Qué penoso, señor canciller

“Tenemos que defender a un gobierno elegido democráticamente que algunos, una minoría, quieren derrocar por la fuerza. Es inaceptable”. Así se refirió el canciller Heraldo Muñoz a la crisis venezolana en una entrevista que publicó el diario brasileño O’ Globo. En otras palabras, antes de que Unasur pueda realizar alguna gestión útil para detener la represión en Venezuela, el canciller chileno ya eligió: hay que defender al gobierno de Maduro.

¿Se nos pide que aceptemos que si un gobierno fue elegido democráticamente, queda absuelto de cualquier tropelía que cometa después? El canciller Muñoz fue funcionario de la ONU por varios años, lo que daría para pensar que él sabe que un gobierno puede tener legitimidad de origen y luego transformarse en un régimen autoritario.

¿Un ejemplo cercano? Alberto Fujimori asumió en noviembre de 1990 como presidente constitucional del Perú, pero en abril de 1992 consumó un autogolpe, clausuró el Congreso y se convirtió en autócrata.

No basta, entonces, que alguien haya sido elegido conforme a las reglas democráticas: es necesario que gobierne de acuerdo a ellas, o sea, que respete el Estado de Derecho y la división de poderes, que resguarde las garantías individuales, que vele por el pluralismo, que proteja la libertad de expresión, etc.

Nada de eso ha ocurrido en Venezuela. La excusa de “la revolución” ha servido al chavismo para abusar del poder durante 14 años, dilapidar los recursos del Estado y favorecer la corrupción en gran escala.

El canciller Muñoz fue temerario al afirmar que quienes protestan en Venezuela son una minoría.Supongamos que fuera así, ¿quiere decir que las minorías no tienen derechos y pueden ser avasalladas? Pero, además, se equivoca en toda la línea.

Según una reciente encuesta de la consultora IVAD, más del 70% de los venezolanos manifiesta descontento por su situación personal y pesimismo frente al futuro, en tanto que 55% opina que Venezuela vive algo muy parecido a una dictadura. El índice de rechazo a Maduro llega a 60%.

Por primera vez en 11 años, la tendencia favorece nítidamente a las fuerzas agrupadas en la Mesa de Unidad Democrática, que reciben 48% de apoyo, frente a 37% del partido chavista.

La Conferencia Episcopal de Venezuela difundió el 2 de abril una declaración en la que señaló entre otras cosas.

Causa fundamental de la actual crisis es la pretensión del partido oficial y autoridades de la República de implantar el llamado "Plan de la Patria", detrás del cual se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario, que pone en duda su perfil democrático; las restricciones a las libertades ciudadanas, en particular, la de información y opinión; la falta de políticas públicas adecuadas para enfrentar la inseguridad jurídica y ciudadana; los ataques a la producción nacional, que ha conducido a que en nuestro país hoy se haga necesaria la importación de toda clase de productos; la brutal represión de la disidencia política; el intento de "pacificación" o apaciguamiento por medio de la amenaza, la violencia verbal y la represión física.

Los estudiantes y otros manifestantes pacíficos, ejercen su legítimo derecho, previsto en la Constitución, y merecen, por tanto, todo respeto. Las manifestaciones se han visto a veces empañadas por actos de violencia que han dejado muertos, heridos y destrozos en instituciones y propiedades. Es difícil señalar el origen de todos ellos, pero es evidente que muchas acciones delictivas son originadas por personas o grupos infiltrados con el objeto de tergiversar o desacreditar las protestas y provocar su condena. El empleo de barricadas y el ataque hacia personas e instituciones, así como la quema de vehículos particulares y de servicio público, crean una situación que no se debe aceptar ni aplaudir.

Reiteramos nuestra firme exigencia de que el Gobierno desarme a los grupos civiles armados.Su actuación coordinada, siguiendo unos patrones determinados, demuestra que no se trata de grupos aislados o espontáneos, sino entrenados para intervenir violentamente. En muchos casos han actuado impunemente bajo la mirada indiferente de las fuerzas del orden público, por lo cual la actuación de éstas ha quedado seriamente cuestionada.

Los obispos venezolanos llamaron a desterrar el odio y a establecer condiciones para el diálogo entre el gobierno y la oposición, para lo cual ofrecieron la colaboración del propio Vaticano.

No es posible dejar de mencionar la vergonzosa actitud de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos frente a la lucha de los venezolanos por la libertad.Nuestro país no puede hacerse cómplice de esa manera de actuar, dictada en gran medida por cálculos mezquinos.

Los partidos chilenos de izquierda, que recibieron amplia solidaridad del pueblo venezolano en los tiempos de Pinochet, hoy miran hacia otro lado. No sólo eso. Algunos grupos que padecieron las persecuciones de la dictadura apoyan hoy a Maduro incondicionalmente. Hasta le prepararon actos de bienvenida el 11 de marzo cuando se esperaba que viniera a la transmisión del mando.

Sus motivos para apoyarlo son transparentes: para ellos, el chavismo “es” la izquierda y Maduro “es” un camarada. Por lo tanto, ya eligieron y los hechos son un detalle.

El gobierno de la Presidenta Bachelet podría jugar un papel moral y políticamente respetable frente a la crisis venezolana.

Para ello, debe poner en primer lugar la preocupación por el resguardo de las garantías individuales y las libertades públicas en la tierra de Andrés Bello. Eso es lo digno.

Chile no tiene “deudas” financieras ni de otro tipo con quienes gobiernan en Venezuela. Debe levantar su voz con autonomía para abogar por el cese de la violencia, el respeto de los derechos humanos y la creación de condiciones para establecer un pacto de convivencia en libertad.