyan inmuebles en sectores protegidos como monumentos históricos, zona típica y de conservación.

El proyecto ha pasado por distintos momentos o estatus: Pausa -por el estallido social-, luego fue ampliamente modificado por el Gobierno tras muchos encuentros con otros actores y, ahora, rechazado por algunos senadores de la oposición en la comisión, siendo uno de los argumentos el que "se trata de una materia que debe ser abordada en el marco de la discusión constitucional o con la llegada de un próximo gobierno transformador".

En este contexto, qué duda cabe de que la discusión constitucional y el nuevo pacto social que de ella emane serán fundamental como oportunidad para reconocer el derecho a la vivienda y relevar la función social del suelo como principio ordenador de nuestras ciudades antes que el poder adquisitivo.

Ahora, el nivel de urgencia de esta catástrofe habitacional nos exige a todos como sociedad dar pasos importantes, y en el escenario político-institucional actual contamos con una oportunidad para ello con la "ley de integración social", la que consideramos está mal llamada, básicamente, porque algo tan relevante requiere cambios mucho más estructurales.

También es cierto que enfrentar la segregación en nuestras ciudades requiere instrumentos superiores a los que esta ley plantea. Más bien, lo que discutirá la comisión mixta es una "ley de acceso al suelo" que, aunque no garantiza la integración social, avanza en la dirección correcta al permitir que comités de vivienda puedan acceder a suelo consolidado mediante la disponibilidad de recursos y municipios puedan modificar sus planes reguladores de forma más expedita con fines públicos o sociales. ¿Por qué negarles un "mejor" suelo a familias que siempre han estado destinadas a la periferia?

Algo es claro, de todas maneras es importante aprobar este proyecto de ley, con varios detalles que mejorar, por cierto. Pero, inevitablemente asoma la interrogante ¿dónde está el foco de los congresistas? ¿En mejorar la calidad de vida de las familias que seguirán esperando, o en patear en el suelo al Gobierno y con ello posponer para uno o dos años más cuando el viento sople para otros lados? ¿Podemos mirar la realidad con la urgencia y desesperación de familias que deben seguir esperando por vivir en condiciones mínimas de dignidad? Hay que poner el acento en las familias.

Seguir aplazando los tiempos es no comprender la emergencia del problema. Dos años para un legislador puede ser "mañana", pero para familias que siguen esperando y sobreviviendo en situaciones precarias es una eternidad.

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