A prohibir las máquinas tragamonedas: son un flagelo
Hace pocas semanas, un sicario irrumpió en un local de tragamonedas en Puente Alto y disparó con un arma automática sobre las personas que allí se encontraban. Resultado de la balacera: cinco muertos.
Ningún funcionario del Gobierno Central concurrió al lugar de los hechos.
No llama la atención que aquello haya ocurrido en un barrio popular de Santiago y no en Vitacura, Las Condes o La Dehesa. En estas comunas del barrio alto, los tragamonedas y los casinos ilegales no existen, pues las mafias que los promueven prefieren instalarlos en comunas populares.
Especialmente en pequeños negocios donde los vecinos adquieren los productos de consumo diario y se ven tentados a poner en las máquinas algunas monedas (hoy ya billetes de $20.000), para intentar multiplicarlas, promoviendo además la ludopatía.
Las máquinas de premio programado son ilegales, así lo estableció una circular de la Superintendencia de Casinos en el 2016. Dictamen que hasta el día de hoy es letra muerta pues se carece de medios para fiscalizarlas, aunque se supone que corresponde a Intendencias y Gobernaciones mantenerlas bajo su control.
Por eso mismo es que diversos alcaldes continúan otorgando patentes comerciales a este tipo de emprendimientos con la finalidad de captar recursos para las arcas municipales. Ello sin reparar en el inmenso daño que hacen a sus vecinos.
La Superintentendencia dictaminó que las máquinas tragamonedas son “juegos de azar”, es decir, que el que juega no tiene como conocer de antemano el resultado, ya que operan con un sistema de algoritmos y chances aleatorias. Y para nada influye la destreza del jugador, pues lo decisivo es el factor suerte.
Por lo mismo, estas máquinas solo podrán funcionar en dependencias de casinos o salas de juego debidamente autorizados.
Se estima que hay en el mercado entre 80 y 100 mil de estos aparatos. Y su número continúa incrementándose, evaluándose que el negocio involucra unos 500 millones de dólares anuales.
Un informe elaborado por la Universidad Católica, por encargo de la Superintendencia, indica que habría unas 1.327 salas de juego en 97 comunas del país. Pero la medición no incluyó locales de otras actividades, ni comunas pequeñas o en zonas interiores o muy apartadas de los grandes centros urbanos.
En suma, no existe una cifra oficial sobre la cantidad de estos aparatos.
La ilegalidad sobre los permisos de funcionamiento a las “tragamonedas de barrio” no es compartida por la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos (FIDEN). Ellos alegan que las máquinas son en realidad de “habilidad o destreza”, y favorecen que sean declaradas como legales y autorizadas.
Lo más grave es que en torno a este negocio ilegal se podrían estar configurando otro conjunto de ilegalidades asociadas, tales como el lavado de activos, financiamiento ilegal de la política, tráfico de influencias, fraude al fisco y hasta posible asociación ilícita para delinquir. Aquello, sin mencionar las conexiones criminales internacionales de este negocio, como lo puso en evidencia una investigación de CIPER.
Lo cierto es que investigaciones periodísticas han revelado que FIDEN ha logrado establecer una amplia red de protección a sus intereses, la que estaría compuesta por alcaldes y ex alcaldes, dirigentes políticos de diversos pelajes y hasta funcionarios del Estado, con cuya complicidad contarían a destajo.
Como Senador, me he empeñado en hacer cumplir la ley y en conseguir que este tipo de negocios sean declarados ilegales y prohibidos en todo el territorio nacional.
Mas aun, durante los últimos días pedimos junto a los alcaldes de Concepción y Talcahuano, las comunas más grandes de la Región del Bío-Bío, un pronunciamiento a Contraloría a fin de que establezca cuales son las herramientas legales que tienen los municipios para poder cerrar estos centros de juego sin ser demandados por ello.
No es posible que haya quienes lucren con la necesidad de la gente por obtener unos pesos más.
No es posible que se admita que se lucre con la necesidad de nuestros ancianos, de nuestras dueñas de casa, de nuestros jóvenes, tentados ante la posibilidad de una ganancia, que aunque mínima, se obtiene sin mayor esfuerzo.
Esta lucha no ha sido ni será fácil. Son grandes y poderosos los intereses que enfrentamos. Más todavía cuando sabemos que recientemente, personas como los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena se han pasado, lamentablemente, al “lado oscuro de la fuerza”, como flamantes asesores legales de FIDEN.
Por lo pronto, pediré también que el Proyecto de Ley de mi autoría que las prohíbe, sea puesto en debate en la Sala del Senado, tras haber sido aprobado en las comisiones, y más temprano que tarde podamos terminar con este flagelo que daña a nuestra sociedad.
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