Cárcel de San Miguel, a 5 años de la tragedia

El 8 de diciembre de 2010 nuestro sistema penitenciario mostraba su peor cara cobrando la vida de 81 personas en uno de las más grandes tragedias registradas en una cárcel chilena.

Los años posteriores pareciera que también muestran la otra faceta de una cultura que prefiere olvidar, en vez de asumir y mejorar.

Pero esta negación es desde el principio, desde el momento en que esta tragedia es conocida como el incendio de la cárcel de San Miguel, haciendo pensar que todo se hubiese circunscrito al escaso tiempo que duró el fuego descontrolado. Pero no fue así.

Esta emergencia mostró las múltiples fallas de nuestro sistema penitenciario, el cual tenía claramente identificado que los incendios han sido una de las principales causas de muerte entre la población penal, razón por la cual estaba debidamente establecido en los manuales y resoluciones dictadas por los directivos institucionales, entregando guía y procedimientos ante riñas, motines, incendios y otras situaciones que pudiesen incluso ser acciones de distracción para encubrir una posible fuga. Pero nada de lo escrito sirvió para evitar la tragedia, pues si lo escrito no tiene una debida correlación con lo que hacen las personas, simplemente de poco sirve, y eso lo saben 81 familias.

Una persona, cualquiera que sea la razón por la cual es privada de libertad , ya sea de manera preventiva o condenada,  ingresa a un recinto bajo responsabilidad del Estado, y ello incluye como elemento esencial la protección de su vida, razón por la cual está obligado a establecer las condiciones que aseguren aquello.

El incendio de esa mañana, fue solo la consecuencia de una serie de hechos que, de haberse intervenido a tiempo, probablemente habría evitado la muerte de 81 personas privadas de libertad, pero no de su derecho a la vida.

A eso de la media noche diversos testimonios dan cuenta de una riña, incluido el de vecinos que fueron despertados por los ruidos ocasionados, pero que sorpresivamente no generaron reacción alguna del personal a cargo de la vigilancia del recinto y cuidado de los internos.

Esta riña dio paso al uso del fuego como arma de intimidación y agresión entre grupos rivales, utilizando para ello un cilindro de gas que, estando prohibido, permitió a los internos quemar colchones y otros elementos al interior del recinto en el cual se encontraban encerrados. Todo en el marco de la intención de un grupo por desplazar a otro de lo que se conocía como la “pieza chica”.

Probablemente quienes intervinieron en la riña y quienes no lo hicieron, esperaban que el procedimiento se cumpliera, intervenir, desencerrar, evacuar el recinto y aislar a los involucrados. Pero nada de eso ocurrió y el piso terminó por llenarse de humo, causando la muerte de 81 internos y finalmente dando paso a que el fuego terminara por incendiar una de las alas del piso y afectar parcialmente la otra.

La Justicia estimó que no había responsabilidades penales, no obstante ello no implica que la forma de actuar antes y durante una emergencia cuyo desarrollo tuvo varias horas haya sido la correcta, pues además poco se ha hablado sobre el hecho de que las orientaciones institucionales eran lo suficientemente claras para que se hubiese actuado con prontitud.

Hemos preferido, una vez más, caminar hacia el olvido, transitando por la indiferencia que solo fortalece las bases de una sociedad que evita acercarse hacia la valoración de la vida, sin distinción, donde las personas deben ser el centro, donde el Estado tiene como obligación su protección y cuidado. Un camino que claramente no nos hace mejores.

Han pasado 5 años de la muerte de 81 personas, privadas de libertad, en un recinto donde las competencias mínimas del Estado debían estar en custodiar, encerrar y desencerrar.

En el contexto actual, donde pareciera que el deseo por encerrar, condenar, castigar se mezcla con la frustración de una comunidad víctima de la delincuencia, y donde muchos ya limitan con el deseo de venganza, no está de más recordar una tragedia que sin duda nos muestra la urgente y vigente necesidad de asumir, reconocer y mejorar un sistema penitenciario que en nada contribuye a una sociedad más humana, donde además  nos aleja cada vez más de la aspiración de construir un país más seguro.