Indulto, oportunismo de la impunidad

En el último mes hemos sido testigos de una crisis pandémica global, la primera que conoce nuestra generación. Una situación nueva, que en realidad es bastante antigua, desde 1918 que el mundo no vivía algo de esta dimensión.

Hoy, el virus ya sobrepaso el millón de infectados, y la cifra de muertos se acerca a pasos de gigante a las 60.000 personas. Este tiempo excepcional nos ha llevado a medidas excepcionales, por ello presentamos un proyecto de ley para nacionalizar los fondos de pensiones, y hemos propuesto decenas de medidas para que esta crisis no sea pagada – nuevamente - por las y los trabajadores.

Es en este contexto que el gobierno de Chile envió al congreso un proyecto de ley de indulto conmutativo, buscando que adultos mayores, madres de hijos menores de dos años y mujeres embarazadas que estén en prisión, cumplan sus penas bajo arresto domiciliario, buscando evitar los contagios en las cárceles.

Por una motivación sanitaria y humanitaria, y en el mismo sentido del proyecto de Ley “Sayén” que presenté en 2017, para que ningún niño o niña crezca en una cárcel, mi voto estuvo para aprobar este proyecto, pero con algo de desconfianza frente al comportamiento de la UDI y RN, por eso les pregunté en la sala del Senado ”¿van a ir al Tribunal Constitucional, porque mi temor es que aprobemos (…) y que luego vayan el tribunal constitucional por discriminación, y luego ganen en el tribunal y todo Punta Peuco quede en libertad, porque esa posibilidad es cierta”. Lamentablemente, tuvimos razón en nuestra preocupación, la derecha fue al Tribunal Constitucional en contra de un proyecto de su propio gobierno, en pos de defender a criminales de lesa humanidad.

La situación es extraña; la oposición le da los votos al gobierno, mientras la UDI y RN no lo hacen porque la conmutación no incluía a los criminales de Punta Peuco. ¿Su lealtad con los criminales de lesa humanidad condenados es mayor a su lealtad con el gobierno?

Por otra parte, el gobierno no queda bien con nadie.

Cuando excluye a los criminales de lesa humanidad, queda mal con sus partidos, trata de arreglar las relaciones poniendo discusión inmediata al proyecto de indulto humanitario, pero los abogados de Punta Peuco no quedan conformes.

Por cierto, tampoco estamos de acuerdo con este proyecto quienes defendemos los DD.HH, porque los crímenes de lesa humanidad tienen una categoría especial, excepcional. Moreira dijo que la lesa humanidad es un invento, que eran ellos o nosotros, pero el derecho internacional de los derechos humanos es claro, los delitos de lesa humanidad son delitos contra toda la humanidad, y por esto son imprescriptibles.

Fuimos críticos de que no se incluyera a quienes están en prisión preventiva, en especial a las y los presos políticos de la revuelta social. Le dijimos al ministro Larraín, el virus no hará distinción entre la prisión preventiva y la gente que ya está condenada. No olvidemos que antes de la crisis del Covid-19, vivimos una grave crisis de DD.HH luego del Estallido social que se inició el 18 de octubre de 2019. La ley aprobada no se podrá promulgar mientras el Tribunal Constitucional no revise la solicitud de RN y la UDI, esto debido a uno de los enclaves autoritarios de la constitución de 1980; el control preventivo de constitucionalidad, que genera una situación en que un tribunal que no es democrático esté por sobre la soberanía popular, por sobre la democracia y la política.

Si la solicitud de Chile Vamos es aceptada, se abre la puerta para que todos los criminales cuyos delitos no estuvieron considerados en el proyecto de conmutación, puedan terminar en arresto domiciliario. Es decir, podría abrir la puerta para que,  por ejemplo, abusadores sexuales vuelvan a sus casas.

La derecha, incluso contra su propio gobierno, es capaz de usar el Tribunal Constitucional para cumplir sus objetivos, en este caso: liberar a los violadores de Derechos Humanos de la cárcel. Pero la acción del gobierno también nos abre dudas, ¿en qué Sebastián Piñera creemos? ¿En el del proyecto de indulto conmutativo que excluye a violadores de DD.HH, o en el que busca poner discusión inmediata a una ley que beneficiaría a los violadores de DD.HH?

¿En el que va a Cúcuta pretendiendo ser un líder latinoamericano de los Derechos  Humanos, o en el que viola sistemáticamente los Derechos de los manifestantes de su país?

La historia lo juzgará.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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