Un gobierno que no le sirve a la gente… y un proyecto de Sala Cuna que tampoco
Las buenas políticas públicas no se evalúan por la rapidez con que se aprueban, sino por su capacidad para resolver los problemas que les dieron origen. Ese debiera ser el estándar para discutir el proyecto de Sala Cuna que impulsa el Gobierno. Sin embargo, mientras el Ejecutivo insiste en acelerar su tramitación, siguen sin responderse preguntas esenciales sobre su verdadero impacto en la vida de las mujeres trabajadoras. Cuando el apuro reemplaza al debate, la discusión deja de ser técnica para transformarse en una cuestión política: ¿A quién termina sirviendo realmente este proyecto?
El Gobierno sostiene que esta iniciativa busca generar mejores condiciones para aumentar la contratación de mujeres, eliminando una de las barreras económicas que hoy enfrentan los empleadores. Desde la CUT compartimos la urgencia de enfrentar la crisis del empleo femenino, pero creemos que una política de sala cuna debe responder a un desafío mucho mayor: convertirse en uno de los pilares de un verdadero Sistema Nacional de Cuidados y promover la incorporación de más mujeres al trabajo, pero en empleos de calidad, con derechos garantizados, estabilidad y protección social. Ese es el estándar con el que debe medirse una reforma de esta naturaleza.
Para la CUT, un Sistema Nacional de Cuidados debe ser una responsabilidad del Estado y no una carga para las y los trabajadores. Por eso rechazamos que un derecho social se financie con recursos del Seguro de Cesantía, debilitando una herramienta creada para proteger a quienes enfrentan la pérdida del empleo. Del mismo modo, una política de cuidados debe fortalecer la red pública existente -Junji, Integra y establecimientos VTF- y no desplazarla mediante un modelo que entrega un rol cada vez más relevante a los privados.
Lo mismo ocurre con el empleo femenino. Mientras el Gobierno apuesta por reducir el costo de contratación para las empresas, desde la CUT sostenemos que el desafío es aumentar la participación laboral de las mujeres mediante trabajo decente. Reducir costos no garantiza nuevas contrataciones; menos aún cuando el proyecto no establece obligaciones, incentivos ni mecanismos que aseguren que ese beneficio para las empresas terminará traduciéndose en más oportunidades laborales para las mujeres.
Aquí aparece la principal contradicción de esta iniciativa. Los derechos sociales no existen para corregir fallas del mercado; existen para garantizar dignidad. Sin embargo, el proyecto aborda la sala cuna como un problema de costos empresariales antes que como un derecho de las trabajadoras, sus hijos e hijas. Esa diferencia no es menor, porque expresa dos formas distintas de entender el papel del Estado.
Si el proyecto no construye un verdadero Sistema Nacional de Cuidados y tampoco garantiza mejores condiciones para el empleo femenino, ¿qué explica entonces el apuro del Gobierno? La respuesta parece encontrarse más cerca de una antigua demanda de los grandes empleadores que de las necesidades reales de las mujeres trabajadoras.
No parece tratarse de un hecho aislado. Este proyecto refleja una forma de entender las políticas públicas donde el objetivo deja de ser ampliar derechos para transformarse en la búsqueda de soluciones que reduzcan costos o respondan a las necesidades del mercado. Es una lógica que, lamentablemente, se aleja de las prioridades de quienes viven de su trabajo.
Las políticas públicas deben servir a las personas, no a los costos de las empresas. Ese debería ser el criterio para evaluar cualquier reforma y, especialmente, una que pretende responder a una de las principales brechas de desigualdad que enfrenta nuestro país.
Por eso este proyecto no sirve: no sirve para construir el Sistema Nacional de Cuidados que Chile necesita; no sirve para garantizar más y mejores oportunidades laborales para las mujeres; y no sirve porque convierte un derecho social en una ecuación de costos. Las mujeres trabajadoras no necesitan una ley pensada para aliviar los costos de las grandes empresas. Necesitan una ley que fortalezca la red pública de cuidados, garantice derechos y promueva la incorporación de más mujeres al trabajo en condiciones dignas. La urgencia no es aprobar cualquier proyecto. La urgencia es construir una ley que sirva a las mujeres trabajadoras, a sus hijos e hijas y al país. Porque cuando las políticas públicas dejan de servir a las personas, dejan también de cumplir el propósito para el que fueron creadas.