El CAE es un problema social y fiscal que el Gobierno no quiere enfrentar
Las últimas semanas la discusión pública sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE) lamentablemente se limitó a una pelea comunicacional para determinar quién tiene la culpa de que miles de deudores estén recibiendo notificaciones de embargo o viendo retenidos fondos en sus cuentas bancarias. Por nuestro lado, el de la oposición, hemos criticado la forma en que el gobierno está cobrando la deuda, cuestionando la legalidad de los mecanismos de cobranza y sobre todo la indolencia al dejar a personas sin el sueldo con el que pagan sus cuentas para llegar a fin de mes. Por otro lado, el Ejecutivo ha intentado culpar a la administración anterior de la alta morosidad, señalando que los deudores decidieron no pagar por una supuesta promesa fallida de condonación.
Mientras eso ocurre, dejamos de lado la pregunta más importante: ¿Qué hacemos como país frente a un sistema que mantiene a más de un millón de personas endeudadas por simplemente haber querido estudiar? ¿Qué hacemos con los más de 563 mil que hoy se encuentran en mora? En su mayoría jóvenes con rentas bajas y medias, que salieron de la universidad con compromisos cuantiosos de pagos bancarios, que hoy no les permite acceder a financiamiento para comprarse una vivienda, o iniciar un proyecto familiar. Porque detrás de cada cifra hay una historia.
El CAE es un problema social. Los datos son elocuentes. Según el Primer informe Crédito con Aval del Estado realizado por el Ministerio de Educación en 2022, más de la mitad de quienes accedieron al CAE provienen de los dos quintiles de menores ingresos. Entre quienes ya están en etapa de pago, 69% tiene ingresos promedio inferiores a 750 mil pesos mensuales. Esa realidad es aún más dura para las mujeres, para quienes no lograron terminar sus estudios y para quienes provienen de los hogares con menos recursos. Esa es la realidad de la gran mayoría de los deudores, no los casos excepcionales de personas con rentas mensuales superiores a $5 millones.
Además, el CAE es un problema fiscal. Hoy la deuda asociada al CAE alcanza aproximadamente $4,1 billones que el Estado deberá desembolsar a los bancos si se ejecutan las garantías comprometidas. Es decir, estamos frente a un problema que perjudica a las finanzas públicas.
Durante el gobierno del presidente Gabriel Boric se presentó un proyecto de ley que se hace cargo de ambos problemas: el social y el fiscal. La iniciativa crea un nuevo instrumento: el Financiamiento para la Educación Superior (FES).
Ante el problema social, la propuesta no era condonar la deuda por completo, sino que instar a los deudores a suscribir un Plan de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas que contemplaba una condonación inicial para todos los deudores, de entre 20 y 120 UF según su situación, y una condonación adicional del 25% del saldo para quienes pudieran prepagarlo. A su vez, estos deudores pueden reorganizar sus compromisos bajo un esquema de pago contingente a sus ingresos, así quienes ganan menos pagan menos, con un tramo exento para quienes tengan sueldos inferiores a $500 mil mensuales, y, para el resto, pagos mensuales con un tope máximo de 8% de sus rentas. Así, se sacaba a la banca del sistema y nadie quedaba atrapado en una deuda imposible de cumplir.
Ante el problema fiscal, según el informe financiero del proyecto, en un horizonte de 10 años, el FES le significaba al Estado un ahorro fiscal neto y creciente frente a mantener el CAE en su diseño vigente. Salvo un mayor desembolso en el segundo año, propio de la transición, los ahorros respecto de los desembolsos actuales aumentan año a año hasta superar los $560 mil millones anuales hacia el final del periodo.
Esta es la propuesta de la oposición que actualmente se encuentra en el Senado y ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y Diputadas.
Lamentablemente, este gobierno se ha negado a proponer soluciones reales al problema del CAE y no ha mostrado ninguna disposición a sentarse a trabajar en las propuestas que hay sobre la mesa. Está obstinado en avanzar con el cobro a través de la Tesorería, convencido erróneamente de que los que no pagan es porque no quieren hacerlo, no porque la gran mayoría no puede. Su estrategia es un verdadero desastre, a la fecha cerca de 32 mil personas se han acercado a Tesorería a firmar convenios, de un universo de más 563 mil. Esto representa un 5,8% del total de deudores. Y las preguntas que vienen caen de cajón ¿qué va a hacer con el 70% que ganan menos de $750 mil mensuales? ¿Les va a embargar los sueldos y los bienes llevándolos a la pobreza? ¿Prefiere dañar así a esas familias chilenas antes de sacar a la banca y sus utilidades del sistema de financiamiento?
La educación es un derecho social, cuyo valor trasciende a quien la recibe: sus beneficios no se quedan únicamente en quien estudia, sino que se proyecta sobre toda la sociedad. Y por ello, debe seguir siendo una herramienta de movilidad social y no una fuente permanente de incertidumbre económica y de enriquecimiento de la banca.
Resolver el problema del CAE no es solamente una cuestión de justicia para quienes estudiaron; también es una cuestión de responsabilidad fiscal y de visión de futuro para el país. Lamentablemente este gobierno no lo ve así. En vez de solucionar estos graves problemas y retomar la discusión legislativa, su ministro de Hacienda instó a los jóvenes a estudiar carreras rentables para evitar la deuda. Si el único criterio para estudiar fuera un buen sueldo, Chile habría perdido parte importante de su cultura, su ciencia y su desarrollo. Un país se construye generando oportunidades, valorando el aporte que cada persona hace a la sociedad y respetando sus vocaciones y sueños, no condenándola al endeudamiento por haber querido alcanzarlos.