Día Nacional del Ejecutado Político: La memoria como deber democrático
Hace 15 años, el 30 de octubre de 2009, la entonces Presidenta Michelle Bachelet firmó el decreto N° 119 que estableció esta fecha como el Día Nacional del Ejecutado Político. En su alocución, la Mandataria destacó la importancia de "conservar viva la memoria de lo que nos pasó como sociedad, para que las nuevas generaciones asimilen las lecciones de nuestra historia y hagan el compromiso moral de impedir que la sociedad chilena cometa los mismos errores y los mismos horrores".
La promoción de una cultura de respeto de los derechos humanos, llevando la memoria a un lugar prioritario al momento de diseñar y ejecutar políticas públicas, ha sido pieza fundamental de este gobierno. Hemos asumido con compromiso y sensibilidad esta tarea, al aportar desde nuestro quehacer a las medidas de reparación.
Desde el Ministerio de Bienes Nacionales hemos concretado este trabajo a través de la identificación, visibilización, recuperación, puesta en valor y entrega en administración a organizaciones de DD.HH. de aquellos lugares, en los que miles de personas estuvieron detenidas, torturadas y ejecutadas, para posteriormente, en algunos casos, ser hechos desaparecer.
Ejemplo significativo de esta política de Estado es la recuperación en 2023 de la denominada Fosa de Pisagua en Tarapacá, que estaba en manos del municipio de Huara. Ésta fue traspasada al Fisco con la intención de que finalmente el lugar sea administrado por las organizaciones de derechos humanos, que año a año realizan homenaje en memoria de los 19 ejecutados encontrados en este lugar, así como también de las víctimas detenidas desaparecidas.
Otro caso es el de Puente el Ala, donde nueve personas fueron ejecutadas, siendo identificadas en diciembre de 1973 en la ribera del río Ñuble. Actualmente está declarado monumento histórico y alberga un memorial inaugurado en 1996 en terrenos del Servicio Agrícola Ganadero. Próximamente este sitio será traspasado a Bienes Nacionales para entregarlo en administración a las agrupaciones respectivas.
Recientemente, también recuperamos el acceso al sitio Hornos de Lonquén en la Región Metropolitana, para que los familiares de las víctimas de ese lugar puedan desarrollar un proyecto de memoria y que quienes lo deseen puedan visitar.
Tras las elecciones del fin de semana, tenemos la responsabilidad de recordar que las políticas de memoria en cualquier nivel del Estado son una garantía para la democracia. Por este motivo, quienes asumirán en diciembre en gobiernos locales y regionales tienen un papel fundamental en el resguardo de estas políticas en sus territorios.
En nuestro gobierno, desde nuestra cartera ministerial, hemos asumido el compromiso irrestricto con la memoria de quienes fueron ejecutados y ejecutadas políticas de la dictadura civil militar. Hoy las y los recordamos perseverando en la tarea de resguardar la memoria a través de lugares que tienen significación histórica para la búsqueda de verdad, justicia y las garantías de no repetición.
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